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domingo, 27 septiembre, 2020

Sicarios asesinan a políticos y empresarios en el Sur del Lago

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Durante 2019, empresarios, comerciantes, productores agropecuarios y agentes de seguridad y dirigentes del chavismo han sido asesinados en la zona sur del estado Zulia. Otros han logrado salir airosos de ataques armados o sus establecimientos comerciales han sido tiroteados como advertencia o amenaza

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El sur del Lago de Maracaibo, en el estado Zulia, ha vuelto a ser considerada zona roja, debido a que las amenazas por extorsión y el sicariato se han convertido en las modalidades con las que mafias arremeten en contra de los ciudadanos.

Hasta hace unos cinco años atrás, la disputa entre bandas era el móvil más común en las barriadas de los municipios de la subregión zuliana, de acuerdo con la hipótesis manejada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), aunque hasta hace menos de un año la mira de los victimarios apunta a flancos más visibles entre la población.

Un informante de un organismo de seguridad en la zona reveló que los pobladores sienten temor de invertir en negocios o temen por la integridad de sus familiares por los continuos asesinatos selectivos y las amenazas no denunciadas. Son grupos delincuenciales que, al parecer, exigen el cobro de vacunas en dólares y otras monedas extranjeras.

Esta información no logró ser confirmada, porque los comerciantes o familiares de personas asesinadas no se atreven a pronunciarse públicamente por los hechos ante posibles represalias en su contra.

Yomaira Salas, directora del cuerpo de Policía del Municipio Colón (Policolón), jurisdicción donde ocurre la mayor cantidad de atentados y homicidios, reconoció la situación que viven los pobladores, pero refirió que las víctimas no denuncian.

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«Hacemos siempre el llamado para que acudan a los organismos, a fin de que se puedan esclarecer los hechos». Insistió en que cada semana diseñan nuevas estrategias para revertir situaciones inseguras. A su juicio, los cuerpos policiales redujeron hasta la tercera semana de agosto la tasa de homicidios –donde han ocurrido cuatro casos–, en comparación con los meses de junio y julio, en cuyo lapso se produjeron 29 hechos violentos.

Cobran deudas con la vida

Sin embargo, la mayor preocupación en la zona son los asesinatos selectivos. Este año, agentes policiales, productores, comerciantes, empresarios y hasta activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) se han apuntado en las estadísticas rojas de los cuerpos policiales.

Sólo en el mes de junio de este año, de 19 muertes violentas registradas, 11 fueron perpetradas por presuntos sicarios en la zona sur del Lago en Zulia, de acuerdo con cifras manejadas por los organismos encargados de velar por la seguridad de la ciudadanía.

En los municipios zulianos, de acuerdo con el ingreso de cadáveres a la morgue del hospital general tipo III de Santa Bárbara de Zulia, en el municipio Colón, entre enero y agosto de 2019, se contabilizaron 78 muertes violentas.

De ese total, en al menos 42 hechos estuvieron involucrados delincuentes que mataron a sus víctimas empleando armas de fuego y a bordo de motocicletas, de acuerdo con el monitoreo de los casos que, en su momento, fueron reportados por los cuerpos policiales.

Asimismo, de manera extraoficial se conoció sobre cinco casos de sicariatos no consumados, entre ellos el de un exfiscal del Ministerio Público, un policía y un comerciante.

Según el modo de perpetrar los crímenes, los sicariatos fueron cometidos con armas de fuego y con el mismo patrón selectivo de las víctimas. «Es probable que cada una de las víctimas, amenazadas o asesinadas en el peor de los casos, paguen con vida alguna deuda pendiente», refirió otro informante a El Pitazo que pidió resguardar su identidad. Agregó que en la población prevalece el temor por la inseguridad.

Es con el presunto pago a sicarios, o matones a sueldo, como se perpetran estos crímenes; son ejecutados en lugares públicos y en horas indeterminadas.

A la fecha, los cuerpos policiales estadal y municipal de los municipios Colón, Catatumbo, Francisco Javier Pulgar y Jesús María Semprúm no han detenido a ninguno de los presuntos sicarios vinculados con los crímenes que conmocionan a los lugareños zulianos en el eje Sur del Lago.
Sólo en los casos ocurridos en contra de los dirigentes políticos Jaime Navarro, director de la Alcaldía del municipio Francisco Javier Pulgar, y Milagros Bedoya, concejala de Catatumbo, se practicaron detenciones por investigación o los policías mataron a presuntos autores materiales sin mostrar conexión con las víctimas o evidencias criminalísticas.

La extorsión como intimidación

Y no solo se trata de crímenes. En la zona han ocurrido atentados a quienes poseen negocios. Al menos cinco establecimientos comerciales y un bufete de abogados fueron baleados en las parroquias San Carlos y Santa Bárbara, en el municipio Colón.

Entre julio y agosto de este año, los intimidadores dispararon contra un local en la quinta avenida de Santa Bárbara, otro en Andrés Eloy Blanco, el comercial Barrera Hermanos en La Carmela, la farmacia Aurora en la avenida Bolívar y el restaurante Gana Bistró, ubicado en el Centro Comercial Aganaco.

También el bufete de abogados de la calle Zamora, al lado de una escuela de primaria.

Los delincuentes, al parecer, disparan a las puertas y paredes de los comercios si sus dueños se niegan a pagar una cuota de dinero a cambio de una supuesta protección. Este hecho es investigado, según Salas, aunque esperan más colaboración de los comerciantes.

En la población de Santa Bárbara de Zulia, en el municipio Colón –ciudad de mayor densidad poblacional– reina la incertidumbre, pues más del 80 % de los hechos ocurren en dicho poblado.

El por qué de los asesinatos selectivos

Luis Izquiel es abogado penalista egresado en la capitalina Universidad Santa María, en 1995. Es experto en criminología y planes de seguridad en Venezuela.

Para el experto, el sicariato es un delito importado desde otros países, entre ellos Colombia, desde la década de los años 90 y revela sus múltiples causas.

A su juicio, la impunidad es el primer factor para que se perpetre este tipo de asesinato, debido a que la mayoría de los sicarios no son capturados por la policía y mucho menos sancionados por los organismos judiciales.

Tampoco actúan a cabalidad los cuerpos dedicados a desarrollar las fases de la investigación, por falta de recursos, entre ellos, funcionarios de la policía científica, fiscales y jueces.

«Si una persona carente de valores morales no cree en el sistema de justicia, probablemente acuda a contratar un sicario para saldar una deuda, porque no hay confianza para resolver temas o litigios por la vía jurídica; es decir, el venezolano no tiene a dónde acudir o siente que no hay garantías», refiere Izquiel.

Basado en investigaciones a las que ha accedido, Izquiel explica que el monto del sicariato puede variar de acuerdo con el perfil de la víctima y si el asesino a sueldo es diestro y reconocido. «Mientras más implicaciones tenga el hecho, más costoso puede ser», afirmó.


Un dato importante es que se ha sumado el sicariato por no pagar una extorsión y, según los estudios sobre este crimen, los estados Zulia y Bolívar se ubican entre los primeros lugares de perpetración por las extorsiones o litigios sindicales

Luis Izquiel, abogado penalista

La tenencia ilegal de armas se suma a las causas del auge del sicariato, porque en el país «cualquiera porta un arma sin controles por parte del gobierno».

El abogado penalista refiere que los homicidios selectivos están en su mayoría vinculados a las cárceles y centros de arrestos preventivos o retenes. Considera que buena parte de los encargos se ordenan desde los sitios de reclusión.

El descontrol en el país con las motocicletas, vehículos donde suelen ejecutarse estos crímenes, es aprovechado por los homicidas, porque tras cumplir «el encargo» son más prácticas para emprender veloz huida sin dejar rastro.

De acuerdo con cifras de 2016, ofrecidas por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), cada semana se acometen entre 1 a 4 sicariatos, un promedio que varía entre 100 y 180 asesinatos selectivos cada año, según una medición hecha a las estadísticas oficiales y diversos monitoreos por estado y municipios.

«Un dato importante es que se ha sumado el sicariato por no pagar una extorsión y, según los estudios sobre este crimen, los estados Zulia y Bolívar se ubican entre los primeros lugares de perpetración por las extorsiones o litigios sindicales», advierte.

El sicariato es un delito reconocido desde 2005, mediante la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y tiene una pena de hasta 30 años de cárcel, subrayó el experto en criminología y actual profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

No hay recursos para investigar

A juicio de Izquiel, el Estado venezolano no garantiza la capacitación adecuada de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y oferta un precario curso de un año, con ciertos elementos técnicos, cuya teoría avala la Universidad Nacional de la Seguridad (Unes).

Izquiel refiere que en el país se requiere de al menos 30.000 funcionarios en ese organismo y solo tiene en nómina 8.000 trabajadores, de los cuales 6.000 son investigadores.

El Estado, argumenta, ha quedado además sin herramientas para cumplir con el rol de indagar hechos sangrientos. «Los organismos carecen de vehículos, laboratorios de ADN, protección, así como para estudiar la balística y bases de datos sobre algunos delitos», expone el jurista, que escribe un libro sobre 20 años de inseguridad en Venezuela, país donde el Gobierno de Nicolás Maduro no aporta ni divulga cifras sobre inseguridad.

Lista roja de la criminalidad

Estas han sido algunas víctimas del sicariato en la zona Sur del Lago de Maracaibo, estado Zulia

Winder Fuenmayor. El 30 de enero de 2019, a «Patuleco» lo asesinaron frente a la plaza Bolívar en San Carlos de Zulia. Sicarios, a bordo de una motocicleta, lo persiguieron hasta darle muerte.

Pedro León: el comerciante tenía poco de tiempo de haber llegado de los Estados Unidos y fue asesinado el 22 de marzo cuando comía empanadas en la urbanización Las Trinitarias.

Jaime Navarro era director de la Alcaldía del municipio Francisco Javier Pulgar, afecta al chavismo. Lo mataron cerca del estadio de Pueblo Nuevo El Chivo cuando estaba acompañado por un escolta.

Francisco Castillo, aspirante de la Policía del municipio Colón, fue asesinado por presuntos sicarios en El Moralito, el 21 de mayo.

Milagros Bedoya, concejala del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), en el municipio Catatumbo, fue asesinada en la sala de su casa en el poblado fronterizo El Guayabo.

Diego Morales Carroz era productor agropecuario y hombres armados lo asesinaron el 23 de junio cuando conducía su camioneta en una vía cerca de Santa Cruz de Zulia.

Eudis Salas, aunque no lo mataron sicarios, el asesinato del supervisor del Cpbez en El Cruce, municipio Jesús María Semprúm, el pasado 30 de julio, consternó a los pobladores. Allí se salvaron tres de sus compañeros. Euro Montiel, otro oficial de la policía del estado Zulia, murió en otro ataque en abril de 2019.

Rigoberto Urdaneta, «Riguito», uno de los mayores productores de palma aceitera africana en Venezuela, con viviendas en Estados Unidos, fue asesinado en Cúcuta el 14 de agosto delante de su esposa y una hija. Se desempeñó como empresario en la zona Sur del Lago.

Yanklis Sánchez, oficial de la Policía del estado Zulia, fue otra víctima a manos de hombres armados este 26 de agosto. Resistencia al robo o ajuste de cuentas no se descartan como móviles del crimen.

Atentados fallidos a mano armada

Robert Martínez, exfiscal Décimo Sexto del Ministerio Público en la zona Sur del Lago, recibió dos disparos frente a la Alcaldía de Colón el 7 de mayo. Se recuperó de las heridas.

Álvaro Jesús Mosquera, el comerciante dueño de Farmacosto, junto a su esposa, recibió impactos de bala en la entrada del sector Las Torres el 5 de julio. Viven para contarlo.

José Graterol, exjefe policial en los municipios Colón y Francisco Javier Pulgar, repelió un atentado que presuntos sicarios efectuaron en su contra, el pasado 27 de mayo, en la avenida Gran Colombia de Santa Bárbara de Zulia.

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