El director general de Actuación Procesal designado por la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, afirma que entregarán a la Corte Penal Internacional todas las pruebas que demuestran la masacre de El Junquito. Acusarán en la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro, al almirante Remigio Ceballos, a los generales Carlos Pérez Ampueda, Iván Hernández Dala y al mayor Rafael Bastardo
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Zair Mundaray, director general de Actuación Procesal del Ministerio Público, fue forzado a abandonar el país e irse a Bogotá por las investigaciones que realizó de los 142 asesinatos ocurridos durante las protestas de 2017. Allá acompaña a quien es su jefa, la fiscal general en el exilio Luisa Ortega Díaz.
Mundaray confiesa que tiene tiempo suficiente para investigar, sobre todo si llegan pruebas desde Venezuela que le ayuden a aclarar los acontecimientos, como la masacre del inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas,Óscar Pérez, y de sus otros seis compañeros, hecho del cual, afirma que tienen suficientes pruebas para demostrar que “la orden siempre fue asesinar a Óscar Pérez y a su grupo”.
Personal de un organismo de seguridad de Venezuela, logró llegar a Colombia. Se llevó consigo evidencias que sirven a Ortega Díaz y Mundaray para preparar las pruebas que presentarán en la Corte Penal Internacional, donde acusarán a Nicolás Maduro, al almirante Remigio Ceballos, jefe del Ceofanb, al director de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Pérez Ampueda; y al mayor Rafael Bastardo, director del Faes, como responsables de la masacre de El Junquito. “Tenemos a todos los máximos responsables identificados. La justicia penal internacional no se concentra en quién ejecuta, sino en quien da la orden”.
Antes de iniciar la operación, primero tuvieron que identificar el sitio en el cual se encontraban Pérez y sus compañeros. Cuenta Mundaray que, según los testimonios recopilados, la Dgcim llevó al sitio al médico William Aguado luego de un primer interrogatorio. Lo mismo hizo el Faes con Eva María Lugo y su hija Laura Vanessa Ruiz Lugo. “El hombre y las mujeres señalaron la casa donde se encontraba Pérez. Eso no los dijeron dos fuentes independientes. Óscar Pérez debía saber que a ellos los habían capturado. Aún así no huyó junto a su grupo”.
De acuerdo con la información aportada por el fiscal en exclusiva para El Pitazo, la Operación Gedeón se activó a las 11 de la noche del 14 de enero, cuando la Dirección General de Contrainteligencia Militar ordenó a 80 hombres alistarse para salir a la búsqueda de Pérez y su grupo.
Desde ese momento, expone, que según las versiones de testigos a los cuales han entrevistado, el comando de la operación la asumió el almirante Ceballos como jefe del Ceofanb, debido a que se trataba de una operación de guerra permisada por el presidente de la República, en la cual el ministro de la Defensa, general en jefe Wladimir Padrino López, no tenía ninguna potestad.
Considera que el diálogo que sostuvo Pérez con el mayor Rafael Bastardo fue uno de los momentos previos, pero que nunca estuvo planteado capturarlos vivos. “Bastardo hablaba de la presencia de un fiscal para negociar la entrega, pero allí nunca hubo un fiscal, porque Tarek William Saab no los dejó actuar”.
¿Cuánto eran los miembros del Faes en el operativo?
Eso aún no lo tenemos. Pero había policías y miembros de los colectivos. También participaron miembros de la Guardia Nacional y del Ejército, a uno de ellos lo trajeron para que dispara RPG.
Afirma Mundaray que el efectivo militar disparó cuatro cohetes con el lanzador RPG, de los cuales dos dieron en el blanco. “Menos mal no había otras casas alrededor”.
Sobre la participación de los meimbros del Cicpc, contó el fiscal que la información indica que Maduro y su entorno nunca confío en los miembros del cuerpo de seguridad del cual formó parte Pérez. “Consideraron que los integrantes del Cicpc no hicieron lo suficiente para buscar al inspector”.
Con fusil y sin fusiles
El fiscal resalta que antes de que asesinaran a Óscar Pérez y a su grupo, llegó al lugar el colectivo y miembros del Faes, Heykel Vásquez, acompañado de Nelson Chirino.
Testigos contaron que otros miembros de la fuerza especial de la PNB le dijeron a Vásquez y a Chirino que entraran primero. “Ellos caminaron en dirección a la casa decididos a ingresar. Pero un funcionario que forma parte del Faes les disparó. Le dio en la espalda a Vásquez y de un costado a Chirino. Así creyeron resolver dos problemas. Asesinar a Vásquez que debía saber mucho de delitos de esos grupos y culpar a Pérez y sus compañeros de haber matado a dos efectivos. Pero la mancha de sangre estaba cerca de un vehículo blindado, muy lejos de la puerta de la casa”.
Luego sucedió el asesinato de las siete personas atrincheradas en la casa. “Fue el Faes el primero en entrar a la vivienda”, indica Mundaray. Todos los fallecidos tenían tiro en la región cefalea.
Posteriormente, funcionarios del Faes tomaron fotografías de cómo quedó la escena. Ese hecho fue determinante, porque después llegaron los especialistas del Cicpc y recabaron nuevas pruebas fotográficas.
Dice Mundaray que en las fotos del Faes se ve a Pérez sin un cargador de fusil en el bolsillo del pantalón. Luego ese mismo bolsillo aparece con un cargador en la foto del Cicpc. Además, se nota que movieron los cuerpos porque quedaron charcos de sangre alejados de los cadáveres. También se encontraron los chalecos antibalas arrojados en las afueras de la casa.
Comenta que varios funcionarios tuvieron el descaro de tomarse fotos posando en el lugar del asesinato. “Ellos creen que no serán identificados, pero vamos a saber quiénes son, gracias a las fotos que tenemos y al testimonio de testigos”.
El representante del Ministerio Público en el exilio critica a quien nombró la Asamblea Nacional Constituyente como fiscal general de la República, Tarek William Saab, porque no permitió la actuación de los fiscales y aprobó la destrucción de la casa. “El primer deber de un fiscal es la preservación del lugar del suceso”.
Presión para la CPI
Asegura Mundararain que solo falta terminar el análisis forense y procesar unas entrevistas realizadas a testigos que se encuentran fuera del país, para acudir con todas las pruebas a la Corte Penal Internacional, donde esperan que haya una pronta respuesta.
¿La divulgación que ustedes han hecho de evidencias puede afectar el caso en la corte?
No, esto no afecta. Lo que estamos es poniendo más presión a la CPI. Ahora el mundo tiene que entender que la corte tiene todas las pruebas. A diferencia de otros casos, en esta ocasión es un grupo de expertos los que hemos estudiado las evidencias.
Señala que el proceso en la CPI es lento, pero espera que haya una rápida resolución y se castigue a los responsables de la masacre de El Junquito.