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viernes, 14 agosto, 2020

Juan Requesens: cinco claves de una detención señalada de arbitraria

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Caracas.- El 7 de agosto de 2018, pasando por encima de su inmunidad parlamentaria, el gobierno de Nicolás Maduro detuvo al diputado a la Asamblea Nacional por Primero Justicia Juan Requesens en su residencia, señalándolo de participar en el intento de magnicidio del 4 de agosto de ese año.

Desde entonces, su equipo de abogados no ha hecho más que denunciar que su caso forma parte de las estadísticas de actuaciones arbitrarias de los cuerpos de seguridad del Estado.

«Arbitrariedad es la palabra que define el proceso contra Juan Requesens», expresó su abogado Joel García este miércoles 7 de agosto en una entrevista concedida al Circuito Éxitos, cuando se cumple un año de su detención.


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«Sabemos que esto es un proceso político, bajo la apariencia de un proceso penal, y su libertad va de la mano de la libertad de Venezuela», agregó.

Familiares y amigos han señalado que Juan Requesens cumple este miércoles 7 de agosoto 365 días «secuestrado» por el gobierno de Nicolás Maduro.

A continuación, El Pitazo ofrece cinco claves a un año de una detención señalada de arbitraria, con base en la cronología de la ONG Acceso a la Justicia

1. La detención

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El 7 de agosto de 2018 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detienen al diputado Juan Requesens en Caracas, sin una orden judicial.

De inmediato, Requesens es señalado de participar en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro del 4 de agosto y trasladado a la sede del Sebin en El Helicoide.

Uno de los detenidos por el caso, el sargento retirado de la Guardia Nacional Juan Monasterios Vanegas, acusa al diputado de facilitarle un contacto migratorio para ingresar al país desde Colombia y participar en el hecho.

Sus abogados sostuvieron que la detención de Requesens violó su inmunidad parlamentaria, consagrada en el artículo 200 de la Constitución, que establece que un diputado solo puede ser detenido en caso de cometer un delito en flagrancia.

Además, recordaron que el texto establece que debe ser trasladado a su residencia, y no a una prisión o a la sede de un órgano de seguridad del Estado.

El 8 de agosto de 2018, el Tribunal Supremo de Justicia declara la procedencia del enjuiciamiento de Requesens, argumentando que existen “suficientes elementos de convicción para estimar la comisión de delitos de naturaleza permanente” por parte del diputado.

Ese mismo día, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) levantó la inmunidad parlamentaria a Requesens.

2. Audiencia preliminar sin fin

Para su abogado Joel García ha sido «interminable» la audiencia preliminar de Requesens, que comenzó el 11 de agosto de 2018 y se extendió por al menos 10 sesiones, luego de ser diferida una y otra vez.

Finalmente, el 11 de junio de este año culmina la audiencia preliminar, y el 1 de julio la juez Carol Padilla dicta sentencia desechando todos los argumentos de la defensa y admitiendo los cargos imputados al diputado Juan Requesens.

Asi las cosas, Padilla mantiene la privativa de libertad en contra de Requesens y ordena el pase a juicio de la causa.

Sobre el continuo diferimiento de la audiencia preliminar, García precisa que es usual “que por algún motivo se difiera una audiencia”, pero en el caso de Requesens la juez no comunicó las razones.

De acuerdo con los lapsos de ley, el abogado señala que en enero o febrero pasado debió dictarse la sentencia a Requesens, «por más larga que fuera una audiencia preliminar, por ejemplo, un mes».

3. Las presuntas pruebas

El 10 de agosto de 2018, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, difunde un video para acusar a Requesens de facilitar el ingreso al país de uno de los supuestos organizadores del atentado contra Maduro.

Un segundo video de Requesens es difundido ese mismo día por el periodista Alberto Rodríguez, en el que se ve al diputado confuso, en ropa interior aparentemente manchada de heces, y sin pronunciar palabra.

Entonces, sus familiares y la Asamblea Nacional denuncian tratos crueles e inhumanos, asegurando que la grabación filtrada busca humillar al diputado.

4. Incomunicado

El 12 de agosto de 2018, luego de cumplirse casi 100 horas de su detención, Requesens habla por teléfono con su familia, que lo reclamaba como “desaparecido”.

Desde entonces, y en varias ocasiones, la defensa y familiares del parlamentario denunció que Requesens ha sido sometido a tortura psicológica, pues ha permanecido incomunicado en la sede del Sebin en El Helicoide.

Es el 1° de octubre de 2018, cuando su abogado Joel García informa que tuvo acceso al expediente de Requesens, es decir, a 53 días de su detención.


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Después de más de un mes, más precisamente el 8 de noviembre de 2018, el abogado informa que por primera vez, después de 93 días «de detención arbitraria», le es permitido a la defensa de Requesens acceder a él por un lapso de 30 minutos.

Su esposa, Orianna Granati, informa que, por primera vez desde su detención, pudo visitarlo con su familia el 16 de noviembre de 2018.

«Se han violado con creces el debido proceso y todos los derechos humanos», señala su abogado.

5. Los presuntos delitos

La Fiscalía imputa a Requesens siete delitos: instigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración contra Maduro, homicidio calificado en grado de frustración contra los militares de la Guardia Nacional, uso de artefactos explosivos, asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo y traición a la patria.

El abogado Joel García declara que se ordenó privativa de libertad al parlamentario y se estableció como lugar de reclusión la sede del Sebin.

Asimismo, informa que fue ordenada “la confiscación de todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles, así como la congelación de cuentas, prohibición de enajenar y gravar”.

García relata que Requesens se declaró inocente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de la OEA dicta una medida cautelar de protección a favor de Requesens el 11 de octubre de 2018.

El organismo solicita al Gobierno que “se adopten las medidas necesarias para proteger los derechos a la salud, a la vida e integridad personal en el contexto de privación de libertad en el que se encuentra, asegurando que no sea objeto de actos de violencia en su contra”.

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