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lunes, 27 junio, 2022

Mercosur descarta la aplicación de la “cláusula democrática” por el caso de Leopoldo López

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"La cláusula se aplica cuando hay un golpe de Estado contra un Gobierno constitucional", explicó Fier | Foto: Archivo
«La cláusula se aplica cuando hay un golpe de Estado contra un Gobierno constitucional», explicó Fier | Foto: Archivo

El brasileño Florisvaldo Fier, alto representante general del Mercosur, dijo este miércoles que el bloque no puede aplicar la cláusula democrática solicitada por el candidato presidencial argentino Mauricio Macri, que permitiría la liberación del político opositor preso, Leopoldo López, ya que sólo sería viable en el caso de un golpe de Estado.

“Yo creo que (Mauricio) Macri tiene que informarse un poco mejor porque la cláusula democrática se aplica cuando hay un golpe de Estado”, dijo Fier, más conocido como Doctor Rosinha, quien realiza hoy una visita a Buenos Aires.
Macri, candidato conservador argentino por la coalición Cambiemos, había dicho que de ganar la presidencia pediría al Mercosur la aplicación de la cláusula democrática, una figura legal que sólo es aplicable cuando se da un golpe de Estado o se quebranta la constitucionalidad de una república.
“Vamos a exigir la liberación de Leopoldo López, y si Maduro no acepta vamos a reunir a los países de Mercosur para pedir que se ejecute la cláusula democrática”, dijo Macri en un encuentro con corresponsales extranjeros.
Por su parte Doctor Rosinha contestó que en el caso de Venezuela “hubo elecciones, hubo un vencedor y ese vencedor está en el Gobierno y no está haciendo un golpe en su contra”.
Recordó además que de ser este el caso la decisión de aplicar la cláusula democrática se logra en consenso y no por “voluntad de uno solo” de los miembros.
“La cláusula democrática es aplicada cuando hay un golpe de Estado contra un Gobierno constitucional”, enfatizó Fier.
El Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, suscrito en 1998, marca “la plena vigencia de las instituciones democráticas” como “condición esencial para el desarrollo del proceso de integración”.
Ese protocolo, denominado “Ushuaia I”, estableció que “en caso de ruptura del orden democrático”, los socios “promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el Estado afectado”.
Si las consultas resultaran infructuosas, los demás socios “considerarán la naturaleza y el alcance de las medidas a aplicar, teniendo en cuenta la gravedad de la situación existente”.
Las medidas, que deberán ser adoptadas por consenso, “abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos”.
“Ushuaia I” fue perfeccionado en 2011 mediante un nuevo protocolo, denominado “Ushuaia II”, que establece la posibilidad de adoptar sanciones más severas, como cerrar total o parcialmente las fronteras terrestres y suspender o limitar el comercio, el tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones y la provisión de energía y servicios.
El protocolo fue utilizado en 2012 para suspender temporalmente a Paraguay en su participación en el bloque luego de que el entonces presidente paraguayo Fernando Lugo fuera destituido por el Congreso de su país sin un “debido proceso”, según alegó entonces el resto de los socios del Mercosur.

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