Ipys Venezuela denuncia abusos del Estado contra medios y defensores de DDHH

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Ypys Venezuela reveló cómo el Estado legaliza las delaciones en la TV estatal | Foto: Cortesía
Ipys Venezuela reveló cómo el Estado legaliza las delaciones en la TV estatal | Foto: Cortesía

Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, Ipys Venezuela, explicó este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en el país persiste un patrón de seguimiento y vigilancia policial que deriva en delaciones televisadas, lideradas por altos funcionarios de los poderes públicos, y que estas acciones se han agudizado luego de la “institucionalización de una serie de mecanismos que aúpan las labores de inteligencia y profundizan la opacidad”.

“Esta práctica se ha hecho recurrente con los reportes de supuestos patriotas cooperantes, informantes tácticos, a los que acostumbra citar Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional, en su programa de TV, “Con el Mazo Dando”, con la finalidad de hostigar principalmente a activistas de DDHH. Para esto se utiliza la señal del VTV, el principal canal del Estado, y el medio con mayor alcance en el país”, declaró Balbi.
En un seguimiento riguroso de este programa que realizó IPYS Venezuela, determinó que en los primeros 8 meses de 2015, 58 activistas de DDHH recibieron acusaciones infundadas a través de este espacio de televisión.
La periodista y defensora de la libertad de expresión denunció un incremento de procedimientos judiciales contra periodistas, medios y activistas de DDHH durante el gobierno de Nicolás Maduro, y destacó que la mayoría de estas acciones se acompañaron con medidas de censura que prohíben las coberturas sobre criminalidad, violencia y corrupción.
“De 64 acciones legales que registró el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, entre 2002 y 2015, 29 corresponden a delitos de difamación e injuria, en los que se ha afectado a 36 personas acusadas. Más de la mitad de los afectados por las demandas de difamación e injuria corresponde a los 22 directivos de los medios Tal Cual, El Nacional y La Patilla, acusados por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello”.
En ambas sesiones («Denuncias sobre hostigamiento y ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela» y “Situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela») Ipys Venezuela compartió con las organizaciones Civilis, Provea, Codevida, Laboratorio de Paz, Venezuela Diversa, Transparencia Venezuela, Observatorio Venezolano de Prisiones, Fenasopadres, Asamblea de Educación, Acción Solidaria en VIH, Espacio Público, Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
IPYS Venezuela recomienda a la CIDH, exhortar al Estado venezolano a:
1. Garantizar las condiciones necesarias para lo periodistas, defensores de DDHH puedan ejercer su labor sin ningún tipo de riesgos amenazas ni presiones por parte de altos funcionarios del Estado.
2. Cesar la práctica de criminalización que lideran altos funcionarios a través de los medios de comunicación estatales, principalmente contra periodistas, representantes de medios de comunicación, activistas y organizaciones de DDHH.
3. Investigar los actos de intimidación y represalias que reciben diferentes sectores de la sociedad a través de espacios de los medios estatales.
4. Impedir a los funcionarios estatales emitir declaraciones agraviantes contra defensores de DDHH que asisten a las instancias internacionales.
5. Garantizar el honor y la reputación de periodistas y activistas de DDHH, así como el derecho a la privacidad en sus comunicaciones.
6. Cesar las prácticas de vigilancia y de inteligencia policial que derivan en delaciones televisadas.
7. Modificar la legislación actual respecto a los medios de comunicación para eliminar la criminalización por desacato, difamación o calumnia en la línea de los estándares de los derechos humanos.
8. Proporcionar pluralidad y diversidad de los medios de comunicación como un componente fundamental del derecho a la información y asegurar que los periodistas puedan desempeñar sus funciones sin procesos injustificados.

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