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lunes, 21 septiembre, 2020

Madre de niño baleado por el Cicpc: “Quieren exculpar a los asesinos”

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Guanare.- La policía mató a Samuel José, de tres años, e hirió a su hermana Yirianny Paola, de 10. Su madre, Shaddai Corona Yánez, salió del país para garantizar su seguridad. Desde Colombia advierte que, a cuatro meses del hecho, los órganos de justicia muestran más sombras que luces en el proceso de investigación. “Me persiguen, quieren archivar el caso y exculpar a los asesinos”, sostiene.

Samuel y Yirianny fueron baleados el 13 de abril por cuatro detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la autopista de los llanos José Antonio Páez, entre los límites de los municipios Araure y Ospino del estado Portuguesa.

Viajaban desde Barquisimeto, junto a Yixon, su otro hermano, de 10 años, su madre y su abuela, en una camioneta marca Toyota modelo Fortuner, que fue atacada, a las 5:00 pm, por los agentes bajo el supuesto de que el vehículo era conducido por Yixon José Méndez Artigas, padre de los niños, y a quien estos identifican con el alias Maracucho, solicitado por el Juzgado Segundo de Control de Barquisimeto, estado Lara. Ello de acuerdo con la “minuta de alcance”, de fecha 18 de abril, que reposa en el expediente judicial.

Los funcionarios responsables del hecho, Fraimer Linarez Martínez, Carlos Alberto Salinas Barco, Eduardo José López Navas y Rodolfo Javier Salazar, fueron detenidos en su propio comando el mismo día del suceso y formalmente imputados por el Tribunal de Control y la Fiscalía Sexta y Séptima de Acarigua, que los investigó por los delitos de homicidio calificado con alevosía, en grado de coautoría y uso indebido de arma orgánica.

Del caso hay poca información oficial. El Ministerio Público solo ha dado a conocer los resultados de la audiencia de presentación de los indiciados. Lo hizo a través de un boletín de prensa emitido el 29 de abril.

La investigación parece detenida. A petición del abogado de las víctimas, en mayo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acordó la radicación del juicio por razones de conmoción pública. En adelante, la causa es llevada en el Tribunal de Control 11 de Valencia. Las diligencias pasaron a cargo de la Fiscalía Nacional 80 que dirige Adriana Morales.

Sin acusación formal

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De la audiencia preliminar, que según la ley ha de convocarse en un lapso de 45 días después de la imputación, y en la que los fiscales tendrían la oportunidad judicial de expresar su denuncia contra los imputados y el juez la de convocar a las partes a una audiencia oral para que presenten sus alegatos, se conoce poco.

Shaddai Corona comunicó a El Pitazo que su abogado pidió el diferimiento del acto, pautado para el martes 27 de agosto. Alega que sería un descaro hacerla, puesto que a ella no se le ha hecho la prueba anticipada y porque el expediente aun reposa en el estado Portuguesa. “Hay una cadena de irregularidades que me hacen pensar que el Ministerio Público le está dando largas al asunto para evitar la formal acusación», señala.

Corona no confía en el proceso; no la convence la narrativa policial. Denuncia que este está viciado desde el mismo día en que ocurrieron los hechos. «No hubo un enfrentamiento. El vehículo no lo manejaba ningún delincuente, la conductora era yo, no respondí con balas”, comenta al confirmar que Yixon José Méndez Artigas es el padre de los niños, “pero no viajaba dentro de la camioneta. Tiene mucho tiempo fuera del país”.

«Simplemente me interceptaron y nos tiraron a matar. Yo creía, más bien, que se trataba de un robo o de un secuestro. Es difícil pensar que la policía te ataque así”, recuerda la madre.

Disparaban desde el elevado

Ese 13 de abril a las 2:00 pm, la mujer salió con su mama y los tres niños desde Barquisimeto, vía Barinas, con destino a Barinitas. “Eso fue en la víspera de Semana Santa. Yirianny y Yixon, que son mis hijastros, siempre pasaban las vacaciones conmigo para compartir con Samuel, su hermanito menor”.

Al tomar la autopista, Corona se da cuenta de que sucedía algo en la vía, cerca de Río Acarigua. “Me orillo porque Samuel tenía ganas de orinar. Lo pongo a orinar en el estribo de la camioneta y veo un accidente; algo había pasado, pero no le presté mucha atención sino que continué mi camino.” La policía asegura que se trataba del vuelco de un vehículo de un funcionario del Cicpc, al que auxiliaban, y que fue en ese momento en el que se percatan de que en la camioneta iba alias Maracucho.

Corona desmiente la versión. Dice que siguió la ruta sin percance, pero que 200 metros antes de llegar al puesto de control de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el distribuidor Ospino La Flecha, debajo del elevado, una camioneta Four Runner azul la interceptó. “Se me atravesó en la vía. Yo vengo despacio en previsión de que allí están dispuestos dos reductores de velocidad. Intento detenerme, pero cuando oigo el primer disparo arranco instintivamente. No me dio por quedarme en el sitio ni por bajarme, me dio por huir. Giré la camioneta a mi izquierda hacia la isla. Por ahí me fui, atravesé el canal en sentido contrario, subí el elevado y tomé la vía La Flecha. Hicieron muchas detonaciones: muchas, muchas.”


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La mujer reclama que en el expediente hayan registrado que fueron cuatro impactos de bala, porque fueron muchos. “Se bajaron cuatro tipos de la camioneta disparando en concierto. Yo no sabía quiénes eran. Estoy creyendo que me van a robar, a secuestrar; nunca me imaginé que eran funcionarios. Fue un evento de terror: Cuando logro subir el elevado, ellos me siguen disparando desde abajo».

Al cese del fuego es cuando Corona se da cuenta de que “le dieron” a Samuel. De las heridas de la niña todavía no se había percatado. Continuó la marcha en la búsqueda de un hospital cercano y terminó llegando a Ospino con un caucho espichado. En una cauchera pide auxilio y logra embarcar a Samuel con la abuela y una vecina del poblado en un vehículo que transitaba por la zona. Inmediatamente llega al sitio una comisión de la policía del estado.

«¡Shaddai, a Yiri también le dieron!», gritó Yixon, su hermano mayor. La niña también tenía un tiro.

La policía no dejó mover a Shaddai del sitio. Una señora se puso a la orden y trasladó a Yirianny al mismo hospital donde recluyeron a Samuel. «Yo me quedé con Yixon. La policía nunca me dejó mover de ahí».

La vecina acompañante es quien comunica que Samuel ha fallecido. «La policía no se inmutó ante la tragedia. No me dejaba ir al hospital. A no ser por la intervención de un empleado de seguridad de la fiscal superior del estado Portuguesa, Amarilys Pérez, yo aun estuviera en la cauchera. Ella vive ahí al lado del taller. El salió y se puso a la orden, medió con los uniformados y me llevó hasta el hospital. Yo dejé la camioneta ahí botada, cuenta la madre».

«Vi a mí bebe muerto y me informan que a la niña hay que trasladarla a Guanare porque no hay allí cómo drenarle las vías respiratorias: una bala le había perforado el pulmón y entraba en colapso. Se salvó milagrosamente, tras permanecer tres días en la unidad de cuidados intensivos de una clínica privada. Todo costeado por la familia. En la red pública de salud no hubo cómo sortear la emergencia».

Entre dolor y gritos de auxilio

Según la víctima, la escena del crimen fue manipulada: se alteraron las evidencias para exculpar a los asesinos. “Apuntaron en el expediente que en el vehículo se hallaron conchas de balas disparadas desde adentro cuando eso jamás ocurrió: solo quisieron simular un enfrentamiento para justificar el crimen”, recalca.

Desde ese momento, hasta la fecha, Shaddai Corona vive entre el dolor y gritos de auxilio. Hoy vuelve a exigir justicia. Cree que hay manejos irregulares para dejar en libertad a tres de los implicados. “Nos han confiado que el que quedará preso será Fraimer Linarez Martínez, a sabiendas de que todos actuaron en el crimen: parece que Salinas Barco, López Navas y Salazar van para la calle sin medidas cautelares: y eso me angustia”.

Shaddai Corona no se siente representada en el Ministerio Público. Durante los cuatro meses del proceso judicial solo ha confiado en la asistencia privada de abogados. Dice que han sido en vano las entrevistas en la Fiscalía de Derechos Fundamentales. Pese a contar con una medida de protección, acusa que ha sido víctima de persecución y amenazas.

Recuerda que la Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana pretendió sembrarle drogas al irrumpir bruscamente en un hotel donde pernoctaba en Barquisimeto, luego del homicidio. Actuaban por mandato para silenciarme, denuncia.

En el nombre del padre

La minuta policial reseña textualmente que ocurrió un enfrentamiento entre los detectives y el chofer de la unidad, “por lo que se llevó a cabo una persecución y originándose un intercambio de disparos con las consecuencias ya mencionadas”.

De acuerdo con lo precisado en la minuta, la comisión del Cicpc avistó el vehículo conducido por Yixon José Méndez Artigas (alias Maracucho), quien se encuentra solicitado, según orden de aprehensión emanada por el juzgado segundo de control de la ciudad de Barquisimeto estado Lara, sin especificación del delito.

Pero, ¿quién es Yixon José Méndez Artigas? El Cicpc ni la Fiscalía han aclarado de quién se trata el presunto delincuente. La minuta no precisa el número de su cédula de identidad, edad, ni revela detalles sobre sus antecedentes penales.

El portal vlexvenezuela.com, especializado en información jurídica, publica una jurisprudencia del 16 de noviembre de 2010 del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Lara (Expediente KP01-P 2008011502), relacionada con una solicitud de decaimiento de medida de privativa de libertad para el acusado Yixon José Méndez Artigas, que le fue impuesta el 17 de octubre de 2008 por un tribunal del estado Zulia. En ese acto, de acuerdo al documento, la solicitud fue negada.

A esa fecha, y según el escrito judicial, Yixon José Méndez Artigas, identificado en la sentencia con la cédula de identidad número 17.951.395, estaba siendo procesado por el delito de homicidio calificado y lesiones graves. Contaba 25 años, (16-03-1985), era soltero y de profesión comerciante.

El diario La Verdad, de Maracaibo, reseñó en las páginas de sucesos de la edición web del 17 de octubre de 2008, que “en el día de ayer a las puertas del palacio de Justicia de Maracaibo llegaron los hermanos Evelio Antonio, apodado “El Evelio”, y Yixon José Méndez Artigas, “Cheíto”, presuntamente pertenecientes a la banda “los Chukys”. Después de dos horas fueron trasladados hasta el retén El Marite”.

Los hombres son los señalados por las autoridades como los autores materiales del homicidio de Julio Soto, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad del Zulia (LUZ), ocurrido el 1°de octubre (2008), cuando se desplazaba, junto con cuatro estudiantes, en una camioneta por el sector 18 de Octubre, recalca el diario en la misma nota periodística.

En una cronología del caso Soto, elaborada por el diario La Verdad el 19 de mayo de 2014, vuelve a aparecer el apellido Méndez Artigas. En su versión digital, el medio refiere que “el 13 de noviembre de 2010 el mayor de los hermanos Méndez, Evelio Antonio, se fugó de la Cárcel Nacional de Uribana, en el estado Lara.” También indica que el 11 de mayo de 2011 una comisión de la policía científica acorraló a Evelio en el barrio Suramérica. El prófugo hizo armas contra la comisión y lo ultimaron.”

Corona confirmó a El Pitazo que, en efecto, Yixon José Méndez Artigas, quien según la policía manejaba la unidad donde asesinaron a Samuel e hirieron a Yirianny, es la misma persona acusada del homicidio del ex presidente de la FCU de Luz, Julio Soto. «Sí, si es el mismo, pero no venía en la camioneta; la que manejaba era yo. Él hace tiempo que está fuera del país», afirma.

Pasados cuatro meses desde que ocurrió el suceso, todavía se mantiene el hermetismo en la Subdelegación del Cicpc en Acarigua, a cuya nómina están adscritos los funcionarios implicados. El Pitazo, pese a los esfuerzos, no tuvo acceso a las autoridades para conocer su versión de los hechos. A las fiscales Sexta y Séptima, Ana Angelina Gil y Jenny Rivero, respectivamente, no se les pudo ubicar en sus despachos de Acarigua. Tampoco se pudo localizar a los abogados defensores de los detectives detenidos e implicados en el asesinato y herida de los menores.

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