Caracas.- Desde el 21 de marzo el periodista venezolano Darvinson Rojas permanece detenido un comando de las funcionarios de las Fuerzas de Acciones Espaciales (Faes). Los uniformados llegaron a su casa con el pretexto de que en su residencia había un caso de COVID-19, pero lo buscaban por dar cifras distintas a las informadas por el ministro Jorge Rodríguez. ONG denuncian que los periodistas y los médicos han sido el foco de la represión desde la llegada del coronavirus al país.
Marcos Ruíz, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la prensa, detalló que desde hace unas tres semanas -cuando empezaron a difundirse casos sospechosos de COVID-19 en Venezuela- la organización que representa ha documentado “una política de terror en contra de periodistas y medios que han estado informando de forma independiente la llegada del COVID-19”. Según Ruíz, la actuación del gobierno de Nicolás Maduro ha sido semejante a la de otros gobiernos que “también evitaron informar lo que estaba pasando y, por ello, le negaron a los ciudadanos tomar medidas para no verse afectados”.
De acuerdo con Ruíz los ataques a la prensa independiente se han percibido con una disposición de los organismos de seguridad del Estado “para amedrentar, amenazar y hasta detener a los periodistas que han dado cobertura al nuevo coronavirus”. El dirigente sindical hace referencia al caso de Darvinson Rojas, detenido por decir en un tuit que el ministro Jorge Rodríguez confirmaba 47 casos de coronavirus en Venezuela, pero que periodistas habían confirmado tres adicionales.
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Ruíz también señaló el caso de la periodista Gregoria Díaz, de Aragua, quien comunicó un caso sospechoso de COVID-19 en el Hospital Militar de esa entidad; la citación por parte de la gobernadora de Delta Amacuro al periodista Melquiades Ávila, corresponsal de El Pitazo, por consultarle a la gente sobre las condiciones de los centros de salud en la entidad. Y el caso más reciente el de la periodista Beatriz Rodríguez, directora del periódico La Verdad de Vargas, quien fue citada a la fiscalía para ser interrogada sobre sus fuentes de información respecto a los casos de la pandemia en la región.
Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, ofreció un balance similar donde explica que todos los casos que ha documentado la organización en las últimas tres semanas están relacionadas con el coronavirus. “Todos los amedrentados por organismos de seguridad del Estado han sido médicos y luego periodistas, como Darvinson Rojas, a quien lo han imputado basándose en artículos que están en la ley del odio”, agregó Correa.
Según él, en esta nueva coyuntura, el gobierno de Nicolás Maduro ha mantenido un comportamiento similar al que tuvo con el apagón. En esa oportunidad detuvieron a personas con conocimientos en el tema como ingenieros y técnicos en electricidad; “pero ahora su foco son los profesionales de la salud y los comunicadores que se dan a la tarea de informar”.
Marcos Ruíz hizo un llamado al gobierno de Nicolás Maduro ha reivindicar el derecho a la información en contextos de emergencia y a comprender que la política menos acertada, para combatir una situación como la que estamos viviendo, es el silencio.