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martes, 17 mayo, 2022

Dos implicados en la tragedia de Los Cotorros aún no han sido sentenciados

A dos años del suceso, la justicia aún no aclara la responsabilidad penal que tiene la persona que firmó el contrato para el alquiler del local donde un adolescente de 16 años accionó una bomba lacrimógena que acabó con la vida de 19 jóvenes

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Caracas.- El proceso judicial contra los acusados en la muerte de 19 jóvenes ocurrida durante la madrugada del 16 de junio de 2018 en el Club Social de El Paraíso, conocido como Los Cotorros, en Caracas, continúa sin la celeridad que exige la ley y, ahora, por la pandemia de COVID-19 se encuentra paralizado.

Eso no es lo único que impacienta a los familiares de las víctimas: a dos años del suceso, los adultos implicados aún no reciben sentencia ni las autoridades establecen la responsabilidad penal sobre la persona que firmó el contrato de alquiler del salón de fiesta, donde se hizo la celebración de prograduación y un adolescente accionó una bomba lacrimógena.

Gilberto Alejandro Petit Quintero, de 20 años, y María de los Ángeles Arcia, de 21 años, son los únicos dos de los seis detenidos que aún no han recibido sentencia firme por parte de la justicia. El proceso ha sufrido retraso debido al cambio del juez que lleva la causa. Pero, meses antes de que surgiera la emergencia por la pandemia, el juicio había sido pospuesto por razones burocráticas. «O no había despacho en el tribunal o no había traslado para llevarlos al juicio», resaltó Verónica Mendoza, abogada que asesora a los familiares de las víctimas.

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Petit Quintero se responsabilizó de ingresar la bomba lacrimógena al local que, previamente, había sido adquirida en Catia, según declaraciones del fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab. El Ministerio Público no ofreció más información sobre cómo se dio la compra del arma química que, en teoría, debía haber estado resguardada en los almacenes de la Fuerza Armada Nacional.

Arcia es señalada como responsable de permitir el ingreso del artefacto. La información preliminar indica que ella se habría encargado de contratar la seguridad del espectáculo. Las versiones sobre este punto aún son contrapuestas.

Los familiares de las víctimas, tras el relato de los sobrevivientes, señalan que en el club no hubo seguridad; pero un extrabajador del establecimiento consultado por El Pitazo señala que dos hombres se desempeñaron como vigilantes el día de la fiesta y escaparon tras la detonación de la bomba lacrimógena. El extrabajador del club declaró que desconoce qué empresa de seguridad contactaron los organizadores del evento.

Para los familiares de las víctimas, las autoridades aún deben investigar a los dueños de club social de El Paraíso. Este martes, 16 de junio, en una actividad religiosa realizada en memoria de los 19 jóvenes que perdieron la vida, exigieron que la administradora del establecimiento, Myriam Guzmán Cargua, que ya había sido detenida, sea citada nuevamente para rendir declaraciones.

«Si bien hay una responsabilidad de la persona que firmó el contrato, los responsables del local debían estar pendientes del ingreso de armas o de vigilar que los organizadores estuvieran haciendo las cosas correctamente», reflexiona Mendoza.

¿Quién firmó el contrato?

El Ministerio Público dictó orden de aprehensión contra Wilmer Acosta, de 45 años, quien sería el responsable de firmar el contrato con el local. La captura se ejecutó el 24 de diciembre de 2019 por funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes). Transcurridos 45 días, tras la audiencia preliminar, el Tribunal 5to de Control del Área Metropolitana de Caracas dejó en libertad a Acosta por no consignar pruebas suficientes que lo relacionen con la logística de la fiesta de prograduación.

Los datos parciales, obtenidos por los familiares de las víctimas, indican que Acosta refrendó el acuerdo con el club social por su hijo, que hace dos años tenía 17 años. Él habría participado en la organización de la fiesta con Jesús Navas y María de los Ángeles Arcia. «El papá firmó porque su hijo no podía por ser menor de edad», reveló el extrabajador de Los Cotorros a El Pitazo.

El contrato en el que Acosta habría estampado su rúbrica estipulaba que él, como arrendatario del local, se hacía responsable de la seguridad del evento y de los daños ocasionados durante su desarrollo. La cláusula cinco establece que el arrendador no se hacía responsable de los hechos fortuitos o de fuerza mayor que ocurriesen en el desarrollo de la fiesta. Por ello, los familiares insisten en que debe responder ante la ley.

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«Lo que no nos explicamos es cómo María Arcia sí está detenida por supuestamente contratar la seguridad de evento y Wilmer Acosta no tenga alguna responsabilidad. El fiscal que lleva el caso nos dijo que el tribunal no encontró elementos y lo dejó en libertad sin dar una explicación razonable», increpa Yelitza Morales, madre de Adrián Morales, uno de los jóvenes que falleció en Los Cotorros.

En principio, el evento en Los Cotorros se haría en abril, pero por temas de logística se cambió para el mes de junio. El extrabajador del club aseguró que Acosta pretendía celebrar, en un primer momento, un cumpleaños.

Tras la firma del contrato del alquiler del salón de fiesta, aún no se sabe nada sobre la participación de su hijo, hoy mayor de edad, en la organización de la fiesta de prograduación ni si estuvo presente en el espectáculo en el que se esperaban 180 personas y, luego, superó una convocatoria de 300, luego de que los organizadores permitieran el ingreso de más asistentes, entre ellos menores de 18 años, según supo El Pitazo al consultar a trabajadores del local y asistentes que sobrevivieron a los gases tóxicos. La versión preliminar que manejó el Ministerio de Interior y Justicia era que en el local había más de 500 personas.

Los familiares insisten en que, además de establecer la responsabilidad penal sobre todos los organizadores de la fiesta, el club social no sea reabierto hasta tanto el proceso penal no culmine. Hace dos semanas, informaron a la Fiscalía sobre unas reparaciones que se realizan en la planta baja del local y denunciaron una posible venta del establecimiento.

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