Rincón llevó a arbitraje a Bariven por impago de contratos obtenidos por sobornos

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A pesar de admitir su responsabilidad por armar una red de corrupción y estafar más de mil millones de dólares a Pdvsa, Rincón demandó a Bariven para exigir la cancelación de los contratos que obtuvo fraudulentamente

Bariven | Foto: Archivo
Bariven | Foto: Archivo

Por: Fiorella Perfetto | El Pitazo
A pesar de haber cometido una estafa multimillonaria contra la petrolera estatal venezolana, el implicado Roberto Rincón ha demandado a Bariven por no haberle pagado los contratos irregulares de los que ha sido acusado junto con sus socios. La información forma parte de un grueso expediente que la subsidiaria de la estatal petrolera venezolana Pdvsa introdujo en la Corte del Distrito Sur de Texas el pasado 30 de noviembre, para solicitar se reconozca su condición de víctima en el caso de Roberto Rincón, Abraham Shiera y al menos cuatro de sus socios, quienes admitieron su culpabilidad por estafar más de mil millones de dólares a través de sobornos a funcionarios de Pdvsa a cambio de la asignación de millonarios contratos a las empresas de los hoy confesos y quienes esperan conocer su sentencia el próximo 14 de julio de 2017.

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Los abogados Michael Hinton y David Smith, en representación de Bariven, solicitaron que la Corte se pronuncie a favor de la moción “y que los demandados restituyan a Bariven una cantidad similar a las pérdidas que por esta conspiración sufrió la empresa, además de cancelar los honorarios y otros gastos incurridos por Bariven en la investigación de estos delitos”.
Argumentan que Bariven es una entidad que se ha visto perjudicada por la comisión de un delito federal, con base a la Ley de Derechos de las Víctimas del Crimen (CVRA) y la Ley de Obligaciones de Restitución a la Víctima (MVRA) con jurisdicción en EEUU, territorio en el cual opera la filial de Pdvsa y por tanto tiene derecho a ser protegida por estas leyes.
El texto recorre la trama completa de la conspiración, pero además aporta otros datos desconocidos hasta ahora. “Cuatro empresas de Roberto Rincón: Tradequip Services and Marine, INC; Fiables Process and Instruments, LLC; Ovarb Industrial, LLC y Premiere Procurement Group, LLC, representadas por la firma King & Spalding, y el abogado defensor de Rincón, del bufete Strasburg & Price, LLP, son los demandantes en un arbitraje interpuesto contra Bariven, en el cual exigen el pago de los contratos que Rincón ha admitido ante esta Corte que él y sus compañías obtuvieron por medio de sobornos a empleados de Bariven”.

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Dice además que Rincón cometió perjurio al afirmar en sus alegatos durante ese arbitraje que “no diseñó ni implementó una conspiración contra Bariven”, para luego retractarse y admitir su culpabilidad ante la Corte el 16 de junio de 2016, “mientras que intenta beneficiarse financieramente de sus acciones ilegales haciendo que sus compañías busquen el pago de Bariven en contratos de arbitraje adquiridos ilegalmente”.
En los alegatos del arbitraje, Rincón afirmó que “ya ha sido responsabilizado por ley por cualquier acto ilícito que haya cometido al acordar la confiscación de sus bienes”. Sin embargo, en el expediente del tribunal no existe alguna orden de confiscación contra el empresario venezolano.

Alineación ganadora no se cambia, dicen por allí

El documento también señala que Rincón está detrás de otro caso de arbitraje contra Bariven. En este caso aparentemente no relacionado que se presentó contra Bariven en La Haya, en un tribunal de la Cámara Internacional de Comercio, actuó como demandante una empresa llamada Wells Ultimate Service, LLC.
El modus operandi era sospechosamente similar al usado por Rincón y sus socios durante la conspiración que les generó millonarias ganancias: esconder al verdadero propietario de una empresa por medio de la creación de otras entidades jurídicas que figurarían como dueños de la firma.
Entonces Bariven investigó al propietario final de Wells Ultimate Service, LLC. “Esta empresa resultó ser propiedad de HRBZ Source Analyst Trust. El otorgante, fideicomisario y único beneficiario de HRBZ es Humberto Roberto Bravo Zambrano y su gerente es Hernán Guillermo Bravo Zambrano, ambos cuñados de Rincón. José Roberto Rincón Bravo, hijo de Rincón, es un comisario suplente y el propio Roberto Rincón es parte de un comité de cuatro miembros para elegir un fideicomisario sustituto, de ser necesario”.
Bariven exigió además conocer las razones por las cuales no se conoce o no se ha dictado ninguna orden de confiscación en su contra, siendo que a los otros cinco confesos de esta conspiración “esta Corte contabilizó hasta el último centavo de los montos que se les confiscaría”.
Y está en lo cierto. De hecho, además de irrisorios, los montos son tan precisos que contemplan hasta el último centavo. A José Luis Ramos Castillo se ordenó confiscarle 10.319.316,15 dólares, a Moisés Abraham Millán 533.578,13 dólares, Christian Javier Maldonado Barillas 165.000 dólares, a Alfonso Eliezer Gravina Muñoz un total de 590.440 dólares y a Abraham Shiera 15 millones de dólares.

Bariven se jacta de su investigación y exige más información

En otro de los pasajes del documento, la defensa de la filial de Pdvsa explica con detalle el proceso de análisis forense que realizó puertas adentro de Bariven. Facturaciones y órdenes de compras fueron revisadas desde el 1º de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2015.
“La investigación reveló que Rincón y Shiera dieron mucho más del 10% en sobornos que han admitido en sus alegatos. De hecho, a Bariven se le cobró hasta más de cuatro veces el valor real de las órdenes de compra, casi un 48% de sobreprecio en cada una. Estos precios inflados de los contratos de Rincón y las compañías de Shiera dieron como resultado que Bariven pagara cerca de 600 millones de dólares de más”.
Como parte de las medidas que la empresa ha tomado, dice que todos los jefes de departamento de Bariven que trabajaban durante el período de tiempo de la conspiración, incluido el Presidente y los Gerentes Compras y Finanzas, ya no están en la industria. Pero que con Bariven al margen, sin el acceso a cierta información, su esfuerzo por purgar completamente la empresa de malos actores no ha sido posible. En la acusación figuran dos funcionarios extranjeros no identificados que podrían estar aún en la empresa cometiendo delitos y afectando el patrimonio de la industria, “y sin embargo no hemos podido tener acceso a estos nombres”.

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