La Red de Resistencia Revolucionaria comando Lara ha rechazado mediante una serie de comunicados la “persecución y criminalización” de estos movimientos financiados con recursos públicos para defender a Nicolás Maduro

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A mediados de marzo, Nicolás Maduro en cadena nacional llamó a los colectivos a garantizar la “paz”. Desde entonces los integrantes de esos grupos de choque vuelven a ocupar titulares por sus actuaciones al margen de la ley y la protección que altos funcionarios del Gobierno les garantizan a la hora de ser capturados.

La Red de Resistencia Revolucionaria comando Lara –conformada por 30 movimientos denominados políticos y sociales– ha emitido sendos comunicados en los cuales rechazan la “persecución y criminalización” de los colectivos, adiestrados y financiados por el mismo Estado.

Los organismos de seguridad han filtrado minutas, fotografías y videos de tres procedimientos que involucran a 13 colectivos de Barquisimeto en robos, porte ilícito de armas y usurpación de funciones. Pese a las evidencias incautadas, los colectivos dicen que son falsos positivos para debilitarlos.

“Se hace del conocimiento público la guerra contra los colectivos sociales y revolucionarios, por parte de funcionarios del Cicpc”; “los cuerpos de seguridad arremeten contra los movimientos sociales, montando expedientes a los camaradas”; “dejan sin apoyo a la base social del proyecto revolucionario”, son los argumentos que esgrimen en la Red de Resistencia Revolucionaria, el Colectivo Alí Primera 4F y el Frente Revolucionario de Inquilinos y Ocupantes (Frío) en defensa de sus integrantes, implicados en escándalos y detenciones en los últimos tres meses.

Con porte de armas “si la patria lo requiere”

El 21 de marzo a las 5:00 pm José Gustavo Montilla amenazó de muerte a una mujer y le arrebató su teléfono al norte de Barquisimeto, subraya la minuta.

La víctima denunció el robo en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). A los 11 días, Montilla quedó arrestado y sigue tras las rejas.

En el allanamiento, los detectives encontraron una credencial del colectivo Alí Primera 4F con la fotografía y número de cédula de Montilla que “autoriza el porte de armas si la patria lo requiere”.

En las redes sociales del colectivo Alí Primera 4F afirman que las pruebas que incriminan a su compañero son sembradas.

La detención de Montilla abrió un debate dentro de los cuerpos de seguridad. En un artículo de La Prensa de Lara una fuente policial reveló que tienen luz verde para sancionar a los colectivos involucrados en actos delictivos.

Se hacían pasar por efectivos de la Faes

El 27 de abril, la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) divulgó una minuta sobre la aprehensión de cuatro antisociales por usurpación de funciones y tenencia de armas de fuego en las inmediaciones del Terminal de Pasajeros y el Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, luego de un choque vehicular. Se hacían pasar por efectivos de la Faes y un anónimo los habría delatado por una llamada.

José Ángel Vásquez Piña, José Miguel Contreras Mirabal y Yoiver Omar Escobar son tres de los capturados. Pertenecen a la Red de Resistencia Revolucionaria y dos de ellos, Contreras y Escobar, también son efectivos del Cicpc y la Guardia Nacional, respectivamente.

Vásquez, Contreras y Escobar participaron en los ataques a la protesta por la ayuda humanitaria realizada en el Hospital Central Antonio María Pineda ante la visita de la delegación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 17 de marzo.

“Estos camaradas que se encuentran presos en estos momentos fueron fotografiados e identificados como colectivos cuando se presentaron para prestar apoyo en una situación donde la oposición declarada quería hacer de este centro de salud su bastión con el tema de la ayuda humanitaria”, apunta la Red de Resistencia Revolucionaria en una de sus más recientes publicaciones en Facebook.

Para esta organización, en los cuerpos de seguridad estarían dando el visto bueno a la “Asamblea Nacional en desacato” que, agregan, propone “el desarme, la persecución o encarcelamiento” de los colectivos.

Liberados y protegidos por altos funcionarios

Marcial José Díaz, Jean Cristopher Rodríguez Díaz, Roxander Daniel Ollarves Galíndez, Carlos Alberto Escalona, Jona Richard Medina Hernández, Jorge Luis Goyo Mendoza y Hair Mendoza García son los siete colectivos capturados en flagrancia por la Policía de Lara el 1° de Mayo.

Robaron y encañonaron a manifestantes e hirieron de bala al oficial de la Brigada Motorizada Hernán Serrano. Portaban tres pistolas y dos escopetas e iban encapuchados a bordo de dos vehículos sin placas. Los soltaron a las pocas horas de su arresto por órdenes de la gobernadora Carmen Meléndez, reveló la ONG Funpaz.

Solo uno de ellos, Hair Mendoza García, fue presentado en tribunales. Lo absolvieron de tres cargos y no le dictaron privativa de libertad, a diferencia de las 23 personas detenidas en las protestas del mismo día.

“¿Es más delito manifestar que usar un arma y disparar? Pareciera que estas siete personas cometieron un delito menor”, se preguntó el coordinador del Foro Penal capítulo Lara, Abraham Cantillo.


En los organismos de seguridad se han filtrado minutas y fotografías de tres procedimientos donde colectivos figuran en robos, porte ilícito de armas y usurpación de funciones


Bajo la tutela de la Zodi

En las grabaciones que se viralizaron tras la detención de los siete colectivos, tres de ellos admitieron que el 1° de mayo habían salido a la calle por instrucciones del comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) número 13, el general Jesús Salazar.

“Nosotros somos del proceso revolucionario chavista (…). Hoy salimos a combatir a las personas que están en contra de este proceso y que están jodiendo a nuestro propio país; mancomunados directamente con la Zodi, con nuestro general Salazar”, confesaron.

En una carta firmada por el movimiento popular organizado detallaron que estos colectivos “realizaban labores de limpieza y desbloqueo de las calles” y dan por sentado que sabían que encapuchados provocarían un incendio en el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente de Iribarren con tres horas de anticipación.

Los colectivos fueron capturados a la 1:00 pm y a las 4:00 pm ocurrió el siniestro.

“Allí, mientras los camaradas hacían sus registros fotográficos y oculares de los fascistas que organizaban la quema, fueron interceptados por un grupo no mayor a 30 motorizados (de la Policía de Lara)”, reitera el escrito.

Para el diputado de la Asamblea Nacional Guillermo Palacios, esa declaración de los colectivos desmonta la versión oficial que acusa a manifestantes de causar destrozos en el edificio público.

Hair Mendoza es el único de los colectivos que fue presentado en tribunales; quedó en libertad | Foto cortesía Policía de Lara

En territorio de La Piedrita

Los seis integrantes de la Red de Resistencia Revolucionaria y Frio eximidos de cuatro delitos –robo, lesión a funcionario, resistencia a la autoridad y porte ilícito de armas –publicaron un video desde la parroquia 23 de Enero junto a Valentín Santana, fundador del colectivo La Piedrita, a los pocos días de su liberación.

“Hemos sido víctimas de la persecución por parte de factores infiltrados dentro del proceso revolucionario, por parte de algunos funcionarios de la Policía del estado Lara que han querido doblegar el movimiento popular. Aquí estamos firmes, dignos y avanzando en la construcción del socialismo”, destacaron en un video.

En la grabación, Santana envía un mensaje al fiscal general de la República. “Le pedimos que abra una investigación. No puede ser que una policía que uno cree que es revolucionaria entonces torture a nuestros compañeros y que los persiga”, reclamó.


Admiten que siguen órdenes del comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) número 13, general Jesús Salazar, señalado por el Bloque Parlamentario de encubrir a paramilitares con la gobernadora Carmen Meléndez


Colectivos piden sanciones

En la Red de Resistencia Revolucionaria señalan como responsables materiales e intelectuales de la “arremetida contra sus integrantes” al secretario regional de Seguridad, Kleyder Ferreiro; al comandante de la Policía de Lara, general Manuel Rivero Jiménez, y al jefe de la Brigada Motorizada de la Policía de Lara, Luis Piña.

Asimismo, emplazan a Nicolás Maduro, Carmen Meléndez y al alto mando político y militar a “tomar correctivos y medidas ejemplarizantes” contra los funcionarios que atentan contra sus movimientos.

“Hacemos un llamado a los órganos legislativos del estado para que tomen cartas en el asunto y se pronuncien contra la campaña que existe por parte de los medios de comunicación, en especial al diario La Prensa de Lara, quienes se han dedicado a desarrollar toda una campaña, haciéndose eco de las falsas informaciones, asumiendo el papel de juez”, suscribe la coalición de organizaciones chavistas.

La Brigada Motorizada de la Policía de Lara está en la mira de políticos y colectivos que culpan a este organismo de “vejar y maltratar” a sus compañeros de filas. Incluso el presidente de la Cámara Municipal de Iribarren y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Alejandro Natera, asomó que debería revisarse la actuación de los policías.

Por su parte, el Bloque Parlamentario y el Frente Amplio solicitaron en la Fiscalía Superior del estado Lara abrir una amplia investigación sobre las irregularidades de este caso. En la denuncia aparecen la gobernadora Carmen Meléndez y el general Jesús Salazar. Según el diputado Guillermo Palacios, ambos encubrieron a los colectivos armados. “Es un caso de obstrucción de la justicia y terrorismo de Estado. Es muy grave que paramilitares estén siendo amparados por funcionarios públicos. Es una política de gobierno en todo el país”, sentenció.

Palacios también pidió que sean citados los diputados, concejales y representantes de la Defensoría del Pueblo que habrían intercedido por la inmediata liberación de los colectivos armados el 1° de Mayo.

“Cometieron delitos probados, incluyendo intento de homicidio, porque accionaron el arma contra un agente policial”, acotó.

El diputado confirmó que seis de los siete colectivos implicados en el asedio de las protestas del Día del Trabajador tienen antecedentes penales y cargos en instituciones gubernamentales.

En un vehículo asignado a una Ruta Comunal andaban los colectivos armados | Foto cortesía Policía de Lara

Pasado turbio y antecedentes penales

No solo los colectivos que se hacían pasar por funcionarios de la Faes asediaron las protestas dentro del Hospital Central Antonio María Pineda ante la visita de la ONU.

Hair Mendoza García y Jona Richard Medina también. Estaban a escasos metros de la turba identificada con el chavismo que robó el iPad del jefe de información de La Prensa de Lara, Héctor Rodríguez, mientras que Jorge Luis Goyo sería uno de los siete encapuchados que secuestraron y golpearon a dos reporteros del mismo diario el 23 de mayo de 2017. El grupo tipo comando los interceptó en una protesta de estudiantes en la Universidad Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo) haciéndose pasar por el Sebin.

El periodista Luis Alejandro Montes de Oca y el reportero gráfico Xavier Pérez fueron encañonados y obligados a entregar el vehículo y sus implementos de trabajo. Después de varias vueltas, un convoy de la Guardia Nacional (GN) recogió a las víctimas y las dejó en la sede del Gran Polo Patriótico de Barquisimeto. El Ministerio Público no ha dado respuesta a la denuncia a casi dos años del hecho. Goyo y Medina además tienen entradas por invasión y alteración del orden público. Ambos son integrantes del grupo Frio.

En abril un miembro del colectivo Alí Primera 4F fue detenido por robar un teléfono. En la revisión le incautaron esta credencial, que ha causado polémica | Foto cortesía Cicpc

Amparados y coordinados por las autoridades

Una investigación especial para el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), publicada en Runrunes y El Pitazo en 2017, señala que los colectivos en Lara actúan desde 2002 “escudados en instancias de organización social creadas por el oficialismo”.

Según la ONG, “es en 2013, 2014 –y más abiertamente en 2017– cuando la actuación de paramilitares pasó de ser permitida por las autoridades y organismos estatales, a ser coordinada, desplegada y aupada, con decididos propósitos de criminalización y represión de la protesta pública mediante la ejecución de métodos extrajudiciales”.

El coordinador de Funpaz, Andrés Colmenárez, advierte que a partir de 2013 estos grupos de choque son tutelados por el alto mando militar y político de la región.

“El general Freddy Hernández Parababí, comandante de la Guardia Nacional en Lara, ordenó los días 15 y 16 de abril de 2013 el ataque y la salida de estos colectivos paramilitares para reprimir las manifestaciones. Luego, en el control de las manifestaciones de 2014 y 2015, tenemos que recordar la presencia del general Rafael Quero Silva, comandante del Destacamento 47. En 2016, el general José Rafael Torrealba, comandante de la Zodi, declaró en una entrevista que el uso de estos colectivos en el control del orden público estaba siendo aprobado por la Fuerza Armada. Este mismo general de alto rango dijo en un audio que se filtró después que era más fácil meterle un tiro en la cabeza a los manifestantes para replegar los focos de protesta”, agrega.

Colmenárez indica que hay un patrón en el empleo de los colectivos para atemorizar a la población.

Sobre el general de división Jesús Salazar, el comandante de la Zodi mencionado por los colectivos arrestados y liberados en tiempo récord, afirma que es quien dirige la represión ahora en 2019 y mantiene el patrón de sacar a los civiles armados para disuadir a los manifestantes.

“De los 22 asesinatos registrados en las protestas ciudadanas de 2017, al menos 14 se atribuyen a los colectivos paramilitares. La situación es Lara es preocupante porque encabeza las estadísticas de detenciones arbitrarias, asesinatos, persecución y de presencia de estos grupos”, advierte el defensor de derechos humanos.

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