Penados de la Comunidad Penitenciaria de Coro denunciaron que mueren lentamente de hambre y enfermedades, entre las que están la neumonía y la tuberculosis. Familiares y autoridades de los centros de reclusión piden –en medio de la pandemia por el COVID-19– celeridad en los procesos judiciales para descongestionar las celdas

Condenados a morir por tuberculosis, crisis hipertensivas o debido a la desnutrición, en las celdas policiales de Falcón y en la Comunidad Penitenciaria de Coro, los reclusos –más aún los penados– sufren por el abandono gubernamental en medio de la pandemia por COVID-19, sin que hasta la fecha hayan divulgado las cifras oficiales de los fallecimientos por estas causas.

La organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, capítulo Falcón, señala que cerca del 80% de los reclusos en esta entidad padece de tuberculosis. En sus informes, indican que hay hacinamiento en los 18 centros de detención preventiva de los organismos Polifalcón, Policarirubana, Polimiranda, Guardia Nacional (GN), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Desur, Cicpc, los cuales están distribuidos en Coro, Punto Fijo, Tucacas y Tocuyo de la Costa, en donde también existen casos de escabiosis y pediculosis (piojos).

La ONG afirma que el hacinamiento en los centros de detención policial incide en el aumento de los casos de tuberculosis, debido a que los reclusos sobreviven y duermen “unos sobre otros”. Las familias de los enfermos han solicitado de manera pública atención médica para quienes sufren de esta infección bacteriana en los pulmones y no solamente jornadas de despistaje de COVID-19, que también creen necesarias.

Según cifras de la ONG, durante 2020 han fallecido siete presos por tuberculosis, problemas relacionados con los riñones, desnutrición e hipertensión; entre ellos figura un narcotraficante oriundo de las Islas Vírgenes, dato que fue reconocido por el comandante de Polifalcón, Miguel Morales Miranda.


LA ONG UNA VENTANA A LA LIBERTAD, CAPÍTULO FALCÓN, SEÑALA QUE CERCA DEL 80% DE LOS RECLUSOS EN ESTA ENTIDAD PADECE DE TUBERCULOSIS


En la Comunidad Penitenciaria de Coro (Copeco) los fallecidos se elevan a nueve hasta la fecha. Tres murieron por arma blanca, uno por golpes y cinco por enfermedades como la tuberculosis, parálisis renal y desnutrición. Sus nombres se mantienen en reserva.
Fuentes extraoficiales informaron que a la fecha de publicación de este reportaje, dos reclusos se encuentran en el Hospital de Coro con diagnóstico reservado. Estos detenidos presentan síntomas de diarrea, fatiga, fiebre y descompensación debido a un cuadro de desnutrición severa.

Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones denunció a finales de mayo un presunto brote de tuberculosis en la cárcel 26 de Julio, en Guárico. En esa oportunidad, familiares reclamaron que al menos 28 reclusos estarían contagiados, sin asistencia médica habitual ni condiciones de higiene.

En el estado Falcón las denuncias de familiares no se hicieron esperar, las mismas fueron documentadas por la ONG Una Ventana a la Libertad, que a pesar de no contar con cifras oficiales, reconoce que el hacinamiento está haciendo mella en la salud de los penados.

Desnutrición

Desde el inicio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, en el mes de marzo, las visitas a los reos fueron suspendidas, lo que empeoró sus condiciones de salud, porque eran sus familiares quienes les llevaban los alimentos que consumían a diario.

Durante la semana del 10 de agosto, Morales Miranda manifestó a los medios de comunicación que se retomaría la entrega de alimentos por parte de los familiares a los reos, pero ahora pasarían por dos filtros: primero la revisión general; y segundo, pondrán la comida una hora bajo el sol para que el calor que supera los 38 grados logre eliminar cualquier virus.

Los centros de detención que presentan mayor hacinamiento están ubicados en Carirubana, Coro y Tucacas, donde abundan los casos de escabiosis y enfermos de hipertensión arterial. Los familiares de los afectados no conocen su estado de salud después de cinco meses de cuarentena, período en el cual han restringido notas o mensajes privados escritos en papeles y solo han aceptado la entrega de alimentos en bolsas plásticas.


EN Copeco LOS FALLECIDOS SE ELEVAN A NUEVE HASTA LA FECHA. TRES MURIERON POR ARMA BLANCA, UNO POR GOLPES Y CINCO POR ENFERMEDADES COMO LA TUBERCULOSIS, PARÁLISIS RENAL Y DESNUTRICIÓN


Hacinamiento y retardo procesal

Jesús López Marcano, director de la Policía Municipal de Carirubana (Policarirubana), donde la capacidad es para 20 detenidos por un período de 48 horas, como lo estipula la ley venezolana, mencionó en el mes de junio de 2020 que albergan a 341 personas. Aseveró que hacen lo posible por tener unos espacios acordes en medio del hacinamiento.

Otra causa del hacinamiento es la paralización de los procesos judiciales en los tribunales penales del país, a consecuencia de las medidas de cuarentena, lo cual agrava la situación en aquellas instancias policiales que cuentan con calabozos para detenciones preventivas.

Aún en la espera de se tome en cuenta en las próximas flexibilizaciones la apertura de los tribunales judiciales a fin de agilizar los procesos y acelerar los traslados, Marcano entiende que las medidas por la pandemia del COVID-19 son estrictas, por lo que se han atendido los casos de flagrancia y los que ya estaban previstos, pero el resto de los procesos están paralizados.

“Esperamos que quienes ejercen la rectoría en el sistema judicial estén evaluando algún método alternativo para dar fluidez a las audiencias», apuntó el comisario.

Dijo que es importante señalar que tener 341 reos en estos calabozos representa un gran riesgo para la salud del personal y la integridad física de todos, así como una posibilidad mayor de intentos de fuga.

En la comandancia policial de Coro existe una población de 269 detenidos, cuando su capacidad es para un máximo de 150; en Tocuyo de la Costa están detenidas 100 personas, mientras que su espacio es para 40; y en Tucacas se duplica su capacidad (20) con 40 presos.
Piden atención médica

En Falcón se han otorgado 160 excarcelaciones debido a la pandemia del COVID-19, sin participación de los tribunales y, según especialistas, sin respetar el estado de derecho, solo con la finalidad de descongestionar la Comunidad Penitenciaria de Coro (Copeco).

Álvaro Graham, director de Copeco, informó que se espera que culmine la cuarentena para trasladar a 85 penados que se encuentran en las celdas de los centros de detención preventiva, en las comandancias de Polifalcón.


Otra causa del hacinamiento es la paralización de los procesos judiciales en los tribunales penales del país, a consecuencia de las medidas de cuarentena, lo cual agrava la situación en aquellas instancias policiales que cuentan con calabozos para detenciones preventivas


Sin embargo, los reclusos han denunciado a través de sus familiares que los «están matando lentamente de hambre y enfermedades» de todo tipo, entre las que están la neumonía y la tuberculosis.

Aseguraron que todos los días la ración de alimentos que les suministran consiste en un plato de arroz sin ningún tipo de proteína. Por esa razón, así como por las malas condiciones higiénicas, denuncian que presentan desnutrición y diarreas. Graham informó que 272 penados tienen bajo peso, por lo que reciben doble ración de alimentos.

“No permiten pasar ningún tipo de paquetes, ni artículos de uso personal. Todos los días se llevan a uno de aquí al hospital porque el servicio médico no funciona, no hay medicamentos y menos médicos o enfermeras. Las visitas están suspendidas desde que comenzó la cuarentena y hay gente que ya cumplió su pena y aún está aquí», dijo un preso que no quiso identificarse por temor a represalias dentro del penal.

Tratos crueles e inhumanos

La administración carcelaria, centralizada por el Poder Ejecutivo, presenta fallas que cobran vidas en los recintos, entre quienes esperan algún auxilio médico o, incluso, el derecho a ser libres.

Entre los principios fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el tratamiento de los reclusos, denominados Reglas Mandela, aprobada por la Asamblea General el 17 de diciembre de 2015, están el respeto a la dignidad y el valor inherente de los reclusos como seres humanos, ninguno deberá ser sometido a tortura o tratos crueles, inhumanos o indignantes y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación de lo contrario.

Las madres de presos en los centros de detención en Coro y Punto Fijo piden que se cumpla esta premisa, porque comparan como una clase de tortura el que sus hijos estén enfermos, sin posibilidades de traslado a un centro asistencial o sin tratamiento médico para los casos de tuberculosis.

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