Caracas.- Luego de que se confirmara la muerte del ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Óscar Pérez como resultado del operativo policial realizado en El Junquito el pasado lunes, han aparecido reportes en la prensa sobre la intención de cremar el cuerpo de Pérez y sus compañeros abatidos.
En Venezuela, la Ley para la Regulación y Control de la Prestación del Servicio Funerario, sancionada en 2014, establece explícitamente los requisitos que se deben cumplir para que un cuerpo pueda ser objeto de cremación. Entre ellos figura, de forma clara, que el cadáver no sea objeto de investigaciones penales.
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En caso de que se proceda a la cremación, esta no sería la primera vez que el Estado realiza el procedimiento en cuerpos abaleados.
CLAVES
- Basamento legal. El artículo 24 de la Ley para la Regulación y Control de la Prestación del Servicio Funerario establece los requisitos para la cremación de cuerpos. Entre ellos especifica que para proceder a una cremación se debe tener permiso emitido por la autoridad competente, además de copias certificadas del acta de defunción, documentos de identidad del fallecido y autorización de los familiares. El artículo 28 de la mencionada ley prohíbe además, de forma explícita, la cremación de cualquier cuerpo que esté “sometido a un proceso de investigación penal o científica”. Entre los otros impedimentos se establece también que el cadáver tenga prótesis, marcapasos o cualquier otro instrumento de mercurio o material que obstaculice el proceso; que el cuerpo haya sido tratado con nitroglicerina tres días antes del proceso y que el fallecido no esté inscrito en el registro civil.
- Sin autorización. Según declaraciones de la esposa de Óscar Pérez, Danahis Vivas, el último apartado del artículo 24 no se cumple. Ninguno de sus familiares ha autorizado la cremación del cuerpo y exigen a las autoridades tener acceso para reconocer los restos. “La familia exige al Gobierno de Venezuela que permita identificar el cuerpo de Óscar Pérez. No autorizamos su cremación”, escribió Vivas en Twitter. El miércoles, sin embargo, la tía del ex funcionario, Aura Pérez, informó que había firmado el documento para retirar el cuerpo de su sobrino y afirmó que las autoridades le habían prometido retirarlo este jueves. A pesar de esto, no se pudo confirmar si tuvo acceso al cuerpo antes de firmar.
- Advertencias. El mismo día de la realización del operativo, la fiscal general de la República ahora en el exilio, Luisa Ortega Díaz, reaccionó a través de Twitter al operativo y lo calificó como una “ejecución extrajudicial”. Más tarde, en entrevista al canal CNN, se dirigió a los familiares de Pérez públicamente y pidió no permitir la cremación del cuerpo.
- Antecedentes. Si el cuerpo de Óscar Pérez no es entregado a los familiares y procede a ser cremado, el Estado repetiría el mismo procedimiento que aplicó luego de la muerte del delincuente José Antonio Tovar Colina, conocido como El Picure, durante un operativo a mediados de 2016. De acuerdo con registros de la prensa, en aquel entonces, el Estado cremó el cuerpo sin autorización expresa de los familiares, quienes habían manifestado públicamente su disconformidad. En aquel momento, el criminólogo Javier Gorriño criticó la medida y afirmó que la cremación “es contravenir flagrantemente la ley, pero no solamente se viola la legislación, sino que se vulnera la posibilidad de que en un debate judicial sea desvirtuada la experticia”.
- Violación de los DDHH. Varias organizaciones no gubernamentales, incluidas instancias internacionales como Amnistía Internacional, han rechazado la forma como se realizó el operativo, en el que las autoridades movilizaron tanques de guerra y emplearon lanzacohetes contra el grupo, según consta en videos difundidos en las redes sociales, y han pedido que se realicen investigaciones serias sobre los hechos.