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viernes, 27 mayo, 2022

Abogada que lideraba red de corrupción fue condenada a tres años de prisión

El nombre de Aglaia Antonieta Márquez de Mendoza surgió por una investigación por delitos de estafas, hechos de corrupción y usurpación de funciones en instituciones como el Ministerio Público y la Faes en los estados Portuguesa Monagas, Zulia y en el Distrito Capital. Este 3 de marzo admitió los hechos y recibió la mitad de la pena, pero continuará privada de libertad por una solicitud judicial que mantiene en el oriente del país

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Acarigua.– Aglaia Antonieta Márquez de Mendoza, la mujer señalada en el 2020 de liderar una red de corrupción en Portuguesa y que operaba en los estados Monagas, Zulia y en el Distrito Capital, admitió los hechos por los que fue imputada y este jueves, 3 de marzo de 2022, 20 meses después de su arresto, fue condenada a tres años y un mes de prisión.

En su cuenta en Twitter, el fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro anunció la noche de este jueves la decisión judicial, detallando que Márquez Flores fue condenada por el Juzgado Cuarto de Juicio del Segundo Circuito Judicial Penal, extensión Acarigua, por los delitos de usurpación de funciones y suposición de valimiento.

Su nombre se hizo conocido el 1° de julio de 2020, cuando a través de una publicación que hizo en Twitter el Ministerio Público (@MinPublicoVE), se señaló públicamente que usurpaba funciones en instituciones judiciales y policiales y se dedicaba a extorsionar a personas que tenían problemas legales a cambio de dinero, además se afirmaba que estaban también detrás de los cómplices de la jefa de la red delictiva.

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Según los datos que obtuvo El Pitazo luego de su detención, Márquez Flores tiene 32 años de edad y estaba residenciada en una urbanización de la ciudad Acarigua, estado Portuguesa. Desde su aprehensión estuvo recluida en el Centro de Coordinación de la Policía de Araure, que funge como un reclusorio preventivo de mujeres.

En sus redes sociales posteaba gráficas promocionando la gestión, precisamente del fiscal general Tarek William Saab, y del director de la Faes, Miguel Domínguez.

El perfil de Instagram de Márquez de Mendoza aparecía definido como una figura política. En la descripción se presentaba como abogada penalista. Ambos hechos, más las fotos con indumentaria de la Faes y posando frente a la sede del Ministerio Público, ubicada en la avenida Alianza de Acarigua, fueron clave para hacer creer que sí era alta funcionaria de estos organismos.

Además, mostraba sus fotografías con personalidades del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), como Laura Alarcón, quien fue integrante de la Comisión de Economía de la pasada Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, en sus propias redes sociales se mostraba como una figura política.

24 horas después de anunciada su orden de arresto, el 2 de julio de 2020, funcionarios del Cicpc, delegación El Llanito, con sede en Caracas, lograron la detención de Márquez de Mendoza. Según fuentes policiales, la captura de la mujer se realizó luego de un allanamiento practicado en su residencia de Acarigua-Araure, donde se encontraba su mamá y sus dos hijos menores.

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Tras su detención, el 4 de julio, el Tribunal Cuarto de Control del Segundo Circuito Judicial Penal de Portuguesa, extensión Acarigua, le imputó, a solicitud del Ministerio Público, los delitos de usurpación de funciones, suposición de valimiento y estafa, último delito que fue desestimado en el proceso.

Sobre Márquez de Mendoza se procesaron en los organismos de seguridad siete denuncias por estafa. En las actas procesales, algunos de los denunciantes afirman que pagaron a la mujer 2.000 dólares en efectivo. Solo una de las siete víctimas no ofreció declaraciones en los órganos de seguridad tras haber formulado la denuncia.

La mujer les ofrecía resolver sus casos y exigía el pago en dólares. Manifestaba ser fiscal del estado Portuguesa y también, con otras víctimas, se hacía pasar como funcionaria de la Superintendencia de Bancos (Sudeban).

Pese a haber obtenido una baja pena por delitos menos graves, Saab indicó que el proceso de Márquez de Mendoza pasa al tribunal de ejecución, y continúa privada de libertad por otra solicitud judicial que mantiene en el estado Monagas, por el delito de extorsión.

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