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viernes, 29 marzo, 2024

30 años de El Caracazo: una masacre impune, sin respuestas

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Desde hace 30 años Hilda Páez ruega porque los policías que le dieron un tiro en el tórax a su hijo sean alcanzados por la justicia. Aura Lizcano quiere saber qué sucedió con su hermano. Ambas mujeres, desde marzo de 1989, asisten de forma mensual al Ministerio Público a verificar si se han dado avances en sus casos. Las dos son rostros de una masacre que no ha tenido respuesta.

El 3 de marzo de 1989, Hilda escuchó unos disparos mientras hacía el almuerzo en su antigua residencia ubicada en el barrio Maca de Petare. Nunca imaginó que se trataba de la sentencia de muerte de su hijo, un estudiante del liceo Gustavo Herrera, de 17 años, identificado como Richard Páez; una de las 300 víctimas de desapariciones forzadas, disparos indiscriminados por la fuerza pública y restos enterrados en fosas comunes que se dieron entre el 27 de febrero y 8 de marzo del 89.

Cuando Hilda salió a la calle, en horas del mediodía de ese martes, observó a funcionarios de la extinta Policía Metropolitana y les preguntó qué pasaba. Los efectivos le respondieron que un joven se había tirado de una platabanda; para su sorpresa, el adolescente era Richard. A pesar de la versión de los policías, la mujer pudo conocer la causa real de la muerte: hemorragia interna causada por un disparo en el tórax.

Policías Metropolitanos le dijeron que su hijo había saltado de una platabanda; el informe forense aclara que falleció de un disparo en el tórax | Foto: Francisco Touceiro

«Tras 30 años del asesinato de mi hijo, no se ha hecho justicia; el caso se encuentra en sumario. Cada mes voy a los tribunales, al Ministerio Público, pero no he recibido respuesta». La mujer tiene detalles de los funcionarios que presuntamente le dispararon a Richard. Sus conclusiones las recabó gracias a vecinos del barrio Maca, cuyas declaraciones permitieron construir retratos hablados. Sin embargo, esta prueba no ha sido suficiente para las autoridades, y en cambio han engavetado la investigación durante años.

Hilda ya no vive en Maca. Ahora reside en un apartamento en Palo Verde tras ser una de las 596 personas indemnizadas por el Estado en 2015, a propósito de las pérdidas sufridas en aquellos hechos. «Yo no quería recibir dinero por mi hijo. Me negaba a que su cabeza tuviera un precio. Cuando nos dieron el dinero, lo quería donar, pero la decisión de mi esposo fue comprar una mejor vivienda para nuestro segundo hijo y así lo hicimos».

30 años después anhela que se haga justicia con su hijo | Foto: Francisco Touceiro

Todavía no saben de él

Aura Lizcano también ha transitado la misma agonía que Hilda, pero ha tenido un aderezo: durante 30 años no ha tenido información de lo que le pasó a su hermano, José Miguel Lizcano, de 21 años, quien la noche del 28 de febrero salió de su vivienda a una de las canchas de la Cota 905, pero nunca regresó. El joven salió a distraerse, mientras a nivel nacional se llevaba a cabo un toque de queda ordenado por el expresidente Carlos Andrés Pérez.

José Miguel había prestado servicio militar en el Apostadero Naval de Turiamo, estado Aragua, por dos años; de acuerdo a Aura no le gustó el mundo de las fuerzas armadas, pero «él sabía cómo actuar en una situación como la que atravesaba Venezuela. Antes de salir nos mostró lo que debíamos usar para no vernos afectados por los gases lacrimógenos. Lo recuerdo como si fuera hoy».

La víctima salió de su casa pasadas las 6:00 p.m. Como el sonido de los disparos se incrementaba, su madre se preocupó y le dijo a Aura que lo buscaran, aproximadamente a las 7:00 pm. No pudieron, la policía detuvo a ambas mujeres en las escaleras y les dijo que el país estaba en estado de sitio. La hermana de la víctima relata que no pudieron dormir, y al día siguiente salieron de madrugada a buscarlo en comisarías, hospitales y la morgue con ayuda de la comunidad. Pese a los esfuerzos, no lo encontraron. Todavía no saben de él.

La familia de José Miguel todavía lo espera. No saben qué fue de él | Francisco Touceiro

Una de las pocas veces que Aura sintió que tendría una información certera de lo que pasó con su hermano fue el 26 de noviembre de 1990, día en que el gobierno autorizó sacar unos restos de La Peste, una fosa común del Cementerio General del Sur, donde funcionarios policiales y militares depositaron cadáveres durante El Caracazo.

«Sacaron 68 cuerpos, los guardaron en unos nichos. Mi fe junto a 16 familiares de desaparecidos estaba en conocer si estos cuerpos correspondían con nuestros familiares». Tras el esfuerzo de Aura por lograr que el presidente aceptara la exhumación de los cadáveres, se fue a su casa con las manos vacías; los exámenes forenses determinaron que ningún cuerpo compartía su ADN.

«Mi hermano sigue desaparecido. Después de 30 años su caso está en primera fase. No han salido testigos que me digan si lo mataron, se lo llevaron o qué otra cosa sucedió. Nadie vio nada», así narra Aura, la mujer que junto a su mamá siguen creyendo que José Miguel puede estar vivo «porque nunca vimos su cuerpo. No enterramos su cadáver. Mi mamá tiene 83 años y para ella él está por ahí. Muy pocas personas saben lo que es vivir con ese dolor».

«A veces mi mamá le deja a José Miguel la comida caliente en la mesa como a él le gustaba» | Foto: Francisco Touceiro

Derechos violentados

De acuerdo con el abogado Rodrigo Oquiel, de Cofavic, las madres, hijas, hermanas y familiares de las víctimas del estallido social en 30 años no han podido ver los expedientes, lo que califican como una violación a los derechos humanos. «La sentencia de la Corte Interamericana de derechos humanos manifiesta que el Estado debe encontrar e identificar los restos de todas las víctimas. Es necesario que se sepa quiénes murieron, cómo murieron y quiénes dispararon. La indemnización solo fue un paso, pero la impunidad continúa y eso ha contribuido que hoy por hoy se sigan violando nuestros derechos».


Es necesario que los familiares de las más de 300 víctimas se sepa quiénes murieron, cómo murieron y quiénes dispararon.

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