Un ecocidio se desarrolla en el sector La Concepción de La Sabana y parece que nada o nadie puede impedirlo. Ni los documentos de propiedad privada ni leyes vigentes o la voz del poder popular tienen valor cuando el Instituto Nacional de Tierras permite la deforestación de una zona protegida

Desde el mirador de La Sabana, uno de los pueblos costeros de la parroquia Caruao, al extremo este del estado Vargas, se ve la inmensidad de la bahía, una costa que lleva a espacios como La Boca y La Concepción, terrenos cuyas principales características eran sus tupidos verdes, la presencia de manglares y la riqueza ambiental.

Se habla en pasado porque desde ese mismo mirador ahora se observa una columna de humo que proviene de esos terrenos, símbolo inequívoco de la tala y quema que se ejecuta en una zona protegida, ante el caos institucional avalado por el propio Instituto Nacional de Tierras. 

Para los habitantes de La Sabana, lo que sucede en los predios de La Concepción es un ecocidio, que inició hace unos tres meses y que parece que no puede ser detenido por nadie. 

“Lo que pasa en La Concepción es un crimen. Acabaron con los árboles, arrasaron con todo. Eso era un bosque tupido y ahora es un peladero. Quienes están allí, le están echando veneno a los manglares, irrespetando todos los acuerdos ambientales a los que hemos llegado como comunidad. Cuando fuimos a reclamar a los dueños del terreno, nos encontramos con que es una invasión, pero los invasores tienen unos papeles que les otorgó el Inti (Instituto Nacional de Tierras), lo que nosotros mismos no entendemos”, relata un representante del Consejo Comunal José Leonardo Chirinos de La Concepción, quien pidió no mencionar su nombre por temor a represalias.

El lote de terreno donde hoy se comete el ecocidio es propiedad de la empresa Costa Caruao C. A., que posee la cadena de titularidad completa del terreno. A pesar de ello, la Defensoría Agraria y la Oficina Regional de Tierras en Vargas dictaron medidas de protección a un ciudadano llamado Adrián Trías Liendo, quien invadió en 2017 una parcela del lote y en 2021 realizó una venta a una tercera persona, de otro lote. 

De manera sorprendente, para la comunidad y para los legítimos propietarios, los nuevos pisatarios cometieron actos tipificados como delitos ambientales: quemaron y talaron los terrenos que colindan con la playa e irrespetaron, además, la norma que obliga a dejar sin ningún tipo de construcción la franja de quinientos metros sobre la marca de la marea más baja. 


Desde el consejo comunal siempre hemos hecho mesas de trabajo y se nos ha hablado de la vocación turística de La Sabana. Pero el desorden del propio gobierno nos está ocasionando estos problemas

Representante del Consejo Comunal José Leonardo Chirinos de La Concepción, La Sabana parroquia Caruao

“Desde el consejo comunal siempre hemos hecho mesas de trabajo y se nos ha hablado de la vocación turística de La Sabana. Pero el desorden del propio gobierno nos está ocasionando estos problemas”, expone la representante del consejo comunal. 

Para algunos lugareños, lo que ocurre en La Concepción es un patrón que beneficia a invasores con complicidad de algunas autoridades. “Entran al terreno y simulan ser agricultores. Entonces basándose en un tema de soberanía alimentaria, plantan algunos árboles de plátano y arrasan con el resto. Esto es lo que está ocurriendo con esta franja verde. Es decir, invaden, deforestan y los propietarios, que tienen un proyecto de ecoturismo que permitiría desarrollo y empleo para la zona, además de tener el aval de la comunidad de La Sabana, están de manos atadas, porque ni el Inti ni los tribunales dan respuesta”, relata Braulio Castillo, otro dirigente de la zona.   

Proyecto en riesgo

Cuando se recorre la playa de La Sabana, atravesando el sector de La Boca y al llegar cerca del río La Concepción, lo que más resalta es la pared natural de verdes tupidos enlazados con la arena y el mar. Pero la geografía cambia cuando se llega al terreno propiedad de Costa Caruao, afectada por los invasores. El verdor cedió a unas hileras de matas de plátano, una casa rudimentaria y un tanque de agua de color azul. 

“Esos terrenos fueron desafectados para el uso agrícola por el extinto  Instituto Agrario Nacional en 1.999. En ese momento se acordó su venta pura y simple a quienes los ocupaban, indicando que había un desprendimiento válido de la Nación.  Estos pisatarios, a su vez, vendieron en el año 2001 a Costa Caruao, el lote de terreno de 9,4 hectáreas, para desarrollar un proyecto turístico, ambiental y sustentable. Tenemos el proyecto, el aval de la comunidad, los estudios de impacto ambiental y las aprobaciones exigidas por el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Turismo. Un proyecto, que pretendía dar respuesta a la necesidad de hospedaje y permitir la reinserción de fauna y flora local, está siendo truncado por la falta de respuesta institucional”, explica el arquitecto venezolano Domingo Acosta, especialista en diseño sostenible, quien desarrolló el proyecto que ejecutaría Costa Caruao en La Concepción. 

Sin embargo, todo el plan se truncó, en primer lugar, por la invasión inicial de Trías Liendo, perpetrada en 2016, cuando el Inti le entregó una carta agraria para explotar la tierra, y más recientemente, con la venta ilegal ejecutada en 2021. De hecho, de las 9,4 hectáreas que los documentos de propiedad muestran que pertenecen a la empresa Costa Caruao, más de la mitad, están comprometidas por la invasión. 


Invaden, deforestan y los propietarios, que tienen un proyecto de ecoturismo, que permitiría desarrollo y empleo para la zona, además de tener el aval de la comunidad de La Sabana, están de manos atadas, porque ni el Inti, ni los tribunales dan respuesta

Braulio Castillo, dirigente y activista ambiental en La Sabana, parroquia Caruao

De acuerdo con los representantes legales de Costa Caruao, la invasión y daño ambiental cometido hace seis años fue denunciado ante el Ministerio Público y se inició un juicio en los tribunales penales de Vargas. Durante este proceso, el hombre señalado por cometer  la primera invasión, Frías Liendo, reconoció todos  los hechos denunciados.

«El tribunal admitió totalmente las acusaciones por la comisión de los delitos de contravención de planes de ordenación del territorio, ocupación ilícita de áreas naturales protegidas, cambio, obstrucción o sedimentación, incendio de vegetación natural y aprovechamiento de especies forestales en veda, según los artículos 38, 40, 56, 65 y 71 de la Ley Penal del Ambiente, por lo que le fueron impuestas medidas alternativas, debiendo reforestar la zona, medida que nunca cumplió. Igualmente formulamos denuncia ante el Ministerio Público por el delito de invasión, la cual fue tramitada, pero nunca se procedió a la imputación de cargos”, acota el representante legal de Costa Caruao, el abogado Manuel Rodríguez.

El Pitazo intentó contactar a Adrián Trías Liendo para este reportaje, sin éxito. Sin embargo, José Liendo, uno de los trabajadores que labora en el terreno, explicó que “este lote se lo dejó a él una tía. Hay unos caraqueños que dicen que es de ellos. Uno no se mete en ese pleito. Aquí la autoridad es el Instituto de Tierras y ellos le dieron la razón al primo”.

Así mismo, El Pitazo solicitó información oficial en la sede regional del Instituto Nacional de Tierras en el litoral central sobre el caso que dirimen Costa Caruao y Adrián Trías Liendo. Indicaron que por ser una investigación en curso, no se podía suministrar información del expediente. Sin embargo, una fuente extraoficial contó que el problema en este caso es “la postura del Instituto Nacional de Tierras, de no querer reconocer las ventas efectuadas por el extinto Instituto Agrario Nacional y obviar la vocación turística de la costa”.

Un desconocido con poder

A pesar de reconocer la propiedad de Costa Caruao, algunos residentes de La Concepción esperan que las autoridades sean las que diriman el destino de las parcelas en disputa. Pero lo que a su juicio no puede esperar, es detener el daño ambiental y definir la participación del Inti y de la persona que compró la última parcela, que está siendo intervenida.

“Se nota que es un hombre con poder y plata. Contrató a personas de otros pueblos para que deforestaran, trajeron las matas de plátano. Desde el consejo comunal le hemos indicado que están trabajando en la playa, que no deben dañar los uveros, pero los están secando con químicos. La Guardia Nacional viene y no hace nada, porque dicen que el Inti les dio permiso, pero aquí en la costa muchos estamos claros que lo verde y el turismo es lo que nos permitirá desarrollo”, reflexiona Urbano Escobar, vecino del pueblo costero.


Un proyecto que pretendía dar respuesta a la necesidad de hospedaje y permitir la reinserción de fauna y flora local está siendo truncado por la falta de respuesta institucional

Domingo Acosta, Arquitecto, especialista en diseño sostenible

Escobar apunta: “Toda la parroquia Caruao es una Zona Protectora de Suelos, Bosques y Aguas por decreto presidencial del 27 de mayo de 1974, y se le otorga a ésta el carácter de área con potencial turístico — recreacional.  Igualmente, hablamos del gobierno de Carlos Andrés Pérez, se declaró como Zona de Interés Turístico todo el litoral del estado Vargas y del estado Miranda, dejando sin efecto la vocación agrícola de esos terrenos. Aquí quienes tenemos conucos lo hacemos montaña arriba, no hacia la playa”. 

Y mientras el silencio institucional se alarga, la regeneración ambiental de La Concepción en La Sabana será más difícil y costosa, afectando el potencial turístico de la costa verde y dando un mensaje de inseguridad jurídica a los inversores. 

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