Las condiciones de encarcelamiento, torturas y abusos a las que fueron sometidos adolescentes detenidos después de ser acusados por el Estado venezolano de participar en las protestas poselectorales, pueden ser causa de un daño mental irreversible, según lo exponen psicólogos consultados por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Las consecuencias para los adolescentes podrían ser cambios de comportamiento, ataques de pánico, baja autoestima, estrés, ansiedad, depresión, psicosis e incluso el suicidio, detalla un comunicado del OVP.
Al menos, 158 adolescentes fueron detenidos luego de las elecciones presidenciales realizadas el 28 de julio y señalados por delitos de terrorismo e incitación al odio, por presuntamente participar en protestas en las que los venezolanos demostraron su descontento por los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según detalló el OVP, al menos 72 adolescentes permanecen actualmente detenidos. Entre ellos, 8 que se encuentran en la Casa de Justicia 431, ubicada en El Cementerio, cuyos padres y representantes se pronunciaron el 13 de septiembre para denunciar que están bajos de peso, enfermos y con crisis nerviosas debido al encierro.
El grupo de familiares denunció días después que los jóvenes fueron recluidos inicialmente en los calabozos de Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), donde los torturaron para obligarlos a grabar un video en el que acusaran a dirigentes opositores de pagarles 50 dólares por participar en las manifestaciones.
El martes 17 de septiembre, se les impidió la visita a los 8 adolescentes y este jueves sostuvieron una reunión con autoridades del reclusorio para indagar sobre el motivo de esa suspensión.
El OVP hizo referencia al más reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela, en el que se hizo énfasis en que las detenciones de adolescentes son «un fenómeno, algo nuevo y extremadamente preocupante”.
“Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones compartimos esta preocupación, pues sabemos que estos adolescentes fueron recluidos junto a los adultos, muchos de ellos presos sociales, además de que no han tenido acceso a un abogado de confianza y son acusados de delitos graves como terrorismo”, destacó la organización.
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