La emergencia generada por el COVID-19 obligó a Nicolás Maduro a aumentar la asignación de bonos de protección social el año pasado, cuyos montos superan al salario mínimo. Economistas no saben de dónde el Ejecutivo obtiene recursos para cumplir con los pagos, pero no dudan en afirmar que estas transferencias se realizan con el dinero, sin respaldo, que emite el Banco Central de Venezuela y otorga al Gobierno. La decisión de la institución ha sido una de las causas del alza acelerada de los costos de alimentos, medicinas y otros productos y demás servicios en el país

Él no da su nombre real y, en cambio, dice que se llama Pablo. La razón: teme que el bono que le ofrece el Gobierno y cobra con el Carnet de la Patria, instrumento creado por Nicolás Maduro en 2017, no sea depositado más en su cuenta bancaria. Pablo, como gran parte de los venezolanos, recibe este beneficio cada mes, pero el monto, que varía dependiendo del bono, no le alcanza para comprar. Con la última transferencia que recibió del Gobierno, por 3.500.000 bolívares, solo pagó un kilo de queso y un cartón de huevos en una charcutería de Caracas, ciudad donde vive. Dice que compró el resto de la comida con su salario mínimo, ahora de Bs. 1.200.000, y con unos ingresos en dólares que obtuvo haciendo otros oficios informales con los que sortea la crisis económica del país.

Al igual que Pablo, Betania, jubilada de 47 años, quien también reside en Caracas, manifiesta sentirse inconforme con los bonos del Gobierno, pero confiesa que prefiere cobrarlos. Ella ha mantenido su hogar gracias a que sus dos hijos trabajan en empleos que pagan en divisas. El bono que obtuvo recientemente por Bs. 2.500.000 lo gastó al comprar huevos, según recuerda. “Eso es tan poco que uno ni se da cuenta en qué lo usa. Pero realmente eso no alcanza para nada”. 

Esa última expresión de Betania es la que rodea al subsidio que el Gobierno comenzó a otorgar con más regularidad desde 2017 con el Carnet de la Patria, como parte de una ampliación del programa social Misión Hogares de la Patria. Las cantidades depositadas no compensan a los venezolanos frente a los estragos de la inflación, que dejan corto ese dinero, como el salario mínimo mensual. 

Pero cada mes, Nicolás Maduro, presidente desconocido por más de 50 países, sostiene que las bonificaciones sociales representan una política sólida para enfrentar lo que él ha denominado, desde que llegó a la presidencia, como  una “guerra económica” impulsada por potencias extranjeras, como Estados Unidos, cuyo gobierno ha aprobado una serie de sanciones administrativas contra funcionarios chavistas y Petróleos de Venezuela (Pdvsa), principal empresa del país.

Entre 2017 y 2021, el Gobierno ha anunciado 88 bonos de protección social a través del Sistema Patria, depositados conjuntamente con las transferencias por concepto de mensualidades regulares otorgadas a los venezolanos inscritos en los programas de atención de la Misión Hogares de la Patria, diseñados para poblaciones específicas como personas con discapacidad y mujeres embarazadas. 

Los economistas desconocen datos recientes sobre la inversión total que destina el Gobierno para ejecutar el plan de transferencia monetaria. Solo tienen certeza de que Maduro entregó más de 517 millones de bonos a 14 millones de venezolanos el año pasado, dato revelado el 2 de febrero por la vicepresidente Delcy Rodríguez, durante la presentación de la Memoria y Cuenta del Poder Ejecutivo de 2020. Es decir, cada venezolano recibió en promedio 3,6 bonos de los 38 anunciados por Maduro el año pasado. 

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Pablo y Betania no saben de dónde el Gobierno, que enfrenta una debacle económica, saca el dinero para pagar las bonificaciones. Los economistas tampoco lo tienen tan claro, porque Maduro no rinde cuenta, pues los recursos para bonos sociales no se presentan en la Ley de Presupuesto. 

Christi Rangel, economista e investigadora de la ONG Transparencia Venezuela, señala que existen informes sobre exportaciones de petróleo «camufladas» realizadas por el Gobierno hacia países como China, por ejemplo, y cree que en esas operaciones consigue dinero, aunque desconoce la cantidad. “Son ventas que se hacen con descuentos, no solo por los precios actuales del petróleo, sino por las dificultades que traen las sanciones”, resalta. 

Rangel indica que el Ejecutivo también obtiene ingresos por la explotación minera. “Pero no sabemos si con ese dinero se financian los bonos. Hemos revisado las Gacetas Oficiales del año pasado, que ahora están siendo publicadas, y no hemos identificado algún crédito adicional por concepto de pagos de bonificaciones sociales. También hay informaciones sobre estrategias del Gobierno con el sector privado, pero los alcances de esos acuerdos también son desconocidos”.

Ángel Alvarado, economista y diputado opositor de la Asamblea Nacional, que apoya el gobierno interino de Juan Guaidó, agrega que la administración chavista no puede conseguir, al menos por ahora, dinero por medio de endeudamientos con otros países debido a las sanciones. 

Frente a las dudas, los economistas coinciden en que el dinero destinado para los bonos de protección social provienen de la sostenida aprobación de dinero inorgánico, sin respaldo en ganancias por producción interna, que el Banco Central de Venezuela (BCV), por directrices de propio Gobierno, le otorga al Ejecutivo para cubrir el déficit fiscal, a pesar de que en el artículo 320 de la Constitución vigente está prohibido. 

La creación de moneda no generada por la actividad productiva, casi nula en el país por la crisis, resalta como una de las causas del acelerado incremento de costos en bienes y servicios que ocurre en el país, incluso, mucho antes de 2013 cuando comenzó la recesión por la disminución de los precios del petróleo. 

“El Gobierno ha financiado el gasto con ingresos extraordinarios que obtiene, debido a unos bonos que emite Pdvsa en dólares y el BCV luego los paga en bolívares. Si bien eso luce como una deuda de Pdvsa, en realidad es una monetización del déficit. La compañía está muy comprometida para pagar esa deuda a corto plazo, debido a que la debilidad de la petrolera agudizó con las sanciones de Estados Unidos en 2019, aunque la crisis de la empresa comenzó realmente a mediados de 2011 con la falta de inversión y la caída de la industria que, luego, coincidió con la baja de los precios del petróleo”, esboza Rangel.

La emisión monetaria sin respaldo aumentó en vísperas de las cuestionadas elecciones para elegir a la Asamblea Nacional del año pasado, en la que el oficialismo ganó la mayoría de escaños. Ese dinero, que circula de forma electrónica y no en efectivo, elevó la inflación, resaltaron los economistas. 

Los diputados de la Asamblea Nacional, dirigida por Juan Guaidó, reunidos en el Observatorio Venezolano de Finanzas del parlamento, apuntaron que Venezuela cerró el año 2020 con una inflación de 3.713 % impulsada por el “financiamiento monetario” del BCV. La actualización del reporte del BCV, divulgado el jueves 11 de febrero, refleja que la inflación del año pasado cerró en 2.960 %. Entre noviembre y diciembre de 2020, el indicador varió de 40 % a 77,5 %, lo que mostró que el proceso hiperinflacionario se acentuó para el último mes de ese  año. 

Un juego de azar

En noviembre de 2017, los economistas fijaron el inicio de la hiperinflación en el país, un proceso de incremento de precios mucho más acelerado y sostenido. Para ese año, el gobierno de Nicolás Maduro le dio un giro a la política de transferencias públicas  y comenzó a asignar bonos, que son depositados previa inscripción en el Sistema Patria, plataforma por la que el Ejecutivo controla los pagos a los beneficiarios del programa social, quienes, en su mayoría, deben contar con el Carnet de la Patria para cobrarlo. 

Las bonificaciones otorgadas por el Ejecutivo no son nuevas. Desde antes de 2017, el Gobierno ofrece un pago mensual, que ajusta cada cierto tiempo paralelo al ritmo de la hiperinflación, a poblaciones específicas adscritas en la Misión Hogares de la Patria. Estos bonos de protección social, entonces, se suman a las transferencias “ocasionales”, como las denomina el sociólogo del Centro para Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (Cendes – UCV), Carlos Aponte Blank, otorgadas desde noviembre de 2017. 

Los bonos, identificados con distintos nombres alusivos a fechas patrias y coyunturas específicas como la pandemia del COVID-19, se dan sobre la base de una estrategia que, coinciden los economistas, no goza de criterios de selección de los beneficiados, no está focalizada en poblaciones que realmente lo requieren y se pagan a discreción, al punto en que a algunos ciudadanos les llega el bono y a otros no.

En octubre de 2020, a las puertas de las elecciones parlamentarias, Nicolás Maduro aprobó cuatro bonos sociales a través del Sistema Patria, pero 87 % de las personas que respondieron la encuesta hecha por El Pitazo, a través de Twitter, aseguraron que no recibieron el dinero. Otro sondeo que realizó el medio en enero de 2012 asomó que 91,5 % de los que respondieron la encuesta no recibieron las dos bonificaciones anunciadas por el gobernante para ese mes.

Rangel explica que estas iniciativas de ayuda económica deben estar focalizadas y justificadas en un estudio socioeconómico previo. “Deben estar dirigidas a un grupo de personas específico con necesidades puntuales, porque si no ocurre lo que llamamos filtraciones: el bono lo cobran las personas que no lo deben recibir; y los que sí lo necesitan urgentemente, no reciben nada. Este funcionamiento se convierte en un incentivo perverso, porque, por ejemplo, pone sobre relieve a una población que gana salario mínimo que no alcanza y otra que recibe un bono mayor al sueldo que, al final, tampoco cubre. Eso es absurdo”.


Los bonos son un salvavidas para los venezolanos, que usan en un tsunami

Aponte Blank, sociólogo e investigador del Cendes – UCV

Considera que, en el fondo, el Ejecutivo pone a los beneficiarios en una suerte de juego de azar. “El Gobierno ha pretendido crear el escenario de una lotería con los bonos en el que cada persona espera si le toca o no”, resalta. La economista sostiene que la variación de los montos de los bonos tampoco permite un control efectivo de la política. 

La cantidad de dinero, estima, oscila por lo general entre $0,46 y $7 y no cubre una canasta alimentaria básica en la que se gasta $294, según la última medición del Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores (Cendas) del mes de diciembre de 2020. El salario mínimo actual, equivalente a 1,09 dólares, tampoco alcanza para comprar los alimentos, pues una familia requiere 296 salarios mínimos para cubrirla, de acuerdo con los datos del Cendas.

Un plan opaco y sin dirección

El Gobierno no informa los montos de los bonos que aprueba. Son los venezolanos que logran cobrar el dinero los que informan en sus redes sociales la cantidad. El seguimiento realizado por El Pitazo evidencia, por ejemplo, que las bonificaciones superan el salario mínimo. En abril de 2020, el Gobierno informó sobre un ajuste del salario de 400.000 bolívares, pero, por ejemplo, Maduro ofreció el 28 de julio de 2020 un bono que llamó “Padre Bolívar” por Bs. 1.000.000 y el 10 de agosto de 2020 uno que denominó “Conciencia y responsabilidad” por Bs. 3.380.000. En el marco de las fiestas por Carnaval de 2021, Maduro anunció, el sábado 13 de febrero, un bono por Bs. 6.210.000 (equivalente a $3,7), es decir, 417% más del sueldo mínimo mínimo, aprobado por el gobierno en noviembre de 2020, aunque no está publicado en Gaceta Oficial.

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El proceso hiperinflacionario disminuyó el valor del salario mínimo y, pese a lo sostenido por Nicolás Maduro, las bonificaciones no representan una mejora sustancial al problema de fondo que es la crisis económica del país que, en consecuencia, incrementó el desempleo. 

La economista Tamara Herrera explica que el alza en el gasto público del Gobierno, en paralelo con la emisión monetaria, produjo una deserción de la masa laboral, la cual se ha retirado de sus puestos de trabajo para conseguir sustento en el mercado informal o toma la decisión de irse del país. 

“El Gobierno incrementó el gasto y lo comenzó a manejar con discreción y sin aumentos salariales y ahora lo usa para dar bonos como compensaciones a personas formales e informales, entregados a discreción cada 15 días, se ajustan cuando sean conveniente y los montos, a pesar de que crecen, muestran un empuje del gasto público que, según las estimaciones que manejamos, ha aumentado entre 50 % y 60 %”, dice Herrera.

Aponte Blank, sociólogo del Cendes de la UCV, expone que los programas de transferencia monetaria pública se justifican en contextos de complejidad económica como el que atraviesa el país; pero enfatiza que estos beneficios entregados a las familias deben formar parte de un plan de recuperación económica real y, por ende, del poder adquisitivo de los venezolanos. 

“El asunto es que ese respiro no es una mejora si no hay una política de mejora y contención del ingreso. Los datos recientes de la Encovi (Encuesta de Condiciones de Vida) reflejan que las transferencias monetarias públicas mejoran, pero más de 90 % de la población está en pobreza. Los bonos son un salvavidas para los venezolanos en medio de un tsunami. Los programas de transferencia pública enmarcados en planes de estabilización macroeconómica, en contextos inflacionarios, intentan dar un remedio pasajero, pero, en realidad, en el caso de Venezuela, no significan nada, no compensan”, indica Aponte Blank. 


El Gobierno incrementó el gasto y lo comenzó a manejar con discreción y sin aumentos salariales y ahora lo usa para dar bonos como compensaciones

Tamara Herrera, economista

Las economistas Rangel y Herrera destacan que el Gobierno debe centrarse en generar estímulos a la economía para recuperar la moneda y la producción nacional que se traduzcan en el fortalecimiento de la remuneración que recibe cada venezolano por su trabajo. Coinciden en que las políticas erradas del gobierno chavista, sin un plan de recuperación económica, terminaron por despreciar la figura del salario mínimo. 

Rangel resalta que los bonos sociales de Maduro no tienen incidencia en beneficios laborales estipulados en la Ley Orgánica del Trabajo.

La recuperación económica anunciada por Nicolás Maduro aún se percibe lejana a raíz de la publicación de las recientes estadísticas del BCV que muestran una economía más debilitada por la inflación. 

Pablo y Betania conocen el efecto de la crisis cuando salen a la calle. Una situación que no pueden sortear con los bonos de protección social que entrega el Gobierno, incluso a pesar de que el beneficio en montos supera al salario mínimo depreciado por el alza de los precios en el mercado. 

Pero Pablo sabe que más números en su cuenta bancaria no significan realmente más dinero y, mientras pasan los días, es consciente de que sobreponerse al incremento de los costos implica rebuscarse en cualquier oficio para obtener dólares y no sentirse empobrecido.   

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