ONG denuncia 68 ejecuciones extrajudiciales en Bolívar entre abril de 2018 y enero de 2019

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Puerto Ordaz.- Aumentan las alertas por ejecuciones extrajudiciales en el estado Bolívar. La ONG Comisión para los Derechos Humanos y Ciudadanía (Codehciu) publicó un informe este 14 de febrero en el que contabilizaron 68 muertes que encajan como ejecuciones extrajudiciales en el estado Bolívar, entre abril de 2018 y enero de 2019.

Codehciu, a través de su Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales (OEE), especificó que entre abril y agosto de 2018 hubo 12 víctimas, entre agosto y septiembre de 2018 registraron 15 víctimas, de septiembre a octubre otras ocho víctimas y entre octubre de 2018 y enero de 2019 contaron 33 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el estado Bolívar, para un total de 68 en los últimos 10 meses.

Las instituciones involucradas en las presuntas ejecuciones extrajudiciales son el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), implicado la mayor cantidad de veces; la Policía del estado Bolívar (PEB), componentes de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y la Policía Municipal de Caroní (PMC).

Solo en el periodo de octubre de 2018 a enero de 2019 hubo 33 víctimas: 14 ocurrieron en el municipio Caroní, ocho en El Callao, cuatro en el municipio Sifontes, tres en el municipio Roscio, dos en Heres, uno en Gran Sabana y se suma otra víctima cuya localización no fue precisada. 10 cayeron en manos del Cicpc, siete en procedimientos de las FAN, tres en operaciones de la PEB y uno en manos de la PMC. El resto responden a otros actores y a decesos dentro de calabozos de distintos cuerpos de seguridad.

La letalidad de los procedimientos realizados por el Cicpc en Ciudad Guayana ya había sido alertada por el proyecto periodístico Monitor de Víctimas, que en marzo de 2018 reportó un total de 57 homicidios en toda la ciudad, de los cuales 29 fueron reportados como “resistencia a la autoridad”, figura que encubre muchas veces las ejecuciones extrajudiciales. De estos 29, el Cicpc fue el responsable de 23 asesinatos por “resistencia a la autoridad”.

El Pitazo registró para la serie de Podcasts “Voces del desamparo” un caso de ejecución extrajudicial en San Félix, perpetrado el 10 de marzo de 2018 por la PEB. Aunque los funcionarios lo reportaron a la prensa como “resistencia a la autoridad”, la familia atestiguó que los oficiales entraron a la casa arbitrariamente y uno de ellos asesinó con dos disparos a Pedro Coral Lizardi, acusado injustamente de homicidio.

En su cuarto informe, el OEE de Codehciu alerta que “existe una falta de investigación diligente, imparcial, independiente y conclusiva que asegure la determinación de responsabilidades” de los agentes del Estado involucrados en estos crímenes, lo cual genera impunidad. La familia de Pedro Coral Lizardi repudió que, a pesar de haber denunciado ante el Cicpc el homicidio de este joven de 20 años en manos de PoliBolívar, nunca fueron escuchados.

El documento también recuerda el Protocolo de Minnesota, modelo internacional para las ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias recomendado por el alto comisionado de la Organización de Nacionaes Unidas (ONU) (1991), que exige a los Estados miembros “enfocarse en la resolución y en las investigaciones apropiadas en este tipo de casos, de forma metódica y transparente. También refleja que las ejecuciones extrajudiciales significan una vulneración del derecho humano a la vida”.

El OEE enfatizó que, al momento de una grave violación de derechos humanos, las víctimas tienen necesidad de “conocer la verdad, obtener justicia y de que se activen mecanismos de reparación idóneos y efectivos”.

El informe de Codehciu concluye con un “llamado de atención al Estado, ante la inestable situación política y social del país y el incremento de bandas armadas delictivas al sur de Bolívar (vinculadas con la minería ilegal), y la desarticulación de la democracia, para que implemente políticas que no ignoren la dignidad humana”.

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