Valle de la Pascua.– En los últimos cuatro meses, el tema del agua ha estado en el centro del interés de los vallepascuenses, debido a las fallas ocasionadas por la falta de inversión y mantenimiento en la Planta de Bombeo ubicada en la represa Tamanaco, del municipio Leonardo Infante del estado Guárico.
Lee también: Cerraron por dos días la vía entre Sucre y Anzoátegui para exigir suministro de agua potable
La escasez de agua potable en esta jurisdicción se está haciendo sentir inclusive en el llenadero de Hidropaez para las cisternas, ubicado en el sector La Romana. Las comunidades que esperan el recurso se quedan sin el aporte del camión, debido a que las piscinas de almacenamiento de agua de Hidropaez están vacías, lo que agrava la situación.
Durante una reunión efectuada en las instalaciones de la Guardia Nacional, las autoridades policiales y de seguridad del municipio Leonardo Infante, conjuntamente con representantes del Gobierno regional, acordaron tomar provisionalmente los pozos de agua para atender la crisis en esta entidad llanera.
La decisión ocasionó que los 18 aljibes existentes en casas particulares de esta ciudad dejaran de suministrar el agua a las personas que diariamente acudían a comprar con botellones y hasta pequeños tanques para solventar la escasez en sus viviendas.
José Ricardo Del Corral, propietario de uno de los pozos, denunció sentirse acosado y amenazado luego de que más de 50 funcionarios armados con fusiles hicieran acto de presencia en su vivienda señalando ser los encargados de ejecutar y hacer cumplir la medida de ocupación provisoria, que calificó de arbitraria.
Según las autoridades, el plan para atender la distribución del agua hacia los sectores populares de esta localidad se efectuaría hasta que sean instalados los tres motores del sistema de bombeo haciendo uso de los pozos privados.
Sin embargo, para Del Corral la intención del gobierno es hacer campaña a favor de la candidatura a la alcaldía del sector oficialista en este municipio, razón por la cual muchos cisterneros y propietarios de pozos mostraron su desacuerdo.
“La medida es un acto arbitrario e ilegal, constituye un abuso de poder; el Estado debió tomar las previsiones con prontitud, realizar la inversión necesaria y no esperar el colapso del sistema de distribución, incluso debe abrir sus pozos con recursos del estado y no de los particulares como pretenden hacerlo”, acotó.