El coronavirus llegó a Venezuela en medio de una emergencia humanitaria compleja en curso. Un año después de divulgados los primeros casos, Nicolás Maduro persiste en implementar las mismas estrategias de prevención con las que no ha logrado controlar la curva epidémica ni impedir la circulación de la variante brasileña. Más allá de las estadísticas oficiales, cuestionadas por la comunidad médica y científica, el Ejecutivo impone un relato que ensombrece la situación de los venezolanos que sobreviven a la crisis económica y, ahora, están incrédulos por una jornada de vacunación que no tiene un plan definido

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Realizado por: Armando Altuve y Jesús Barreto

“Es la repetición de lo que vivimos hace un año cuando apareció el COVID-19”. La frase dicha por Nicolás Maduro, el miércoles 3 de marzo de 2021, resume un año de gestión de la pandemia del coronavirus en Venezuela. El gobernante se refería a la detección de los primeros casos de la variante identificada en Brasil, designada con la sigla P.1, que, según él, hizo retroceder la respuesta a la contingencia a su punto de origen, en marzo de 2020.

Con un carácter más policial que epidemiológico, el Gobierno asumió la emergencia desde el primer contagio –el 13 de marzo de 2020– como una extensión de su sistema de control social. Alcabalas cada cinco kilómetros, redadas, barricadas aún en calles de escasa circulación vehicular y un despliegue de funcionarios de seguridad han caracterizado la estrategia para el control de la propagación. Aunque la fase de mayor supervisión marcial ocurrió en el primer trimestre, la cuarentena social y preventiva de principios de marzo se convirtió en radical al alcanzarse el repunte de infecciones en julio.

Doce meses después del inicio de la pandemia, la transmisión se mantiene en un ritmo similar desde octubre de 2020, con un promedio mensual de 450 casos y picos de casi 700 personas infectadas. Es decir, de acuerdo con la estadística oficial, han sido poco efectivas las restricciones de movilidad, ejecutadas mediante el llamado esquema 7+7, que implica 7 días de confinamiento y 7 días de apertura de la actividad laboral, vigente desde junio de 2020.

Emergencia previa

El cierre de escuelas y la reducción de horarios del menguado aparato productivo nacional agudizaron la crisis previa a la emergencia sanitaria. Para el aspecto educativo, por ejemplo, se diseñaron improvisadas clases a través de medios del Estado, sin un seguimiento curricular y con una población en su mayoría afectada por las fallas de internet y los cortes eléctricos consecutivos. Mientras, la presión económica y social, derivada del prolongado confinamiento, apenas ha sido atendida con la entrega de bonos al azar mediante una plataforma partidista: el sistema Patria.

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Sin medios para el sustento diario, miles de venezolanos, especialmente aquellos que no cuentan con un empleo formal, evadieron los controles a pesar del riesgo de contagio y salieron a las calles apenas se activó el 7+7. Para gran parte de la población, el remedio aplicado para contener el coronavirus fue peor que la desconocida enfermedad.

La desatención, dentro y fuera de los 53 hospitales centinelas dispuestos para atender a todos los contagiados, forzó una migración que estuvo antecedida de un retorno que le sirvió a Maduro para justificar la rápida diseminación de la enfermedad, al menos hasta julio de 2020, cuando la epidemia se volvió local. Según el registro oficial, el Gobierno repatrió a 100.000 venezolanos varados por la pandemia en países de América Latina, pero el Banco Mundial y la ONG Human Rights Watch calculan el éxodo en más de 300.000 migrantes en los últimos 10 meses.


PARA EL ASPECTO EDUCATIVO, POR EJEMPLO, SE DISEÑARON IMPROVISADAS CLASES A TRAVÉS DE MEDIOS DEL ESTADO, SIN UN SEGUIMIENTO CURRICULAR Y CON UNA POBLACIÓN EN SU MAYORÍA AFECTADA POR LAS FALLAS DE INTERNET Y LOS CORTES ELÉCTRICOS CONSECUTIVOS


Curva peligrosa

Más allá del discurso gubernamental, centrado en una prematura, pero insostenible reducción de la curva epidémica, la aparición de la mutación P.1 del SARS-Cov-2 revela las deficiencias del sistema de alerta epidemiológico venezolano, según refirió el director del Centro para Estudio del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (Cendes-UCV), Carlos Walter. La mutación obligó a Maduro a tomar medidas especiales para evitar contagios masivos, pero sin aclarar si las vacunas rusas y chinas, que actualmente se aplican, protegen del nuevo patógeno.

Con un limitado margen de maniobra y dependiente de donaciones de las naciones aliadas, el Gobierno enfrenta esta nueva fase de la alerta sanitaria. En este contexto, aún siguen aumentando los casos y las muertes por la enfermedad respiratoria aguda. Las autoridades desarrollan medidas de prevención, pero el esquema de relajación del aislamiento, aplicado desde julio pasado, continuará, incluso en la próxima Semana Santa. El Gobierno tampoco plantea, a juzgar por su discurso, una modificación del protocolo de confinamiento ante las recientes infecciones en el estado Bolívar por la nueva variante del SARS-CoV2.

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La opacidad como regla

En contraste, el 8 de marzo de 2021 inició la instalación de un cerco epidemiológico, con puntos de control vigilados por policías y militares, en los estados donde se detectaron los casos con la nueva mutación. La aparente normalidad a la que aduce Maduro difiere de los reportes oficiales que muestran repuntes de la enfermedad pandémica, de los cuales dudan algunos integrantes de la comunidad científica, agrupados en la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, debido a la poca capacidad diagnóstica que tiene el país.

Esta limitación aún no mejora a pesar de la ampliación a siete laboratorios en todo el país, incluso la permisividad a clínicas y laboratorios privados de procesar muestras de posibles pacientes contagiados con el coronavirus. La opacidad permea el tratamiento de la información sanitaria relacionada con la expansión de coronavirus. Las cifras divulgadas por las autoridades, desde la notificación oficial del inicio de la epidemia, solo son conocidas mediante alocuciones diarias ofrecidas por voceros chavistas, reunidos en una Comisión Presidencial creada por Maduro.


Según el registro oficial, el Gobierno reparTió a 100.000 venezolanos varados por la pandemia en países de América Latina, pero el Banco Mundial y la ONG Human Rights Watch calculan el éxodo en más de 300.000 migrantes en los últimos 10 meses


El control de la información estuvo fuera del alcance del Ministerio de Salud y su representante. Cada boletín debe ser aprobado por la Comisión Presidencial para la Atención, Prevención y Control del COVID-19. Este proceso influye en la divulgación con retraso de las cifras.

Pese a la circulación del nuevo coronavirus, el Gobierno mantuvo restringida la publicación de los Boletines Epidemiológicos y, en cambio, los datos reposan en la plataforma Patria que, a lo sumo, suplanta el sistema tradicional de vigilancia epidemiológica, cuestionó Carlos Walter, director del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) de la Universidad Central de Venezuela.

Presión al sistema de salud

La circulación del coronavirus SARS-CoV2 en Venezuela puso sobre relieve las fallas acumuladas del sistema de salud venezolano. Pero el manejo de información sobre la enfermedad le permitió al Gobierno dibujar el escenario de una situación sanitaria que contrastaba con la realidad percibida en los hospitales.

Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), ha denunciado, desde antes de conocerse el primer contagio, las dificultades en el acceso a equipos de protección para el personal de salud. El sindicalista reclama que esta carencia aún no se resuelve. En esa postura coincide la presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, quien atribuye a la escasez de guantes, mascarillas y trajes especiales el récord diario de muertes por coronavirus en el personal de salud.


EL FUTURO CON LA VACUNACIÓN LUCE INCIERTO. UNA DEUDA DE 18 MILLONES DE DÓLARES, PENDIENTE DESDE 2019, IMPIDE QUE LA POBLACIÓN VENEZOLANA ACCEDA A VACUNAS SUBSIDIADAS POR EL FONDO DE ACCESO GLOBAL PARA VACUNAS COVID-19 (COVAX), GESTIONADO POR LA OMS


Cada 24 horas ha muerto un médico, obrero o enfermera por complicaciones del padecimiento viral en el país, como consta en el monitoreo que hace la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Un promedio que recalca un patrón de abandono estatal, a juicio de Zambrano y Contreras.

El futuro con la vacunación luce incierto. Una deuda de 18 millones de dólares, pendiente desde 2019, impide que la población venezolana acceda a vacunas subsidiadas por el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (Covax), gestionado por la OMS. En noviembre del año pasado, el Ejecutivo firmó un contrato para adquirir 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, de las cuales han sido enviadas 200 mil dosis, entre febrero y marzo.

Sobre la distribución, logística y esquema de vacunación poco se conoce, pues el Ministerio de Salud no ha publicado el programa especial de inmunización contra el coronavirus. Hasta el martes 2 de marzo, con el despacho de 500 mil vacunas del laboratorio chino Sinopharm, el país contaba con vacunas para proteger apenas a 1,25% de la población, expuso la Academia Nacional de Medicina. La meta, divulgada por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, es llegar al 70% de la población antes de diciembre de 2021. El país enfrenta desprovisto el inicio del segundo año en pandemia que, como insistió Maduro, es tan incierto como el anterior.


LA APARICIÓN DE LA MUTACIÓN P.1 DEL SARS-COV-2 REVELA LAS DEFICIENCIAS DEL SISTEMA DE ALERTA EPIDEMIOLÓGICO VENEZOLANO

Según refirió Carlos Walter, director del Cendes-UCV

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