Ciudadanos encuentran en la venta de chatarra una vía para obtener ingresos y enfrentar la crisis que atraviesa el país. Desde automóviles viejos, tuberías, partes de la estructura de instituciones educativas, así como de las instalaciones petroleras y eléctricas abandonadas son desmembradas para vender el metal. El Gobierno es el principal comprador y se reserva la venta al exterior de este “material estratégico”. El Pitazo recogió información en ocho estados

Por: Marinelid Marcano

La creciente crisis económica y el desempleo, que el Fondo Monetario Internacional estimó en 47,9% en 2020, obligan a los venezolanos a buscar alternativas para subsistir. Desde mediados del año pasado, la venta de chatarra se convirtió en una forma de sobrevivir en el país, pues el precio del kilo va desde los 0,2 dólares hasta los 160 dólares dependiendo del metal, según conoció El Pitazo tras recopilar información en ocho estados de Venezuela.

En Venezuela se consiguen ventas no autorizadas de chatarra que se establecieron no solo en las principales ciudades del oriente venezolano, sino también en el resto del país.

Un ejemplo tangible se encuentra en las zonas petroleras, como El Tigre, en el sur de Anzoátegui. Rafael López es un extrabajador petrolero y uno de los tantos ciudadanos que opta por vender el material ferroso que consigue, sin que esto represente un hecho delictivo. Este es su oficio desde enero de 2021.


Es lo que tenemos que hacer para poder sobrevivir aquí en Anaco y no morirnos de hambre, con lo que vendo me dan entre 10 y 30 dólares

Delxi Martínez, residente de Anaco

“Ganarse 10, 30 y hasta 40 dólares en un día te ayuda, por lo menos, a resolver la comida. Eso es algo que trabajando en cualquier otro oficio no te lo ganas”, cuenta López, quien vendió la mayoría de las piezas de su Chevrolet Esteem, un vehículo que no pudo reparar desde que se dañó hace un par de años. Pero López también comercializa tubos viejos que tiene en el patio de su casa: los pica por partes y los vende.

En Anaco, estado Anzoátegui, Delxi Martínez es ama de casa y vende chatarra para comer. “Es lo que tenemos que hacer para poder sobrevivir aquí y no morirnos de hambre. Con lo que vendo me dan 10 y 30 dólares”, afirma vía telefónica. La mujer vende las piezas de hierro en una chatarrera en la autopista Anaco-Cantaura, donde la tonelada de hierro pesado cuesta 100 dólares y la tonelada liviana 40 dólares.

Desde 2018, la compra de chatarra es exclusiva del Gobierno en Venezuela. En el decreto presidencial número 3.586, publicado en Gaceta Oficial número 41.464, se especifica que la decisión fue tomada porque el aumento de su costo generó -además de un “mercado ilícito” con bienes que sirven para prestar servicios públicos- el contrabando de extracción. De hecho también puede venderla como material estratégico: el 16 de noviembre de 2019, el medio digital Bloomberg publicó un reportaje en el que indica que el Gobierno venezolano le vendió a Turquía 27.800 toneladas de chatarra para conseguir dinero. El medio especifica que la venta se realizó en agosto de 2019, según publicó en Twitter la Corporación Venezolana de Comercio Exterior.

Empresas constituidas

El 18 de enero de 2021, el gobierno de Nicolás Maduro oficializó, mediante el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, la creación de la Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (Corpoez) para comercializar productos derivados de pasivos ambientales, como los materiales en desuso de la industria petrolera o de la explotación minera, agua embotellada para el consumo humano y productos maderables y no maderables, entre otros, como la chatarra.

La Gaceta Oficial número 40.931 establece que son ocho las empresas autorizadas por el Gobierno para comercializar este tipo de material: Complejo Siderúrgico Nacional, Siderúrgica del Orinoco, Empresa de Producción Social Recuperadora de Materias Primas, Conductores de Aluminio del Caroní, Reciclajes Cuba Venezuela, Industria Nacional de Artículos de Ferretería, Fábrica de Estructuras Metálicas Leonarda Rivas y Centro de Producción Rines de Aluminio.

Adicionalmente, el mismo Gobierno autorizó a las gobernaciones y alcaldías a crear empresas para tal fin. El 11 de marzo, el alcalde del municipio Guanipa de Anzoátegui, Francisco Belisario Landis, informó mediante un comunicado que la Empresa de Producción Social (EPS) Argelia Laya, que funciona en la jurisdicción, firmó una alianza con la empresa Resimar, C. A. para la compra y venta de material ferroso de lícita procedencia.

El Pitazo conoció que la Gobernación de Vargas a través de una empresa llamada Legovargas C. A. también compra chatarra y la comercializa con otras empresas que por lo general son extranjeras. Legovargas trabaja para Corpoez.

En el caso del estado Carabobo funcionan ocho empresas que comercializan hierro y están obligadas a vendérselo al Estado. En los Andes venezolanos, específicamente en Valera, estado Trujillo, el negocio es netamente de aluminio, pues cuentan con el permiso de la corporación del Estado.

Cuando la necesidad aprieta

Pero no es común que la gente conozca a fondo leyes y esté al tanto de todas las decisiones administrativas del gobierno de Maduro y, por ello, sale a buscar cualquier artículo de metal que pueda vender para comprar comida. Así pasa en la población de El Pao, municipio Piar del estado Bolívar, donde sus habitantes aseguran que la compra y venta de chatarra es la forma de subsistir.

Por eso y bajo riesgo de ser detenidos, los residentes sacan el material del patio de chatarras de Ferrominera del Orinoco y por cada tonelada reciben 50 dólares como pago. La venden a camioneros que llegan desde el puerto de Guanta, estado Anzoátegui. El pasado 24 de marzo, nueve personas fueron detenidas por la Guardia Nacional por supuesta extracción de material estratégico.

La hermana de uno de los detenidos dijo en conversación con el equipo reporteril en Bolívar que esta es una práctica habitual con la que pueden ganar dinero para comer desde hace tres meses, pues en el pueblo no hay empleo. “Eso no es material estratégico. Es pura basura. Desde hace tres meses se está haciendo y se pasa por dos puestos de la Guardia Nacional y nunca habían dicho nada”, declaró vía telefónica.

El negocio

El negocio de la chatarra no es nuevo en Venezuela. Antes, los compradores recorrían las comunidades en camionetas y a través de parlantes anunciaban que compraban hierro, aluminio y cualquier otra pieza vieja o dañada. Pero también había chatarrera donde la gente podía acudir a vender pedazos de metal.

Ahora, los precios hacen que el negocio sea mucho más atractivo y lucrativo. Por ejemplo, en la zona centro-sur y norte de Anzoátegui, la tonelada de hierro pesado cuesta entre 100 y hasta 160 dólares, indistintamente del tipo de material. Comerciantes que se dedican a este negocio y que por seguridad prefieren omitir su identidad, explican que los precios inciden en la proliferación de comerciantes de la chatarra y de los cargamentos que llegan al Puerto de Guanta, donde al día ingresan entre 250 y 300 gandolas cargadas de chatarras. El 7 de marzo, un grupo de ellos aseguró que se observan camioneros que pasan hasta dos días esperando para vender la carga.

Aunque el gobierno de Maduro tiene el monopolio de la chatarra, en el interior del país se aprecia otra realidad. Quienes se dedican a esta actividad comercial al margen de la ley se han encargado de valorizar el material dependiendo del tipo y de la presentación.

En Monagas, el equipo reporteril conoció que la chatarra latón entera (carrocería de carros, lavadoras, neveras, láminas de zinc y tubo de herrería) es pagada hasta en 40 dólares y la picada en 60 dólares. En el estado Miranda el kilo oscila entre 0,3 centavos de dólar y 3 dólares el kilo, dependiendo del tipo de material.


Ganarse 10, 30 y hasta 40 dólares en un día te ayuda, por lo menos, a resolver la comida que trabajando en cualquier otro oficio no te lo ganas

Rafael López, desempleado de El Tigre

En Carabobo, el kilogramo de las piezas se cotiza igual, pero la tonelada de alambrón o arandelas se ubica hasta en 800 dólares. Mientras, en Aragua y Trujillo el hierro marginal es vendido desde 0,2 hasta 12 dólares.

Las personas que compran el material en Trujillo suelen trasladarlo a Maracay o Maracaibo para fundirlo y hacer utensilios, repuestos o incluso lo venden al Estado para su exportación.

Las comerciantes que llegan al Puerto de Guanta a vender la chatarra explican que conocen de camioneros que supuestamente pagan hasta 160 dólares por cada tonelada de hierro pesado o liviano que un tercero se anime a venderles. “Ellos se encargan de pagar el flete y la guía para el traslado del material hasta el Puerto de Guanta, por eso es que aquí se ve tanta gente vendiéndola”, asegura un comercializador de chatarra que pidió resguardar su identidad por temor a represalias gubernamentales.

Hacia el centro del país, en el relleno sanitario La Bonanza en Charallave, estado Miranda, existe otra realidad: los trabajadores del relleno deben pagar una vacuna al pran (delincuente encargado de la zona) para poder vender en el mercado negro todo el hierro, papel, aluminio, cobre y cartón que consiguen. Pero, además, ese trabajador es obligado a entregar al pran cada pieza de alto costo que consiga entre la basura.

Infraestructuras desmanteladas

Más allá de las ganancias que recibe la persona que se dedica a este tipo de actividad, están los estragos causados en las instalaciones petroleras, las educativas y otras infraestructuras que son desmanteladas para sustraer hierro, cobre, aluminio e incluso otros materiales, como la fibra óptica.

La escuela Simón Rodríguez de Fe y Alegría, en El Tigre, estado Anzoátegui, es una de esas instituciones: los delincuentes la han despojado de cabillas, tuberías y cableado para sacar el cobre. Por otra parte, Hidrocaribe denunció que los dos pozos de agua del campo San Remo de El Tigre, zona sur de Anzoátegui, fueron desmantelados en dos oportunidades para sustraer el cobre.

El concejal Omar del Nogal asegura que la planta de gas La Chicagua, municipio Simón Rodríguez de Anzoátegui, actualmente fuera de servicio, ha sido desmantelada por delincuentes que venden como chatarra las piezas viejas.

Destaca que en febrero de 2021 alguien hurtó una válvula de tres pulgadas de 150 libras; el hecho ocasionó que la presión de gas disminuyera en las comunidades que lo reciben de manera directa. A raíz de esto, las autoridades municipales solicitaron más patrullaje a los cuerpos de seguridad.


Esas empresas deben proveer al camionero de la guía de movilización para el traslado del mismo, que también implica el pago de vacunas en las alcabalas

Camionero, Guanta, estado Anzoátegui

El presidente de la Cámara Municipal de Simón Rodríguez, al sur de Anzoátegui, Alejandro Fuentes, declaró que ante los constante hurtos y destrozos a infraestructuras en el municipio para obtener chatarra para la venta, trabajan en la aprobación de una ordenanza municipal que ampare la acción de los funcionarios de seguridad en contra de quienes incurran en este delito, así como de quienes compran el material que sea de procedencia ilícita, bien sea de la industria petrolera o de instalaciones de la municipalidad.

El equipo de El Pitazo halló que entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 fueron detenidas 100 personas en seis estados del país por estar relacionadas con el robo y hurto de material estratégico. 30 de ellas fueron arrestadas en Monagas. Sólo en marzo de este 2021, entre la Subdelegación El Tigre del Cuerpo de Investigaciones Científica Penales y Criminalística (Cicpc) y el Destacamento de Seguridad Urbana 81 de la Guardia Nacional, han arrestado a 22 personas por el delito de hurto de material estratégico.

En los registros policiales se encuentra un caso más grave: el 14 de marzo murió Frank Javier Maita Yagua. El joven de 27 años fue aplastado por una torre de alta tensión cuando, supuestamente, hurtaba perfiles estructurales en el sector El Caris del municipio Simón Rodríguez, estado Anzoátegui.

El auge de la compra y venta de chatarra habla de la necesidad de tener un ingreso estable en Venezuela. Quienes fueron consultados para este reportaje coinciden en que seguirán, sin ponerse en riesgo, porque es la vía más expresa para hacer el dinero que necesitan para resolver la comida diaria, las medicinas y cualquier emergencia.


Con información de Giovanna Pellicani, Rossanna Battistelli, Pola Del Giudice, Lidk Rodelo, Nadeska Noriega, Ruth Lara, Génesis Figueroa, María Gabriela Danieri, Carlos Suniaga y Jesymar Áñez Nava

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