Caracas.- Lezaida Ferrer pensó que su hermano había sido trasladado a otro recinto carcelario. Sin embargo, al pasar los días y no saber de su paradero, comenzó a preocuparse. Buscó información, pero no recibió respuesta. Finalmente, lo encontró muerto. Su cadáver reposaba en la morgue de Bello Monte, en Caracas.
Nelson Eduardo Ferrer García, de 25 años, estaba privado de libertad en el Centro Penitenciario de Carabobo, conocido como Tocuyito, y falleció el 25 de octubre. Ese día esta cárcel fue intervenida, en el marco de la operación Cacique Guaicaipuro que desplegó el Gobierno nacional. Ninguna autoridad habló de fallecidos.
Pero, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) maneja otra versión. Según una nota de prensa enviada por esta ONG, cinco privados de libertad presuntamente murieron durante este despliegue. El OVP basa sus señalamientos en las denuncias que ha recibido por parte de familiares de los fallecidos.
Gobierno traslada a presos de Tocuyito a otros estados
Uno de los presos presuntamente murió al sufrir un ataque de epilepsia; un hombre mayor se ahogó y otros tres fueron asesinados con armas de fuego.
“Es una orden presidencial”
Lezaida Ferrer se enfrentó a otra barrera después de encontrar a su hermano en la morgue de Bello Monte. En esta medicatura forense se negaron a entregarle el cadáver. “Es una orden presidencial y del ministro”, le respondieron.
Además del dolor por la pérdida, la familia Ferrer tuvo que atravesar la incómoda situación de permanecer cuatro días en la morgue. Luego les pidieron que compraran una urna para enterrar a Nelson Eduardo en Caracas.
80 dólares fue el costo del ataúd. Los parientes de Ferrer acudieron de nuevo a la medicatura forense, este 1 de noviembre. Pensaban que podían enterrar a Nelson Eduardo, pero solo les permitieron ver el cuerpo durante cinco minutos. Ocho funcionarios observaban de cerca la escena. Luego les comunicaron que ellos se encargarían del entierro y que los deudos no podían asistir.
Ahora, la familia Ferrer debe esperar una llamada para que los uniformados les indiquen el número de parcela donde supuestamente enterraron a Nelson, en el Cementerio de El Junquito, y lo puedan identificar con una plaquita.
“Es totalmente inaceptable e inhumano que, además de esconder cadáveres, el régimen tampoco haya permitido que Nelson tuviera una despedida digna por parte de sus seres queridos”, destaca el OVP.
Nelson padecía de ataques epilépticos y estaba medicado, pero, según relataron sus familiares, sufría algunos episodios cuando estaba sometido a mucho estrés.
Los deudos aseguran que el ataque que produjo su muerte se dio cuando entraron los funcionarios al penal, quienes supuestamente lanzaron varias bombas lacrimógenas. Nelson no recibió atención médica.
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