El juez 10° de Control, Sergio Moncada, reiteró la privativa de libertad de los cuatro presuntos implicados en el femicidio de Nazareth Marín y ordenó su pase a juicio, durante la audiencia preliminar que se inició el jueves 21 y se extendió hasta altas horas de la noche del viernes 22 de septiembre.
Una novedad ocurrida en esta fase fue el extravío del certificado de cadena de custodia de las pruebas de ADN, que tomaron a los tenidos y al cadáver tras su exhumación.
En la audiencia estuvieron presentes familiares de la joven que desapareció el 19 de marzo en un balneario de La Guaira y también parientes de las cuatro personas que la acompañaban: Keisler Pérez, funcionario del Cicpc, Keny Díaz, Derwin Ruiz y Miller Andreina Ochoa.
Entre los argumentos que usarían los abogados defensores de los implicados estaban los resultados de la exhumación al cadáver, que se realizó el 19 de mayo por orden del tribunal, porque consideró que faltaban más pruebas.
Según lo informaron a El Pitazo familiares de los detenidos, el viernes en la noche y luego de un exhaustivo proceso, el juez informó que los fiscales extraviaron la cadena de custodia.
Este es el procedimiento que se aplica para resguardar todos los elementos colectados durante una investigación, donde se resaltaban los detalles de la última prueba de ADN de la víctima y de los implicados.
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Incongruencias desde el inicio
Las irregularidades acompañaron este caso desde que el cadáver fue rescatado en aguas cercanas al Puerto de La Guaira, cuatro días después de la desaparición de la joven.
Inicialmente el caso fue llevado por funcionarios de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), de La Guaira; quienes, presuntamente, viciaron la evidencia criminal tras el hallazgo del cuerpo.
Esta acción sería para encubrir al funcionario Keisler Pérez, por lo que fue detenido el inspector a cargo de la investigación, Alexander Ventura.
El cuerpo fue trasladado a la morgue de Bello Monte, donde trabajadores mostraron gestos de solidaridad, ya que la víctima era empleada del lugar, específicamente, del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).
El resultado arrojó que la joven fue golpeada, sometida a abuso sexual por varios hombres y estrangulada.
El grupo mencionado, con el que se encontraba en la playa, relató en los interrogatorios que pasaron la tarde en el lugar y al anochecer se mantuvieron en el estacionamiento de la playa.
Según su versión, la joven se alejó del grupo para conversar con desconocidos, hasta que la perdieron de vista.
Al momento de irse, la buscaron durante una hora y al no hallarla regresaron a Caracas. Todas las pertenencias de la joven, incluyendo su celular, estaban en la camioneta de Pérez.
Al día siguiente, el mismo funcionario las entregó a sus familiares y les dijo que Nazareth se alejó de ellos vistiendo solo su traje de baño.
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Nuevos resultados
El Pitazo tuvo acceso a los resultados de la exhumación, donde se señaló que la joven no murió estrangulada, como se dijo en el primer informe, sino por asfixia mecánica, es decir, que le taparon la boca y la nariz hasta matarla.
En el documento también se señala que las muestras de ADN tomadas a los tres hombres detenidos no corresponden a las halladas en el cuerpo de Nazareth Marín.
“Si hicieron una autopsia y luego una exhumación, y ninguna de las dos concuerdan (…) porque ninguna de las pruebas los acusa a ellos del crimen y ahora mágicamente la cadena de custodia del ADN desapareció”, declaró Jhon Pérez, padre de Keisler Pérez.
La exhumación del cuerpo ocurrió en presencia de la fiscal auxiliar N° 47, Franyelis Rivas, y el fiscal N° 82, Pedro Luis Caraballo, quienes también estuvieron presentes en la última audiencia.
El padre del funcionario policial, ahora acusado, relató que la audiencia se inició a las 4:00 p.m. y terminó a las 10:00 p.m.
“Cuando el abogado de Keisler presentó la prueba de ADN, la audiencia fue detenida y se reunieron en privado los fiscales y el juez, regresaron e informaron que continuarían al día siguiente. El viernes continuamos y terminamos casi a medianoche, a última hora fue cuando el juez dijo que irían a juicio porque la cadena de custodia del ADN desapareció”, precisó Pérez.
Ante tal acción, abogados defensores de los presuntos implicados informaron que apelarán la decisión y también denunciarán en la Fiscalía General de la República a los fiscales actuantes por el extravío de la cadena de custodia del ADN.
Organizaciones que defienden los derechos de la mujer y familiares de la víctima continúan en su petitorio de justicia. Aseguran que esperan que las investigaciones determinen qué fue lo que pasó el día de su desaparición y que los culpables reciban todo el peso de la ley.