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sábado, 21 mayo, 2022

Familiares de Rodríguez Torres exigen fe de vida del mayor general

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Punto FIjo.- Este martes, 18 de junio, los familiares del mayor general Miguel Rodríguez Torres, se pronunciaron ante lo que califican de «desaparición forzada» del exministro de Interior, Justicia y Paz de quien autoridades del Estado venezolano, no ofrecen información y lo único certificado en expediente es que fue trasladado desde la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) hasta el Regimiento 35 de la Policía Militar en Fuerte Tiuna.

A familiares y equipo jurídico de Rodríguez Torres, se les ha impedido la confirmación de dicho traslado y hasta ahora cuentan más de 50 días de incomunicación, motivo por el cual desconocen su paradero, su condición de salud y lo único que destaca de este caso es la irregularidad del «proceso plagado de vicios, de retardos procesales, denegación de justicia y de violación al derecho a su defensa».

Desde fines de abril 2019, familiares no tienen certeza de cuál es su centro de reclusión, ni el organismo sobre el cual recae su custodia y afirman estar preocupados por los graves quebrantos de salud del mayor general, condición que conllevó a estrictas órdenes médicas que recomiendan intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos; indicaciones ignoradas por las autoridades para garantizar su salud y derecho a la vida.


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El siete de junio del presente año, se ejerció un recurso de Habeas Corpus, para que las autoridades judiciales realicen las actuaciones necesarias para dar con su paradero, dado las fundadas dudas sobre el respeto a la vida e integridad física del catalogado preso político. En tanto que, se han enviado comunicaciones a la Fiscalía Militar, Fiscalía de Derechos Fundamentales, Defensoría del Pueblo y al Tribunal de Control y Garantías.

De este caso elevado a organismos internacionales; destaca que sobre Rodríguez Torres recae una medida cautelar de la CIDH, como en otros detenidos en la Dirección de Contra Inteligencia Militar. Por tales motivos, sus familiares y equipo jurídico, han emprendido una campaña para llamar la atención de la Alta Comisionada para los DDHH de las Naciones Unidas, Michell Bachelet para que conozca y atienda el caso.

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