La Red de Derechos Humanos y la Coalición Intersectorial de Trabajadores del estado Lara convocan a una vigilia en la Catedral de Barquisimeto el jueves, 20 de junio, a las 4:00 pm, como parte de las protestas que se organizan a propósito de la visita de la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Venezuela.
Como parte de la campaña para visibilizar la emergencia humanitaria compleja, representantes del sector salud enviaron al equipo de Michelle Bachelet un extenso informe sobre las deficiencias en los servicios de salud pública de la región, anunció el presidente del Colegio de Médicos del estado Lara, René Rivas.
La compilación fue admitida por correo electrónico, aseguró.
“El gremio médico ha enviado a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU un informe con 200 casos en los que dejamos en evidencia la crisis sanitaria, no solo en el estado Lara sino a nivel nacional. Hemos visto cómo programas de salud que fueron propuestos por el Gobierno, como Barrio Adentro, se encuentran en las peores condiciones; el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cuenta con la suficiente dotación de insumos y material médico quirúrgico y no hay renovación de la infraestructura hospitalaria ni mantenimiento de equipos de alta tecnología”, declaró.

El informe incluye las muertes por la bacteria Serratia marcescens en el Hospital Universitario de Pediatría Agustín Zubillaga, la paralización de radioterapias y braquiterapias en el servicio de oncología del Hospital Central Antonio María Pineda en febrero de 2018 que dejó a 300 pacientes sin acceso a tratamientos, las fallas en las nueve unidades de diálisis del estado Lara que ponen en riesgo a más de 900 pacientes renales que reciben terapias poco efectivas y el abandono de las plantas físicas y equipos de alta tecnología en hospitales y ambulatorios.

El presidente del Colegio de Médicos del estado Lara responsabilizó a Maduro de la crisis sanitaria. Según cifras de la organización, los hospitales están en el mínimo de operatividad, apenas 20%.
Asimismo, culpó al Estado de las muertes de pacientes ocasionadas por la escasez de medicamentos para enfermedades crónicas.
Con el chavismo, agregó, se instauró en el sistema de salud pública la solicitud de insumos y medicamentos a los pacientes.
Personal de salud bajo ataque
La persecución en contra del personal de salud también forma parte de la compilación. Figuran las jubilaciones exprés en los hospitales del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Durante 2019 en Lara, tres médicos y una enfermera fueron objeto de este mecanismo retaliativo. Entre los afectados se encuentran los doctores María Auxiliadora y Honorio Anza, quienes denunciaron ante la delegación de Naciones Unidas las precarias condiciones de atención a pacientes durante su recorrido por Barquisimeto el 16 y 17 de marzo.
Además hacen mención de la apertura de procedimientos, despidos arbitrarios y la criminalización contra médicos y enfermeras que participan en protestas o solicitado el ingreso de la ayuda humanitaria al país, como los doctores Daniel Yépez y Marianyoli Ángulo de El Tocuyo.

Ambos fueron citados a declarar en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas después de mostrar en un video cómo era atendido un paciente en un centro asistencial sin insumos.
“El personal sufre de persecución laboral por parte de las autoridades regionales de salud. Hemos visto cómo se perdió el cadáver de un bebé en la morgue de Barquisimeto sin que se tomen las acciones judiciales correspondientes. Pero una enfermera por haberle dado una inyectadora al familiar de un paciente fue detenida por el Cicpc. ¿Por qué no actuaron rápidamente con la desaparición del cuerpo de un infante en la morgue?”, se preguntó.
Alertó que son vigilados y tienen los teléfonos intervenidos en un intento de silenciarlos.
Por la restitución de los derechos
El vocero del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del estado Lara, Omar Agüero, instó a Bachelet a declarar la emergencia humanitaria compleja en Venezuela y activar los mecanismos de protección para la restitución de los derechos de la población.
“Dos informes preliminares en 2017 y 2018, así como el pronunciamiento que la funcionaria emitió desde Ginebra, demuestran la gravedad y la magnitud de la severa crisis en Venezuela y su repercusión en los países vecinos por los cuatro millones de migrantes”, expresó.
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Agüero reiteró que deben imponerse garantías por la salud y la vida de los venezolanos, sometidos a cortes eléctricos y de agua diariamente, obligados a cocinar en leña y hacer colas por gasolina debido al colapso de los servicios públicos. “Estamos sobreviviendo”, precisó.
Entre tanto, la presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Blanca Terán de Arrieta, llamó a la alta comisionada de Naciones Unidas a “darle un auxilio al futuro de Venezuela” y alzar la voz por la destrucción de las casas de estudios superiores con plantas físicas en el abandono y presupuestos reconducidos desde 2007.
“El sector universitario en Venezuela dice SOS”, manifestó.
Asistencia social es deficitaria
Para el presidente del Comité de Derechos Humanos de Jubilados, Pensionados y Personas con Discapacidad, Edgar Silva, Bachelet también debe revisar la situación de los adultos mayores en el país. Indicó que Venezuela tiene programas de asistencia social, pero no de seguridad.
“Cuando vino la primera avanzada de la comisión tuvimos la oportunidad de reunirnos con ellos y entregamos un informe sobre la situación. Queremos recordarle a la comisionada que como presidenta de Chile hizo una reforma del sistema de seguridad social. En ese caso, creo que es bastante sensible a esta situación. En Venezuela no existe un programa de seguridad social sino asistencias: pensiones de miseria de 40.000 bolívares mensuales que no alcanzan ni para una caja de antihipertensivos”, reclamó.
Silva dijo que Maduro “decretó la eutanasia de los adultos mayores” que mueren por falta de tratamientos, desnutrición y están en situación de vulnerabilidad. “Las actas de defunción ni siquiera revelan las verdaderas causas de tantas pérdidas”, subrayó sobre los esfuerzos del estado para encubrir la crisis.