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jueves, 1 octubre, 2020

Claves | De «zonas de paz» a territorios del crimen

Aunque el gobierno niega su existencia y no hay ningún plan oficial, decreto u oficio escrito que establezca estos territorios sin ley, existen en la práctica. Criminales identificados y localizados por las autoridades policiales pueden estar a sus anchas y delinquir en un área de la ciudad con garantías

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Caracas. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) registraron nuevos enfrentamientos, este 25 de agosto, en la Cota 905, una conocida barriada caraqueña que desde 2017 se constituyó en «zona de paz». Esta última característica impide el ingreso de las fuerzas de seguridad pero, en un enorme contrasentido, en ella se resguardan «el Coqui», un peligroso pran, y su banda.

¿Cómo un conocido grupo criminal, identificado y localizado por las autoridades policiales puede estar a sus anchas y delinquir en un área de la ciudad con garantías de que la policía no entrará a ese territorio?

Aunque el gobierno niega su existencia y no hay ningún plan oficial, decreto u oficio escrito que establezca estos territorios sin ley, en su momento hubo señales y signos de esta declaratoria, y el término se hizo conocido y de uso común en la ciudadanía.

Zonas de paz, el origen

  • Con el fin expreso de promover el desarme de diferentes bandas delictivas, frenar los choques entre los grupos, el abandono de la violencia, e impulsar la reinserción social de sus miembros, en 2013 en el marco del Plan Patria Segura y a través del Movimiento por la Paz y la Vida, adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que coordinaba en ese entonces el viceministro, José Vicente Rangel Ávalos, se estableció un diálogo, en principio, con diferentes pandillas del estado Miranda. La exigencia primaria era la desmovilización y el abandono de la actividad criminal, a cambio de empleo, estudios, materiales para la construcción e insumos para la producción.


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  • La pacificación comprendía a los casi 80 municipios con la más alta criminalidad en el país. Al final del proceso de negociaciones, el viceministro de Seguridad Ciudadana presentó un balance en el que indicaba haberse reunido con 280 grupos delictivos, tras lo cual podía afirmar que algunas de las zonas en las que se encontraban eran a partir de ese momento «territorios de paz». Las bandas solicitaron que la policía no ingresara a estas áreas, mientras se desarmaban, por temor a ser atacados. No obstante, hoy, estas organizaciones se han fortalecido, aumentado su poder y tienen el control de estas zonas. Sus habitantes están subordinados a ellas, desasistidos, al no poder contar con protección policial.
  • La iniciativa también abarcó Caracas. El Cementerio, El Valle, La Vega y la Cota 905 son parte de estos territorios donde los vecinos no tienen paz. La geografía propia de las barriadas caraqueñas facilita la actividad delictiva y sus negocios ilícitos. En 2015,
  • Caracas contaba 90 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, según cifras del Observatorio Venezolano de Violencia. Ese año, las bandas de estos sectores se unieron para actuar contra los policías.
  • En el caso de la Cota 905, de la parroquia El Paraíso, la barriada fue el sector elegido en 2017 para el relanzamiento de los «territorios de paz», luego de las acciones adelantadas en la zona contra los delincuentes durante la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP) , y tras diferentes incursiones de las entonces recién creadas Fuerzas de Acciones Especiales (Faes). Las negociaciones fueron adelantadas por la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez; el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez; el ministro para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante y el presidente del Poliedro de Caracas, Antonio “Potro” Álvarez . Para la declaratoria de territorio de paz, las bandas debían dejar de robar, secuestrar y matar a civiles y policías.
  • En contrapartida, según trascendió para la fecha, el acuerdo de paz comprendía que se retirarían de los sectores Los Laureles y Las Cumbres los puntos de control de la Guardia Nacional que estaban allí apostados, se repararían las viviendas que fueron dañadas en las incursiones de la OLP, y además se garantizaba que funcionarios policiales y militares no entrarían en este territorio. Los cuerpos de seguridad desde entonces no pueden entrar a este territorio sin orden del alto gobierno. Sin embargo, en noviembre de 2017, el defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, negó que la Cota 905 fuese declarada zona de paz para impedir el patrullaje policial.


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  • En la incursión de este 26 de julio, quedó demostrado el poder de fuego que poseen estas bandas criminales al interior de las mal llamadas zonas de paz. Expertos en la materia señalan que estas organizaciones poseen armas de alto calibre como rifles, AR 15, AR 47 y granadas, por lo que se requieren de fuerzas de choque como la Brigada de Acciones Especiales del Cicpc para enfrentarlos. Los policías solo poseen un arma de reglamento, pistolas 9 mm. Un video publicado en las redes mostraba impactos de fusil en una tanqueta del BAE. En el enfrentamiento, cuatro funcionarios del Cicpc resultaron heridos. Se desconoce con certeza si las fuerzas policiales hirieron a algún miembro de la banda de «el Coqui».
  • Reiteradamente, expertos criminólogos han expresado su desacuerdo con el proceso llevado a cabo para la pacificación y desarme de bandas, que solo ha fortalecido a los grupos criminales. El abogado criminalista Luis Izquiel ha señalado, en diferentes momentos, que estas zonas de paz son «guaridas para megabandas delictivas» y han favorecido «el control territorial» de estos grupos, todo lo contrario a lo que se perseguía con la iniciativa, pero «ya el mal está hecho».
  • Las zonas de paz han derivado a territorios del crimen.
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