Acarigua.- Los 280 privados de libertad que quedaron en los calabozos de la Comandancia General de la Policía del Portuguesa, en Guanare, tras el plan de descongestionamiento efectuado la última semana del mes de julio, terminaron sin sus colchonetas, ventiladores…, y hasta sin comida, luego de una requisa ejecutada por funcionarios de la Guardia Nacional.
Así lo denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en una nota de prensa difundida este martes, 3 de agosto, en la que hace referencia al engaño a la población penal por parte de las autoridades. Estas hicieron que los reclusos salieran de los calabozos alegando que asistirían a una revisión de las causas como parte de la revolución judicial, mediante la cual, supuestamente, más del 80% sería beneficiado con libertades.
«Los presos de Guanare le manifestaron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que se sienten engañados, pues los sacaron la mañana del jueves 29 de julio para un acto en el que darían libertades; pero mientras todos estaban fuera del recinto hicieron la requisa. Destruyeron todos sus enseres, se llevaron ropa y comida y muchos quedaron sin nada. Ahora tienen que reponer las colchonetas y no tienen los recursos para hacerlo», se expuso en el texto.
La organización expresó que los privados de libertad denunciaron que un día antes de la requisa los funcionarios policiales negaron que esta se ejecutaría. «El jueves 22 de julio los detenidos recibieron una visita de la diputada Yenny Cepeda, que les prometió que el 80% de la población de ese recinto saldría en libertad. Allí había en total 322 detenidos y todos fueron atendidos durante el plan de descongestionamiento realizado ese mismo día (…), pero solo fueron aprobadas 42 libertades», indicó la OVP.
De acuerdo con la información aportada por los reclusos a la ONG, para la misma fecha cuatro detenidos fueron desalojados de sus celdas al ser señalados como los líderes negativos. «Según los presos, les habrían sembrado armas y hasta granadas, y para no ser investigados por los hechos, presuntamente, los funcionarios les están cobrando una alta suma en dólares», reveló la OVP.
Asimismo, se indicó que durante la revisión de las causas judiciales, los jueces y fiscales pudieron constatar el retardo procesal que hay en todos los centros de reclusión preventiva y en los penitenciarios. «En esta comandancia había presos que tenían 6 y hasta 8 años sin ser trasladados a un tribunal y sin una audiencia preliminar», precisó la ONG.
La organización señaló que, por medio de entrevista, los privados de libertad indicaron que cada salida al tribunal de Guanare les cuesta entre 5 y 10 dólares, mientras que por un traslado al circuito judicial penal de Acarigua deben cancelar 60 dólares y para el estado Lara, unos 130 dólares.
Por último, el OVP informó que seis de los presos de esta comandancia padecen de tuberculosis y su estado de salud es crítico, por lo que los familiares esperaban que les otorgaran una medida humanitaria.