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jueves, 22 octubre, 2020

Faes: en el ojo del huracán a un año del informe de Bachelet

El 5 de julio Michelle Bachelet pidió la disolución de las Faes por cometer "ejecuciones extrajudiciales principalmente contra jóvenes varones en barrios marginales". Este 15 de junio fueron imputados tres funcionarios por ejecutar a cinco hombres, entre esos a un escolta de Iris Varela

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Caracas.- Cinco hombres, entre ellos Wilmer Yánez Caraballo, de 40 años, quien formaba parte del equipo de seguridad de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Valera, fueron ultimados por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales el pasado 11 de junio en el sector La Cruz, ubicado en la carretera vieja Caracas-La Guaira. Hace un año, el 4 de julio de 2019, Michelle Bachelet pidió la disolución de este cuerpo por cometer «ejecuciones extrajudiciales principalmente contra jóvenes varones en barrios marginales».

Este 15 de junio, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab informó que los funcionarios Sandy Bracho, Juan Rondón, Kleiny Lemus, y Antony Castellar fueron presentados ante tribunales, luego que fiscales del Ministerio Público comprobaran que mataron a Arquímedez Ramón Martínez Fuenmayor, Andri Daniek González Narváez, Roger Blanco Narváez, Pedro Pablo Salcedo Herrera, y Wilmer Yánez Caraballo en un operativo policial.

De acuerdo con Saab, las víctimas se encontraban la madrugada del 11 de junio durmiendo en sus residencias cuando «comisiones de las Faes irrumpieron violentamente en sus viviendas. Posteriormente, los sacaron a la calle, y fueron conducidos a un sector boscoso de la barriada, donde fueron ejecutados».

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Los efectivos fueron imputados por los fiscales n° 49 y 81 del Área Metropolitana de Caracas por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible, luego que los acusadores constataran inconsistencias en las actas policiales, que informaban sobre un presunto enfrentamiento y establecieron la existencia de un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. También se apoyaron en la denuncia de familiares y vecinos que fueron testigos de las cinco ejecuciones.

Sin embargo, esta denuncia no es la primera que se genera en contra de funcionarios de las Faes en lo que va de año. De enero a mayo de 2020, miembros de este cuerpo policial han sido señalados por ser los victimarios de 64 casos de ejecución extrajudicial y de resistencia a la autoridad en la Gran Caracas, de acuerdo con datos de Monitor de Víctimas.

En tres años 540 funcionarios han sido imputados por delitos de homicidio

Según Tarek William Saab, desde julio de 2017 hasta la fecha, 786 funcionarios han sido acusados por los delitos de homicidio, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad, violaciones de domicilio. De ellos, se han imputado a 540, se ha privado de libertad a 426, y 140 han recibido sentencia condenatoria.

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Entre esas acusaciones, se encuentra la imputación de Alexánder Efraín Uzcátegui Flores, Semmy Wladimir Prin Morales, Hugo Rafael Martínez Sánchez, Richard Alfredo Sánchez Pérez, Meyfer José Díaz López y Francisco Jesús Paredes Peña, funcionarios de las Faes que fueron señalados de matar a Eligio Duarte y Fernando Lira dos funcionarios de la Policía Municipal de Chacao el 6 de marzo de 2019, en Guarenas, estado Miranda.

A los uniformados se les procesó por los delitos de homicidio calificado con alevosía por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible.

Pese a que el fiscal designado por la ANC dijo que 540 funcionarios de cuerpos de seguridad de Venezuela han sido imputados en los tres últimos años por violar los derechos humanos, no dio un parte detallado.

Se desconoce cuántos de ellos forman parte del cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana, cuyo patrón ha sido establecido por la ONG Proiuris en 16 : irrupción violenta en residencias y domicilios, concentración de la actuación policial en barrios pobres, las víctimas más frecuentes son hombres jóvenes en edad productiva, y las muertes son marcados como presuntos enfrentamientos calificados jurídicamente como resistencia a la autoridad.

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