Maestros Insurgentes, el plan gubernamental que desacredita la profesión docente en Venezuela

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El Ministerio de Educación pretende formar profesores en 450 horas académicas antes de iniciar el período escolar 2019-2020. Con una reducción de 50% del plantel docente a nivel nacional, según datos de la Unidad Democrática del Sector Educativo, septiembre comenzará entre la improvisación en la planificación y la necesidad de hacer frente a una política que desvaloriza la labor de maestros y maestras

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El 1° de agosto de 2019, la alcaldesa del municipio Libertador, Érika Farías, anunció el inicio de las jornadas de registro para el programa Maestros Insurgentes, avalado por el Ministerio de Educación a través de la Zona Educativa. Desde la plaza Alí Primera de la parroquia Santa Teresa, Farías invitaba a profesionales de diversas áreas a instruirse como docentes en la Universidad Pedagógica de Caracas Luis Bigott, en una formación de 450 horas académicas, para enfrentar lo que los voceros de Nicolás Maduro definen como guerra económica.

“Nuestro Presidente ha llamado a toda la población a asumir el principio de ayudarnos; y es fundamental todo el trabajo que podamos hacer los caraqueños para proteger, cuidar y acompañar a nuestros niños, niñas y adolescentes”, dijo la alcaldesa.

La docente y coordinadora nacional de la Unidad Democrática del Sector Educativo (Udse), Raquel Figueroa, rechaza el plan gubernamental por considerarlo una política que pretende afianzar el partidismo dentro de las escuelas y liceos del país y que, de fondo, evidencia la crisis del sistema educativo.

Marcha de docentes, respecto a la contratación colectiva | Ronald Peña

En septiembre, al inicio del período escolar 2018-2019, el ministro para la Educación, Aristóbulo Istúriz, aseguró que 7.644.869 estudiantes se incorporarían a las aulas de los 27.000 planteles registrados a nivel nacional. Además, había 543.413 docentes adscritos al Ministerio. Al finalizar julio, Figueroa aseguró que el período 2019-2020 comenzaría con 50% menos de la plantilla de maestros y maestras y 30% de estudiantes había desertado, dato que coincide con las estimaciones de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi).

Aunque, recuerda Figueroa, no es la primera vez que el Gobierno toma una medida que desacredita a la profesión docente. Entre 1990 y 2004, los profesores aspiraban a vacantes en las instituciones educativas por medio de concursos de méritos en los que se evaluaba el desempeño académico y laboral de los maestros.

A partir de 2005, durante el primer mandato de Istúriz, quienes ingresaron al Ministerio de Educación lo hicieron mediante resoluciones del Poder Ejecutivo o por orden presidencial, como sucedió con las primeras cohortes de la Misión Sucre, programa social de formación universitaria creado por Hugo Chávez en 2003. La meritocracia desapareció.

La docente y miembro del secretariado nacional del Movimiento Progresista de Venezuela (MPV), Ofelia Rivera, considera que la medida promovida por la Zona Educativa responde a intereses ideológicos: “La intención no es la formación pedagógica, sino la transformación partidista del sistema educativo”.

Además, asegura, viola el artículo 104 de la Constitución, que establece que la educación “estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica. El Estado estimulará su actualización permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente”.

Ninguno de los voceros de Nicolás Maduro ha mencionado algo respecto a la migración de docentes; sin embargo, muchos profesores y sindicalistas aseguran que Maestros Insurgentes responde al déficit de profesionales dentro de los colegios.


El período escolar 2019-2020 comenzará con una reducción de 50% del personal docente a nivel nacional


Rivera insiste en que la diáspora no es circunstancial, sino estructural. Ya en 2016 se comenzó a registrar el abandono de las aulas de clase, a la vez que comenzaban protestas del gremio en varios estados del país para exigir mejoras laborales como la sinceración de los salarios, la reparación y el mantenimiento de la infraestructura de los planteles y la dotación de los insumos para cumplir con el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Mientras no haya un cambio de gobierno, no habrá mejoras para el sistema educativo venezolano, manifiesta la docente.

Para la profesora de Ciencias Sociales de Educación Media Karina Molina, el plan de formación de 450 horas afectará la estructura completa: “El hecho fundamental en la educación son los docentes y si no hay gente preparada, entonces el proceso de aprendizaje no sucede”. Molina reclama que el programa implica un deterioro de los derechos de los docentes, que resultará en el aumento de los conflictos entre maestros y estudiantes, incremento de los índices de deserción, pérdida de respeto por la institucionalidad y una constante improvisación que impedirá impartir los contenidos en su totalidad y con la profundidad requerida.


Este año será tan o más difícil que el año anterior; eso requiere que los padres estén en sintonía con lo que pasa en las escuelas: participar en la creación depresupuestos y en el diseño de proyectos

Lila Vega, miembro de la Asociación de Padres

Aunque es el Ministerio el ente encargado del proyecto, ha habido silencio sobre el tema. Molina cuenta que la mayoría de los docentes se enteró del plan por medio de la prensa. Como nunca se les comunicó directamente, muchos lo consideraban un rumor. Sin embargo, durante la segunda semana del mes de agosto, la Zona Educativa comenzó a mandar mensajes de texto a los profesores adscritos al Ministerio pidiéndoles que recibieran a los maestros insurgentes que serían insertados para el período 2019-2020.

Lo que pasará a partir de septiembre de este año preocupa tanto al gremio docente como a padres y madres. La integrante de la Asociación de Padres (Asopadres), Lila Vega, expresó: “El reto para este año es que haya maestros. Yo no estoy en contra de los maestros exprés, estoy en contra del sistema que necesita formar maestros exprés”.

Como representante, insiste en que su tarea frente a esta decisión ministerial es unir esfuerzos con todos los padres, las madres y los docentes para encontrar soluciones que no dependan de ningún poder. “Este año será tan o más difícil que el año anterior; eso requiere que los padres estén en sintonía con lo que pasa en las escuelas: participar en la creación de presupuestos y en el diseño de proyectos”, dice.

La profesora Ofelia Rivera asevera que el objetivo de la educación es formar ciudadanía y, de esa forma, tejido social. “La sociedad del futuro será la que preparemos en las escuelas hoy”, manifiesta. Asegura que si el conocimiento está a cargo de personas sin la formación adecuada, el ciudadano del mañana no será ciudadano, porque sin pluralidad no hay democracia y sin democracia no hay ciudadanía.

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