El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció este lunes 7 de octubre que ha mudado la sede de su gobierno a la ciudad de Guayaquil, al suroeste del país, en medio del clima de protestas y saqueos que sacude a la capital Quito.
Acompañado del vicepresidente Otto Sonnenholzner, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y parte de su alto mando militar, Moreno se dirigió al país para alertar sobre un intento de golpe de Estado orquestado por el expresidente Rafael Correa, en complicidad con Nicolás Maduro.
«Siempre he antepuesto la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos antes que mi propio bienestar. Lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador no es una manifestación social de los habitantes en protesta frente a una decisión de gobierno, no, los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido», denunció en cadena de radio y televisión.
Indicó que es sospechoso que tanto Correa, como los dirigentes Ricardo Patiño, Virgilio Hernández y Paola Pabón viajaron a Venezuela pocas semanas antes del inicio de las protestas, a su vez que se aprovechan de grupos indígenas para realizar las marchas, en conjunto con personas que aprovechan el caos para cometer actos vandálicos.
«El sátrapa de Maduro, junto con Correa, han activado su plan de desestabilización. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia cercándolos para que respondan. Ellos son quienes están tras este intento de golpe de Estado», alertó.
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Más temprano, un contingente militar de vehículos blindados desalojó el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, después de que una marcha encabezada por diferentes organizaciones indígenas llegara a pocas cuadras del sitio.
«Evitaremos siempre cualquier derramamiento de sangre», añadió el mandatario e insistió en que «la democracia y la paz saldrán nuevamente victoriosas».
Desde hace días, Ecuador ha sido lugar de fuertes saqueos y enfrentamientos entre civiles con fuerzas del orden público, en lo que inició con un paro de transporte en rechazo de las medidas económicas anunciadas por el presidente, entre las que destacan la suspensión del subsidio al precio de los combustibles.
La escalada de violencia dirigida por organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) llevó a declarar un estado de excepción de 30 días en el Ecuador, el cual los manifestantes han desafiado manteniéndose en las calles del centro de Quito.
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