Especialistas en el área de salud coinciden que si bien el aislamiento es una medida necesaria, no es sostenible en el tiempo por el impacto social y económico que genera para la población y para el país. Resaltan que debe haber más educación y más participación ciudadana

El COVID-19 tiene presencia en 17 estados de Venezuela, según la data que se desprende de las informaciones oficiales dadas por la comisión presidencial creada por Nicolás Maduro para atender la epidemia. La llegada del virus, que se originó en China y se expandió a 187 naciones del mundo en tres meses, dio pie para que el Ejecutivo firmara un decreto de estado de alarma y extremara la medida de aislamiento social, que ha sido asignada principalmente a organismos de seguridad y a la Fuerza Armada Nacional. El cerco, hasta ahora, se reforzará en la Región Capital, que cuenta con más personas afectadas por la enfermedad del nuevo coronavirus.

Si bien la cuarentena es considerada una medida eficaz para mitigar el contagio, médicos y especialistas en salud pública consideran que la decisión de aislar masivamente en sí misma no evitará que la población esté expuesta al virus. Coinciden en que hacen falta otros factores que deben reforzar el aislamiento: educación y difusión de información y participación de la ciudadanía, como lo sugiere la Organización Mundial de Salud (OMS).

A José Félix Oletta, exministro de Salud y miembro de la Red Defendamos la Epidemiología Nacional, le preocupa que en la implementación de la estrategia de prevención exista un protagonismo amplio de los organismos de seguridad, quienes han obligado a los ciudadanos a cumplir con el confinamiento que Maduro ha considerado “voluntario»”, aunque en la práctica sea una imposición, tal como lo evidencian las denuncias registradas en redes sociales sobre abuso de autoridad.


FALTAn OTROS FACTORES QUE DEBEN REFORZAR EL AISLAMIENTO: EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA


“Hemos visto mucha participación militar, pero poca de los ciudadanos, quienes deben cumplir deberes y ejercer derechos. No hay educación, no hay información clara porque el Gobierno se la reserva y la organización de las comunidades es nula. Si bien la medida debe ser proporcional al riesgo, no puede ser la única. Cuando educas, la población conoce los riesgos, cómo protegerse y logra ser solidaria. Pero si creas una ‘policía sanitaria’ y las medidas son coactivas, se hacen cumplir a la fuerza, generas un daño a la sociedad», señala Oletta.

El despliegue de policías y militares para cumplir la cuarentena se enfoca en el control del tránsito y en velar porque la gente permanezca en casa y salga cuando sea estrictamente necesario. Incluso, los funcionarios deben garantizar que quienes salgan usen tapabocas, tal como lo ordenó Maduro en sus primeras alocuciones al referirse sobre la epidemia.

María Graciela López, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, resalta que, desde que confirmó la epidemia en Venezuela, el Gobierno da un mensaje contrario con respecto a las estrategias de prevención que maneja en la comunidad médica y científica.


La preocupación que tenemos es que van a haber más casos de coronavirus y no habrá suficientes tapabocas para la población que sí los necesita

María Graciela López, infectólogo pediatra

Comenta que el Ejecutivo impone el uso masivo de mascarillas cuando este insumo solo debe ser usado por personal de salud, pacientes crónicos y con síntomas de infección respiratoria. López asegura que la medida no es racional por las dificultades que tienen las personas para comprar los tapabocas y, además, resalta el riesgo que tiene para la salud el reutilizarlos.

Una medida insostenible

“Al ser una norma su uso, que está en Gaceta, todos deben acatar, incluso hasta para ingresar a un local de comida debe tener el tapabocas. La preocupación que tenemos es que van a haber más casos de coronavirus y no habrá suficientes tapabocas para la población que sí los necesita”, dice la infectóloga pediatra.

Otra de las preocupaciones que tiene Oletta es también compartida por el médico pediatra y epidemiólogo de la Cátedra de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Alejandro Risquez. La inquietud es acerca del tiempo de implementación de la cuarentena. Ambos especialistas consideran que la medida, en este momento, es necesaria por la virulencia de la enfermedad del coronavirus; pero concuerdan que es insostenible por los daños sociales y económicos que dejará en un país como Venezuela, que tiene sus finanzas comprometidas y lleva a cuesta una crisis sanitaria y de servicios básicos sin precedentes.

“Una cuarentena es útil en este momento, pero es insostenible desde el punto de vista social. Es una medida de tiempo limitado que disminuye la presión sobre el sistema de salud, pero el problema de Venezuela es que la condiciones juegan en contra de la medida: no hay agua para lavarse las manos a pesar de que es una recomendación principal, no hay luz en algunos sectores, los hospitales están desprovistos”, reflexiona Risquez.

La epidemia de COVID-19 ha afectado a más de 100 venezolanos en 10 días a lo largo y ancho de 17 estados del país, según cifras del Gobierno. Un estudio reciente acerca de las proyecciones del coronavirus en Venezuela, que elaboró Risquez, estima que la epidemia en el país, en caso de registrar una tasa de ataque similar al provincia de Hubei, en China, avanzará en los próximos meses con 97.000 casos estimados y 32.000 casos confirmados y cobrara la vida de 1.388 personas (una letalidad de 1,42%).

Oletta opina que el confinamiento al que está sometida toda la población debe pensarse con metas claras y con la definición de un tiempo definido para establecer acciones que no trastoquen la vida diaria de los ciudadanos.


EL IMPACTO SOCIAL TAMBIÉN RECAE SOBRE OTROS PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS


“Sí el Gobierno maneja la hipótesis de que en Venezuela ocurrirá un panorama similar que en Wuhan —ciudad de China donde se activó el virus por primera vez—, debe trabajar un plan de tres meses para evitar contagios y aplanar la curva; pero esto no solo se puede pensar en términos sanitarios, también hay que evaluar el impacto social, la nutrición de la población, el daño psicológico”, puntualiza.

Risquez resalta que será complejo que se cumpla una medida de cuarenta al 100% y más cuando la situación económica de país obliga a la población a salir a las calles, especialmente aquella que no devenga un sueldo mínimo. “Percibo que sí hay una actitud de la población de permanecer en casa, pero la crisis alimentaria hace muy difícil para los más pobres, por ejemplo, estar en casa cuando deben salir a trabajar y buscar comida a diario o cada dos días”, dice Risquez.

El impacto social también recae sobre otros pacientes con enfermedades crónicas. López sostiene que, a pesar de la cuarentena, las autoridades deben garantizar que otras personas con diferentes patologías que requieren terapias y medicinas para prolongar su vida puedan ir a los hospitales. “En las alcabalas, los funcionarios policiales y militares debe tener conciencia y permitir que otros pacientes busquen sus medicinas, sino se corre el riesgo de complicaciones y, por consiguiente, aumento de la mortalidad por patologías crónicas”, alerta López.

La epidemia de COVID-19 llegó a Venezuela en medio de una emergencia humanitaria, ampliamente denunciada por ONG e instituciones detractoras de Nicolás Maduro. La crisis ha sido marcada en el sector hospitalario. Por eso, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), tras evaluaciones con expertos, incluyó a Venezuela en lista de países menos preparados para atender la pandemia.

El Gobierno ha dispuesto de 46 hospitales grandes del país para atender casos de coronavirus, incluso recientemente incluyó a centros de salud privado. Además, recibirá la asistencia y el apoyo técnico de la OMS y de países como Rusia y China, desde donde se enviaran insumos y kits de pruebas. Aún así la capacidad de la red pública es insuficiente, según el estudio de Risquez, que apunta, por ejemplo, que las camas de cuidados intensivos no son suficientes: de unas 220, 109 están dotadas de equipos y ventiladores.

En medio de las carencias de los hospitales, que van incluso desde kits de protección para personal de salud hasta fallas en el suministro de agua, según denuncias reveladas por Juan Guaidó, que preside la Asamblea Nacional con el apoyo de 100 diputados, hay otras debilidades relacionadas con el manejo de la información epidemiológica que, a juicio de Oletta, restan confianza en las autoridades.

Oletta cuestiona, en este sentido, que la vocería de la data técnica no sea responsabilidad de Ministerio de Salud y que el número de casos se evalúe por medio del Sistema Patria, una plataforma creada por el Gobierno en la que eleva una encuesta para el despistaje y detección de nuevos afectados por virus.

El exministro de Salud critica también que el Gobierno politice el problema de salud pública y discrimine a otros sectores, como el académico y científico, que han mostrado su interés en apoyarlo en el abordaje del virus. “La epidemia no es un problema solo de militares ni el Ministerio de Salud, es de toda la sociedad. No puede haber discriminación política ni ideológica y, en cambio, debe imperar la universalidad de las acciones. No se pueden desviar acciones hacia otros fines que no sean los estrictamente sanitarios”, explica.

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