AUDIO y FOTOS | CNE favorece a tres candidatos oficialistas y modifica en silencio datos electorales

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Caracas.- Una de las etapas que el Consejo Nacional Electoral no incluyó en el cronograma para las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del próximo 30 de julio, fue el período de subsanación del Registro Electoral, que comprende la consulta, impugnación y solicitud de incorporación o cambio en la base de datos de electores inscritos. Sin embargo, el árbitro hizo concesiones especiales y permitió a candidatos oficialistas hacer modificaciones por debajo de la mesa. Aquí las pruebas de que existen candidatos con privilegios electorales.

El jueves 22 de junio el portal del Poder Electoral indicaba que Héctor Rodríguez, jefe del Comando de Campaña de la ANC y aún diputado por la bancada gubernamental a la Asamblea Nacional –quien para convertirse en candidato a la Constituyente tenía oportunidad hasta ese día de separarse del cargo– votaría en la parroquia Vista al Sol del municipio Caroní, Bolívar. Tres días después, el domingo 25 de junio, la búsqueda arrojó un dato distinto: el centro electoral asociado a Rodríguez se ubica ahora en Río Chico, municipio Páez de Miranda.

La irregularidad se repitió con la primera dama, Cilia Flores. Inicialmente, sus datos reseñaron que sufragaba en la parroquia San Carlos de Austria del municipio Ezequiel Zamora, en Cojedes, entidad por la que resultó electa como parlamentaria revolucionaria en las elecciones del 6 de diciembre. De igual forma, y como por arte de magia, a los tres días apareció registrada en la parroquia La Candelaria del municipio Libertador, Distrito Capital.

Aún no hay registro público de que Flores y Rodríguez hayan renunciado a su curul en el Poder Legislativo, tal como lo ordena la novena cláusula de las Bases Comiciales propuestas por el presidente Nicolás Maduro y aprobadas en tiempo récord por el organismo electoral. La fecha límite fijada por el árbitro para completar este trámite culminó el pasado jueves 22 de junio.
También quedó constancia del incidente en el caso de Isaías Rodríguez, quien ni siquiera tenía oportunidad de participar en los comicios, en vista de que estaba inscrito en la sección consular de la embajada de Roma, Italia, pues al eliminarse todo candidato de categoría nacional en esta elección, fueron excluidos del padrón electoral los venezolanos residentes en el exterior. Ahora aparece como votante registrado en la parroquia Guarenas del municipio Plaza, en Miranda.

Así se registran varias transgresiones electorales de forma simultánea. Primero, el CNE no sólo negó la fase de reparos a quienes no fueron incluidos en el Registro Electoral (RE) –como los jóvenes con 18 años recién cumplidos o los extranjeros con más de diez años en el país, para quienes el ente no ha organizado operativos ni jornadas especiales de inscripción– sino a aquellos excluidos de los sub-registros sectoriales o que fueron incorporados indebidamente (Título III: artículos del 31 al 45 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales), mientras privilegió a escondidas los cambios para tres figuras de la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Según el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), siempre antes de celebrar una elección, el CNE “está obligado a publicar un Registro Electoral preliminar, un primer corte de data propenso a sufrir modificaciones durante el lapso de solicitudes e impugnaciones”. Esta vez no fue así. El organismo se saltó este paso y publicó un RE definitivo hasta el 30 de abril de 2017. ¿Qué justifica que unos venezolanos puedan cambiar sus datos y otros no?
Segundo, el ente aceptó las postulaciones de tres revolucionarios que no cumplen con el cuarto requisito de la cláusula séptima de la Bases Comiciales contenidas en el Decreto 2.830 de fecha 1° de mayo de 2017 (publicado en la Gaceta Oficial N° 6.295): “Haber residido cinco (5) años en la entidad correspondiente”, en caso de ser postulados territoriales. Por esta razón, fue introducido por Erick Izaguirre y Luis Mendoza un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para dejar sin efecto estas candidaturas.

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Tanto Héctor Rodríguez como Flores alegaron vivir en Bolívar y Cojedes respectivamente, bajo una estrategia similar, con la intención de competir en la contienda parlamentaria. Rodríguez, en cambio, ocupa desde 2011 el cargo mayor en la embajada italiana, del que tampoco se ha separado.
Esto se suma a la cadena de anomalías de un proceso que ha sido criticado desde el principio por carecer de respaldo popular –rechazado por alrededor del 80% de la población, según cuatro encuestadoras: More Consulting, Datincorp, Hercon Consultores y, más recientemente, Datanálisis–, por imponer una fórmula electoral inédita y nunca antes aplicada en Venezuela –criterios sectorial y territorial–, que genera serios cuestionamientos sobre la actuación parcializada de la autoridad electoral.

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