Trujillo.- Financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir y contrabando de combustible son los delitos imputados por la Fiscalía para los ocho detenidos del 26 de julio, quienes eran investigados por vender combustible en dólares en una gasolinera donde el despacho es subsidiado.
Por ser un caso tomado por una fiscalía nacional, mientras se mantienen las investigaciones, estas personas serán trasladadas a la capital del país para cumplir con la privativa de libertad dictada por el Tribunal la tarde del jueves, 28 de julio.
Entre los implicados se encuentran cinco funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Trujillo (Fapet) y Carelis Garmendía Benítez, hija de la alcaldesa del municipio Candelaria, aunque tiene privativa de libertad, se fugó y es buscada por las autoridades militares.
Además de los primeros ocho detenidos, El Pitazo conoció que otras 16 personas también son investigadas por la reventa del combustible. A los detenidos se les incautaron en el hecho 500 litros de gasolina distribuidos en varios envases; cuatro vehículos, tres motos, varios dispositivos móviles y equipos de biopago.
El gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, dijo en su programa de radio que aún se mantienen las investigaciones para las que llegaron fiscales nacionales a aplicar la operación llamada Manos de hierro.
“Vienen por varias investigaciones. Ya se inició una (en Chejendé), hay mucha especulación, eso está todavía en plena investigación; en pleno desarrollo en manos del Ministerio Público y de los tribunales respectivos con competencia para esos tipos de delitos”, indicó Márquez, según publicó el Diario de Los Andes.
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