Las autoridades de Venezuela detuvieron a 12 policías por el asesinato de un joven estudiante en el estado Zulia, una muerte que los agentes reportaron como un enfrentamiento pero se trató de una ejecución, según la Fiscalía.
El fiscal general, Tarek William Saab, informó a través de su cuenta en Twitter que los uniformados fueron arrestados «por la ejecución de Jhonny Boscán«, el joven de 21 años que era alumno en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes), donde se forman los agentes policiales en Venezuela.
«Estando la víctima estacionada en un centro comercial, se lo llevan (los policías) en su vehículo y le dan muerte con sus respectivas armas orgánicas de fuego (las que les asigna el Estado) para luego simular un «enfrentamiento», explicó Saab en la red social.
El hecho ocurrió el pasado lunes en el municipio San Francisco (oeste) e involucra a 12 agentes del cuerpo policial regional.
Estos están identificados como: Jesús Bermúdez, Mario Aparicio, Francisco Núñez, Pedro Salazar, Carlos Ríos, Marcos Gómez, Yimmi Reverol, Antonio Ferrer, Franschelys Mendoza, Jelvin Marin, Jhimmu Gelis, Jefgery Montilla.
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El fiscal dijo que los presuntos responsables de la ejecución de Boscán serán acusados de los delitos de simulación de hecho punible, uso indebido de arma orgánica y homicidio calificado con alevosía.
«El Ministerio Público (Fiscalía), en pleno apego a lo establecido por nuestra Constitución en materia de derechos humanos, seguirá actuando apegado a la ley para sancionar estas inaceptables prácticas criminales que mutan luego a ser mafias que atentan contra gente inocente», añadió Saab.
Las ejecuciones extrajudiciales persisten en Venezuela, donde las fuerzas policiales perpetraron más de 200 asesinatos desde septiembre pasado, según un informe presentado esta semana por la Misión Internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que investiga violaciones de derechos humanos en el país latinoamericano.
La Misión Internacional fue aprobada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a iniciativa de varios países latinoamericanos del llamado Grupo de Lima, y en septiembre de 2020 determinó que algunas violaciones de derechos humanos del Gobierno de Nicolás Maduro «constituyeron crímenes de lesa humanidad».
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