Fiscalía priva de libertad a último implicado en la tragedia de Los Cotorros

Wilmer José Acosta Martínez, de 45 años, fue capturado en El Paraíso por funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes). Fue presentado el pasado 24 de diciembre. El detenido habría firmado el contrato de alquiler del local en el Club Social de El Paraíso donde se realizó la fiesta de prograduación en la que fallecieron 19 jóvenes en 2018

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El local fue cerrado por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz después de la tragedia en la que fallecieron 19 jóvenes | Fotos: Hirsaid Gómez

Caracas.- El Ministerio Público ordenó privativa de libertad contra Wilmer José Acosta Martínez, de 45 años, quien habría firmado el contrato de alquiler del salón en el Club Social de El Paraíso, conocido popularmente como Los Cotorros, donde se realizó una fiesta prograduación el 16 de junio de 2018 en la que murieron 19 personas, en su mayoría menores de edad.

Acosta Martínez era el último implicado buscado por las autoridades por la tragedia. Funcionarios del Palacio de Justicia coincidieron en que el hombre fue detenido el 24 de diciembre de 2019 cerca de su residencia, ubicada en El Paraíso, por agentes de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes – PNB).

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Por tratarse de un caso catalogado de conmoción nacional por el Ministerio Público, el tribunal habilitó despacho para atender el caso en medio del asueto decembrino. La Fiscalía dictó medida de aprehensión contra Acosta Martínez el 31 de diciembre y, desde ese día, permanece recluido en el Comando de la PNB, ubicado en la Zona 7 de Boleíta.

La información preliminar indica que Acosta Martínez firmó el contrato de arrendamiento del espacio del club social por su hijo Wilker Acosta, quien para el momento de los sucesos tenía 17 años y estaba organizando el evento, denominado The Legacy, junto a Jesús Navas, quien también era menor edad hace un año y medio.

El Pitazo obtuvo acceso a un modelo de contrato que el club presentaba a las personas interesadas en arrendar el salón de fiesta de Los Cotorros. En el documento, el firmante se compromete a contratar por su cuenta servicios de seguridad privados o buscará el apoyo de efectivos de orden público del Estado. El acuerdo exime de responsabilidad a los dueños de club de los daños y perjuicios sufridos por el arrendatario o cualquiera de los asistentes al evento por “causas de fuerza mayor, casos fortuitos, por ruina, incendio o derrumbe”.

La madrugada del 16 de junio de 2018 fallecieron 19 personas, entre ellas 12 menores de edad, luego de que un adolescente de 16 años arrojara una bomba lacrimógena en el interior de Club Social de El Paraíso donde se desarrollaba la fiesta de prograduación. El artefacto fue activado después de una riña que se generó en las cercanías de baño de caballeros. La mayoría murió por asfixia y politraumatismos, mientras trataban de huir por la salida principal de local que fue obstaculizada por un adolescente de 17 años que cargaba consigo un facsímil de arma de fuego.

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Hasta ahora, por los sucesos han sido sentenciado a seis años y ocho meses de prisión dos de los cuatro adolescentes implicados en la tragedia, entre ellos el que accionó la bomba lacrimógena dentro del local. Actualmente continúan recluidos en el Centro de Atención de Coche.

En cuanto Gilberto Alejandro Petit, de 20 años, quien ingresó artefacto al local, y María de los Ángeles Arcia, de 19 años, encargada de la logística de la fiesta de prograduación, serán presentados ante el juez el próximo 18 de febrero. Petit está preso en el Internado Judicial en el Rodeo I y Arcia sigue detenida en la sede de la subdelegación oeste del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en Propatria.

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