Pagar por las cajas Clap es tan difícil como verlas llegar

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PRIMERA ENTREGA


Aunque desde el Estado venezolano intenten unificar precios, y combatir la reventa y la corrupción, el manejo del beneficio alimenticio de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) está a total discreción de los líderes políticos de las barriadas populares que establecen precios, entregas y formas de venta a su criterio. En este especial de tres entregas se conocerá cómo funcionan los precios, la corrupción y la discriminación dentro de un programa de ayuda que es un espejismo

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“Con lo que cuesta esa caja a uno le sale mejor venderla y rebuscarse, que comérsela”, comenta un muchacho moreno que está parado en la calle “del reloj” de Petare, cuidando unos cinco kilos de arroz, cuatro de pasta, dos latas de atún y tres bolsas de leche que reposaban sobre una cesta vacía.

A su lado, unas 10 personas más, entre hombres y mujeres, hacen lo mismo,  pero gritan: “cambio, vendo, compro arroz, lenteja, pasta… La caja completa”. Con lo que exhiben sería posible armar unos 15 combos completos de esos que reparten los Comités  Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), para volver a sellarlas y llevarlas a alguna comunidad, pero en cambio, ellos  revenden lo de su familia y compran hasta por 20 mil bolívares soberanos las que otros ciudadanos llevan a la zona para revender.

Unas lentejas pueden costar 3.000 bolívares; un kilo de leche en polvo 5.500, y hasta 4.000 bolívares piden estos revendedores por una lata de atún. Quienes optan por vender lo que contienen sus cajas Clap aseguran que la ganancia es de 10 o 15 mil bolívares por encima de la inversión y que el monto varía tanto como el que cobran los consejos comunales para despachar el beneficio en las comunidades.


A partir de 2016, los Clap se convirtieron en el sustento de las familias más empobrecidas del país


Dependiendo de la zona en la que se viva, la caja puede costar desde 1.500 bolívares hasta 30.000 bolívares. Eso sin contar los 1.000 o 2.000 bolívares que solicitan los líderes vecinales para pagar el transporte de las cajas.

Mientras tanto, los abusos ganan terreno. Un revendedor de productos del Clap denunció que son los propios funcionarios de las instituciones públicas quienes les ofrecen cajas selladas para tranzar en el mercado informal. “Los mismos Polisucre nos venden las cajas o nos piden que las busquemos en un galpón que tienen en la zona y después se inventan operativos para arrebatarnos la mercancía”, denunció.

Aunque prefirió omitir su nombre, este ciudadano comentó que vendiendo su caja y comprando otras que le ofrecen logra ganar un poco más de dinero y quedarse siempre con lo que necesita para su familia.

¿Ayuda o no?

El beneficio de los Clap nació bajo el Decreto Nro. 2.323 con el que Nicolás Maduro declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el país, con fecha del 13 de mayo de 2016. En este documento se establece la garantía de que “la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad” será labor de los Clap, “incluso, mediante la intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana…”.

La gaceta indica que son las organizaciones del poder popular las encargadas de vigilar estos comités en los que recae la tarea de alimentar a la población. Esto ocurre en medio de una crisis humanitaria compleja caracterizada por la escasez y el limitante poder adquisitivo que ha derivado en que 48% de los hogares venezolanos sean globalmente pobres, y que 94% sean considerados pobres por insuficiencia de ingresos para costear bienes y alimentación, esto de acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), 2018.

A partir de 2016, los Clap se convirtieron, entonces, en el sustento de las familias más empobrecidas del país que confiaron su mesa a la distribución de esta caja y redujeron la exclusividad de su dieta a los productos que traía dentro.


Quienes optan por vender lo que contienen sus cajas Clap aseguran que la ganancia es de 10 o 15 mil bolívares por encima de la inversión


Para el momento de su introducción, el combo subsidiado costaba 10.000 bolívares, de los viejos, era lo que costaba el combo subsidiado cuando empezó a ser repartido en todas las zonas populares. Era el mismo precio para  toda Venezuela, pero hoy la realidad es otra.

Solo en Caracas, el precio de la caja Clap varía, dependiendo de la zona en la que se entregue. Adela Rosales vive en los Jardines de El Valle y el mes pasado pagó 4.000 bolívares para obtener dos kilos de pasta, tres de arroz, dos atunes, dos kilos de harina, un aceite, una salsa de tomate, dos paquetes de granos y una mayonesa. Para la venta del combo que se aproxima, Adela deberá transferir a uno de los miembros del consejo comunal 9.000 bolívares, más 500 que equivalen al transporte de las cajas hasta la comunidad.

En cambio, Leidy Acosta, que vive en Las Vegas de Petare, pagó 7.500 bolívares a los de su consejo comunal para recibir la última caja que llegó al barrio hace más de 15 días. Un aumento de 500%, considerando que para el mes de abril pagó tan solo 1.500 por los mismos 17 productos que contiene el combo. Las cosas cambian en zonas del oeste caraqueño como Antimano, donde los beneficiados pagan 3.000 bolívares en efectivo y obtienen una bolsa con 19 productos que, en ocasiones, incluyen harina y leche de marcas venezolanas.


Dependiendo de la zona en la que se viva, la caja puede costar desde 1.500 bolívares hasta 30.000 bolívares


Incluso, hay quienes aseguran pagar hasta 30.000 bolívares por el beneficio en zonas como San Antonio de los Altos o Chacao. Aunque muchos omiten sus nombres por miedo a ser excluidos de esta “ayuda”, los vecinos de zonas consideradas de clase media afirman que los costos de sus cajas sobrepasan el patrón establecido en el resto de Caracas.

Barato, pero impagable

Datos del Ministerio de Alimentación arrojan que desde octubre de 2018 se ha elevado en 60 ocasiones distintas el precio de la caja Clap y se ha incrementado su valor en 5.900% desde entonces. Todo esto como resultado de las distintas reconversiones monetarias que ha sufrido Venezuela. A inicios del año 2018 el precio del beneficio aumentó a 25.000 bolívares; en octubre de ese año, tras la eliminación de cinco ceros a la moneda, pasó a costar 100 bolívares y en algunas comunidades alcanzaba hasta 300 bolívares, a lo que se suma el traslado que algunos líderes piden a los beneficiarios.

Para el primer semestre de 2019, el precio se mantuvo extraoficialmente en las zonas populares entre los 500 y los 800 bolívares, hasta que en abril se aumentó oficialmente a 2.500 bs. “Yo he estado pagando 1.500 hasta finales de mayo que nos cobraron más del doble y nos dijeron que era una instrucción el aumento”, contó Roberto Machado, vecino de Ojo de Agua, en Baruta.  Miguel Marín, secretario de soberanía alimentaria del estado Miranda, informó que a partir de este mes de junio entraría en vigencia el nuevo precio de las cajas en todo el país de 6.000 bolívares. El problema, para muchos, es la incapacidad de costear este aumento de 140%, que, aunque parece “barato” para quienes tienen mayores capacidad es adquisitivas, representa un desbarajuste en el presupuesto de aquellos que dependen de un sueldo mínimo de 40.000 bs al mes.

La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2018 determinó que 7,3 millones de hogares venezolanos reciben este subsidio y que este año el alcance del beneficio subió 20% con relación al año anterior, sin embargo, dejó constancia también de que cada vez es más necesario contar con mecanismos de control social como el carnet de la patria para obtenerlo.


Es que es barato, pero impagable para los que no tenemos nada…Cada vez que suben esa caja uno pare más y más para conseguir el dinero

Yuleisys Quejano, vecina de El Hatillo

Renato Rengifo y Miguel Antequera son pensionados, viven en Fechas Patrias, en Petare, y reconocen el “sacrificio” que representa para ellos pagar estos 6.000 bolívares que se transforman en 7.500, sumando el traslado que cobra el consejo comunal. “Lo que ayuda es que viene cada dos meses o mes y medio, entonces uno tiene chance de reunir porque hay que pagar en efectivo y aun así aquí  hay mucha gente que no puede pagarla”, explicó Rengifo.

El señor Antequera asegura que muchos viejitos del barrio tienen que pedir prestado a la gente que trabaja para poder pagar la comida. “Aquí uno cobra 40.000 bolívares, pero si compras medio kilo de queso, unos huevitos y mortadela para completar el salado, más lo que pagas en la caja, ya no hay dinero y a los diez días –cuando vives solo- tampoco hay comida otra vez”, dijo.

“Es que es barato, pero impagable para los que no tenemos nada…Cada vez que suben esa caja uno pare más y más para conseguir el dinero. Por aquí poquita gente tiene un buen trabajo y entonces le toca a uno la caridad para ayudarse”, fue el comentario de Yuleisys Quejano, que vive en la zona rural de El Hatillo.

Además, quienes reciben la ayuda se quejan también de la irregularidad del beneficio y de las deficiencias cuando finalmente llega. En el barrio caraqueño José Félix Ribas reportan que entre mediados de mayo y principios de junio ya han pagado 6.500 bolívares en dos ocasiones, y los que viven en zonas más altas dicen que la caja llega con tan solo ocho o nueve productos que no alcanzan para dar de comer a una familia promedio de cinco personas.

“Aquí todos nos ayudamos. Yo pago la mía y la de la vecina y, cuando yo no tengo, ella me ayuda a mí, y así hará todo el mundo porque cobrando 15.000 el día por limpiar casas, cuando me salen, ¿cómo voy a poder pagar eso? Cuando llegue a diez mil me iré a quedar sin comer”, fue el testimonio de Graciela Tovar, residente de esta comunidad del municipio Sucre.

Sin embargo, Freddy Bernal, Coordinador Nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción justificó los aumentos de este programa social al decir en una transmisión de VTV que el precio de los productos contenidos en la caja representa 10% del valor que tienen los mismos en mercados comunes de toda Venezuela. El dirigente aseguró que se trata de “una de las herramientas estratégicas del Estado para combatir la guerra económica que afecta el acceso del pueblo a los artículos de la cesta básica”.

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