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domingo, 27 septiembre, 2020

Instituto Nacional de Higiene agota todas sus capacidades en rastreo de COVID-19

Con el avance de la pandemia en Venezuela, en el Instituto Nacional de Higiene se hicieron evidentes las deficiencias logísticas y de personal para enfrentar una emergencia sanitaria. Empleados aseguran que nunca se conocerán las dimensiones de la contingencia en el país

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Caracas.- Desde el viernes, 13 de marzo, los días no tienen fin en la sede del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel (Inhrr), en Caracas. En esa fecha, luego de que la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, confirmara los primeros casos de coronavirus en el país, el edificio se convirtió para sus trabajadores en un bunker. El déficit de personal ocasionó que para los más de 70 empleados la rutina metodológica para vigilancia de epidemias colapsara.

Con el avance de la pandemia, decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) dos días antes de que llegara a Venezuela, se han hecho más profundas las deficiencias. En el organismo falta personal, recursos y logística para el abordaje de una contingencia como la ocasionada por la propagación del COVID-19. En un inicio el Ministerio de Salud, organismo del que depende el Inhrr, dispuso que el procesamiento de guardias se haría en tres turnos. Esto se mantuvo así por más de dos meses, contaron a El Pitazo dos trabajadores cuya identidad se mantendrá a resguardo.

El 25 de mayo, cuando Venezuela superó el primer millar de casos acumulados de la enfermedad viral todo cambió. El progresivo incremento de contagios y la propagación del SARS-COV-2 en más de una docena de estados, en promedio diario, acercó un escenario planteado. Pero para el que no se habían dispuesto suficientes previsiones, recordó uno de los especialistas.

Recursos agotados

El protocolo interno del Ministerio de Salud sugería que cuando la mitad de las entidades que componen la división político administrativa del país presentara casos simultáneos habría que redoblar la capacidad de seguimiento . Se suponía que se ampliaría la cobertura de pruebas PCR (siglas en inglés de ‘Reacción en Cadena de la Polimerasa). Este paso del esquema jamás se cumplió.

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Con un personal agotado por las intensas jornadas de evaluación de las entonces decenas de muestras fue evidente la deficiencia de bioanalistas. A partir de ese punto de inflexión las alternativas eran pocas: “Se dejó de hacer un seguimiento priorizado a otras epidemias y áreas de atención del instituto para dedicarnos solo a las pruebas de coronavirus”, reveló una de las fuentes.

La reducción de controles para productos de consumo, propiciada por el incentivo a las importaciones, disminuye la carga de trabajo en las otras áreas desatendidas. Casi ningún producto exonerado en el decreto número 4.080, publicado en la Gaceta Oficial del 26 de diciembre 2019, pasa por la verificación legal para consumo en Venezuela. Es decir, en medio de la emergencia sanitaria más grave en más de 90 años, el país tiene en el mínimo nivel las tareas de registro sanitario y vigilancia de medicamentos, alimentos y bebidas.

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75% de las pruebas de COVID-19 que se aplican en Venezuela son de diagnóstico rápido adquiridas en China, según la Ocha| Foto: Cortesía @INHRR_Vzla

China al rescate

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La prioridad para la atención del COVID-19 se reiteró con el aceleramiento del ritmo de trasmisión, por el cual el número de casos notificados alcanzó un promedio diario de 1.000 infecciones en la segunda semana de agosto. Fue previamente, en la primera quincena de junio, con todo un trimestre transcurrido, que la situación para los trabajadores del Inhrr mejoró. Entonces se pusieron en funcionamiento unos equipos robotizados de fabricación china.

En total fueron cinco máquinas tipo «mgisp-960» las que llegaron a Venezuela el 6 de junio, confirmó el 10 de julio la ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, en una entrevista con Venezolana de Televisión. Cuatro de esos robots programados para la extracción de ácidos nucleicos se quedaron en el Inhrr. La capacitación para su maniobra y mantenimiento fue donada por el gobierno chino.

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El restante se trasladó al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic), que se habilitó para el procesamiento de muestras de PCR el 21 de julio. Estas leves mejoras descomprimieron la actividad de rastreo en el Inhrr. El despacho nocturno se asignó a un reducido equipo de guardia a cargo de supervisar la operatividad de los robots. La incorporación del Ivic supuso un aumento de la capacidad diagnóstica del doble.

Omisiones deliberadas

Entre ambos laboratorios procesan cerca de 300 pruebas diarias. En el reporte oficial se agregan otras 900 que son de diagnóstico rápido no confirmatorio, contrario a lo recomendado por la OMS, que el 9 de abril desaconsejo formalmente el uso de este tipo de test para despistaje masivo, dada su baja efectividad. La localización de los focos de infección implica, como estipuló la OMS en abril, una amplia detección. El Inhrr era la única institución en territorio nacional habilitada para el descarte de los casos.

Esta decisión se ratificó el 6 de marzo en un encuentro entre autoridades de salud y representantes del sector privado. La monopolización del procesamiento de pruebas se extremó con el decreto de alarma nacional firmado por el gobernante Nicolás Maduro. La orden era instaurar el hermetismo y evitar que la información epidemiológica fuera manejada por funcionarios distintos al Gobierno nacional.

Esta medida se complementó con la difusión oral del reporte de casos diarios. Los integrantes del Ejecutivo, sin preparación en epidemiología leen la actualización. Solo en una ocasión el parte fue ofrecido por el ministro de Salud, Carlos Alvarado. En Venezuela no se conocen detalles precisos y detallados acerca de los más de 30.000 casos que se acumularon hasta este miércoles, 19 de agosto. Datos como las comorbilidades de los fallecidos o el total de sospechosos procesados no se divulgan, como se debería informar en una alerta epidemiológica convencional.

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El organismo mantiene la producción de insumos, pero apenas cubre la demanda diaria | Foto: Cortesía @INHRR_Vzla

Registro opaco

Las estadísticas que presenta el Gobierno apenas son las mínimas exigidas por la OMS. En julio la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) expuso que solo 6% del total de pruebas que se aplicaron en Venezuela hasta ese mes era de PCR. Eso se traduce en 96.000 test en cuatro meses, alrededor de 900 diarios. Todos tardan entre 10 y 15 días en procesar. Y el rezago en la inclusión en el boletín oficial puede sumar 3 días más. Este retraso obedece a la lentitud para el traslado de las muestras desde las regiones. La falta de vehículos y personal capacitado para el manejo de material biológico también inciden.

En las complicaciones derivadas de la enfermedad viral también se rompen convencionalismos. Los tipos de sangre que, de acuerdo con estudios avalados por la OMS, sirven para diferenciar el rango de letalidad del COVID-19 son otra de las informaciones omitidas. Como parte de la política de opacidad no se discrimina entre el número de pruebas rápidas y las de laboratorio. Los kits de pruebas de la empresa china Guangzhou Wondfo Biotech Co Ltd representan 75% del total diario que reportan las autoridades.

El Inhrr mantiene una línea de producción de insumos propios. La desinversión en salud, anterior a la pandemia, causó que no se pudieran adquirir a tiempo los suministros necesarios para el nivel acelerado de procesamiento que requiere el coronavirus. Alrededor de 500 virocult, instrumento usado para el transporte de las muestras de PCR se producen en la edificación, situada en el campus de la Universidad Central de Venezuela. Los empleados recalcaron que su dedicación ha acortado la brecha del profundo déficit. Sostuvieron que, pese a su esfuerzo, la población nunca conocerá las dimensiones reales de la pandemia en Venezuela.

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