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jueves, 13 agosto, 2020

Gastos de pacientes graves con COVID-19 superan 30 salarios mínimos

El Estado solo cubre el tratamiento antiviral y hospitalización. Exámenes, tomografía y material médico corren por cuenta del paciente o sus familiares

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Caracas.- El diagnóstico de COVID-19 supone un gasto que muchos pacientes en Venezuela no pueden cubrir. Cuando la enfermedad se complica o detecta en sus fases más graves, el costo básico equivale a más de 30 veces el salario mínimo vigente. Aunque desde la detección el Estado se encarga de costos de traslado, aislamiento y alimentación, si el paciente requiere algún examen adicional, derivado de la infección, estos deben ser adquiridos por fuera.

La situación es similar cuando, por la evolución de la enfermedad, al diagnosticado se le receta algún medicamento fuera del esquema oficial gratuito. El gobierno garantiza combinaciones de tratamientos para todas las clasificaciones del padecimiento viral. Sin embargo, de presentarse alguna complicación subyacente, no prevista en el esquema terapéutico gubernamental, el paciente debe conseguir todos los suministros, incluido material de protección para el personal de salud.

“No me llegaron a intubar, porque mi problema para respirar cedió rápido, gracias a Dios. Para descartar la intubación me mandaron unas placas, que me tuve que hacer en una clínica. Me las dieron en CD y tuve que llevar una laptop para que la vieran en el hospital. Desde que me diagnosticaron estuve como asintomático como una semana. Luego me empezó un problema de tensión y en el hospital no había cómo controlarla. Tuve que comprar las medicinas”, contó a El Pitazo Edinson Pérez, dado de alta el 18 de junio pasado, luego 35 días en aislamiento.

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Diagnóstico a ciegas

Pérez pasó su convalecencia en un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) del oeste de Caracas. En ese periodo gastó poco más de 11 millones de bolívares. La cifra es 3.000% más alta que el salario mínimo ajustado a finales de abril a 400.000 bolívares mensuales. Solo en una placa de tórax gastó alrededor de 3 millones de bolívares. En total le hicieron dos radiografías, con 21 días de diferencia, para comparar la evolución del problema respiratorio.

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La lista de espera en hospitales a donde fue referido con una orden médica era de hasta 15 días. Por esto con su familia decidió realizarse el examen en un laboratorio privado. Otros 4 millones de bolívares gastó en medicinas para controlar la tensión y unos análisis de sangre, glicemia, colesterol y triglicéridos, a los que se sometió para descartar otras secuelas.

A las deficiencias técnicas y operativas del sistema de salud venezolano, se suman fallas en la logística de gestión de la pandemia. Durante más de 15 días, al final de su hospitalización, se presentaron retrasos en la entrega de la alimentación. Familiares lograron obtener un salvoconducto para llevarle diariamente el almuerzo y la cena. De no ser por el apoyo económico de familiares fuera del país, no hubiese podido costear ni la mitad de sus gastos, confesó.

Unas primas que están en Chile nos ayudaron con casi todo. Mi hermano en Ecuador también me ayudó a completar para los gastos. De no ser por ellos quizás me hubiese empeorado. Lo de la tensión fue por el virus, porque nunca me había dado nada de eso. Los médicos necesitaban los exámenes para saber si era el tratamiento de interferón lo que me estaba haciendo daño. Igual lo pararon por prevención”, contó.

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Riesgo adicional

La falta de tomógrafos, personal, insumos de laboratorio y la deficiente dotación en centros de salud públicos se suma como factor de muerte para infectados con síntomas de moderados a graves en el país. La deficiencia de equipos y suministros impide diagnósticos oportunos. De ahí el peligro, pues el COVID-19 avanza rápidamente y su comportamiento aún no está descrito completamente. Además, en muchos casos la detección temprana de trastornos puede hacer la diferencia en la duración del aislamiento, con todo lo que esto supone en materia de sostenibilidad del sistema de salud.

Hasta este martes, 7 de julio, más de 5.500 pacientes con COVID-19 permanecían bajo vigilancia médica, según el reporte oficial. Maylen Zapata es una de esos casos, debido a su condición como diagnosticada con diabetes tipo 2. Sin más opciones de las que ofrece la red de salud pública, espera que sus síntomas detectados hace 18 días no empeoren.

“Me han sugerido estudios, pero como no hay para hacerlos, me mantienen solo con el tratamiento del virus. Mis hijos están fuera, pero apenas les alcanza para mantenerse allá, porque por la misma pandemia todo está más difícil. Espero que en la siguiente prueba me salga negativo. Mi principal preocupación no es la enfermedad, sino que si me empeoro no voy a tener para curarme”, expuso.

Pese a que la guía de tratamiento, elaborada por el Ministerio de Salud, abarca desde complicaciones como fallas renales agudas, hepáticas, cardiovasculares, hasta trastornos de la coagulación, son pocos los hospitales que cuentan con los suministros especializados para atender estas alteraciones. La designación de los centros centinelas mejoró la disponibilidad de algunos suministros solo al inicio de la pandemia. El costo más alto de la propagación sale del bolsillo del paciente.

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