Profesionales del derecho, la política y el periodismo analizaron y expusieron el panorama represivo de Venezuela en los últimos cinco meses del 2024
Por: La Hora de Venezuela
Estar aislados, obedecer un régimen restrictivo para tomar agua y alimentarse con comida infestada por larvas ha sido parte de la rutina de algunos de los miles de detenidos durante el período postelectoral. Desde el 29 de julio, fueron privados de su libertad y han resistido las condiciones infrahumanas a las que fueron sometidos dentro del sistema penitenciario en Venezuela.
Las detenciones se mantuvieron en los primeros días de 2025, específicamente desde el 7 al 10 de enero, fecha en la que Nicolás Maduro se juramentó para un nuevo período presidencial sin que el Consejo Nacional Electoral presentara los resultados detallados por regiones. Tanto por las informaciones ofrecidas por las ONG y las verificaciones hechas por El Pitazo, se calcula que hubo 51 privaciones de libertad en 72 horas.
Por más de una década de mandato, Maduro ha recurrido a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y a otras fuerzas del Estado para someter cualquier intento de disidencia. Especialistas en comunicación, derecho y política coincidieron en que el uso de estos componentes y la persecución a los opositores son parte de las características de su gestión.
En el 2024 se produjo un nuevo episodio represivo, así como ocurrió en 2014, 2017 y 2019. Esta vez la cantidad de menores de edad detenidos, junto con la imputación de delitos especiales y la variedad de violaciones a sus derechos humanos bajo la custodia del Estado han marcado la diferencia con respecto a otros años.
Castigar a quien se oponga
Con la proclamación de Nicolás Maduro por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) el 29 de julio, la molestia de la población venezolana se manifestó en las calles con una serie de protestas a escala nacional. Desde ese día y hasta el 25 de noviembre, según Foro Penal, se llevaron a cabo 1.943 arrestos.
La coordinadora del equipo jurídico de la ONG en Caracas, Stefanía Migliorini, aseguró que la cifra de detenidos es lo más distintivo de este período represivo. El último reporte antes de las elecciones, publicado el 24 de julio, contabilizó 305 presos políticos. Cinco meses después, considerando las excarcelaciones entre noviembre y diciembre, hay 1.794. Esto es más de cinco veces el primer registro.
Las familias llevan agua y comida en cantidades limitadas, de acuerdo con lo que les especifican los guardias en los centros de detención. En algunos casos, solo se permite una botella de cinco litros y un paquete transparente de galletas cada quince días, algo que es insuficiente. Cualquier litro o gramo adicional es desechado por los funcionarios.
“Varios familiares nos han comentado que no los sacan a tomar sol”, relató la defensora de la ONG. Incluso, llevar artículos de higiene personal no está permitido, así como la disponibilidad de su ropa es muy limitada. Un familiar con el que habló durante su visita a un centro de detención le dijo que había podido llevarle un jabón a su pariente detenido, pero solo la mitad y para que pudiera lavar sus prendas.
A veces se las dan (la comida) en estado de descomposición. La carne molida no lo es como tal, sino que son vísceras casi crudas. Puros restos
Stefanía Migliorini, coordinadora jurídica de Foro Penal en Caracas
El uso de los penales para ingresar a los presos políticos ha sido otra de las diferencias en esta ola de detenciones. La abogada recordó que lo habitual era retenerlos en lugares como El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde están los principales políticos opositores.
La cantidad de arrestados ha llevado a las autoridades a buscar otros lugares donde puedan ubicarlos. En los penales se están reservando edificios específicos para los presos por causas políticas, así ocurre en Tocorón, Tocuyito y Yare.
Los partidos Acción Democrática (AD), Convergencia, Cuentas Claras, el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), Encuentro Ciudadano (EC), Generación Independiente (Gente), Guayana Libre, La Causa R, Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) Voluntad Popular (VP) y Vente Venezuela tuvieron o aún tienen al menos un representante detenido después de los comicios.
Aparte de las organizaciones que respaldaron a Edmundo González Urrutia, quien según las actas electorales publicadas por el Comando Con Venezuela ganó con el 67 % de los votos, otro partido que compitió en la contienda electoral, la Alianza del Lápiz, también sufrió una detención. Por lo tanto, el alcance de la persecución y represión abarcó todo el espacio político que no apoyó públicamente al oficialismo.
El abogado constitucionalista y analista político, Óscar Arnal, explicó que la detención de al menos 60 dirigentes políticos después de las elecciones busca controlar a la oposición y congelar su liderazgo.
“Se empieza con las cabezas, ha sido así durante todo el período”, indicó el analista. Además, dijo que así es como el gobierno venezolano intenta evitar que la sociedad ejerza el derecho a la protesta, a la disidencia y trata de imponer un ambiente de normalidad.
Otra de las diferencias de las detenciones en el 2024 con respecto a otros períodos fue la cifra de menores de edad arrestados. “Esto es sumamente delicado”, comentó Migliorini. Una de las restricciones que más ha afectado a los menores de edad ha sido la limitación, o incluso privación, de las visitas de sus madres.
Aparte de la tristeza de los jóvenes, la abogada señaló que la desesperación por saber qué iba a pasar con su situación los desbordó. “Preguntaban sobre sus casos y les decían que, por ser algo político, iban a estar presos toda la vida”, reveló sobre algunos comentarios que los guardias les hicieron a los adolescentes.
El 18 de agosto Foro Penal registró 129 menores arrestados. A mediados de septiembre uno de sus directores, Gonzalo Himiob, actualizó la cifra a 142. Para noviembre, el conteo cerró con 42 jóvenes que seguían privados de libertad. El 30 de diciembre la ONG afirmó que aún había 3 adolescentes arrestados.
Entre los aspectos que distingue este período de otros años, y que demuestra cómo se recrudeció la represión y persecución, es la imputación de delitos especiales. La instigación al odio, traición a la patria y el terrorismo son denominadores comunes en las acusaciones de miles de detenidos. “La gravedad de esto es que son delitos que no admiten ningún tipo de beneficios”, precisó Migliorini.
El 16 de noviembre la Fiscalía venezolana anunció la excarcelación de 225 personas, aunque Foro Penal contabilizó alrededor de 160. Casi dos meses después, el 6 de enero el Ministerio Público aseguró que ejecutó 1.515 excarcelaciones sobre hechos vinculados al 28 de julio. No obstante, para una persona estar fuera de la cárcel no es lo mismo que ser liberado, ya que no hay un sobreseimiento de la causa y el proceso continúa.
Quienes recibieron las medidas del Ministerio Público deben cumplir con un régimen de presentación de 30 días, pero cuando empiecen sus juicios tendrán que asistir una o dos veces por semana al juzgado. Si bien hay algunos que viven en Caracas, la mayoría es del interior del país.
Los excarcelados deberán viajar constantemente (para presentarse en sus juicios) y el 90% no cuenta con los recursos para trasladarse
Stefanía Migliorini, coordinadora jurídica de Foro Penal en Caracas
Tampoco tienen garantías procesales de que, si bien se presenten en el juicio, este comience y termine en el horario previsto. Incluso, nadie les puede asegurar que se vaya a hacer la audiencia, por eso es algo “bastante fuerte para estas personas”.
Mientras los excarcelados esperan por sus juicios, hay miles que aún mantienen la esperanza de salir. Eso dependerá del criterio de las autoridades y de la vinculación que puedan tener con alguna organización política.
El ejemplo más claro ocurrió en el centro de detención La Crisálida, en Los Teques, estado Miranda. Antes del 16 de noviembre, un grupo de alrededor de 30 mujeres fueron habilitadas para salir y la mayoría lo hizo, salvo una de ellas. Pese a padecer de una patología que justificaba su excarcelación, Migliorini reveló que “por ser coordinadora de un partido político de la oposición sigue privada de libertad”.
Una profesión de riesgo
“A algunos se les ha impedido tomar agua, tenían derecho a tomarla una vez al día o cada dos días”, reveló el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Caracas, Edgar Cárdenas, quien conoció las violaciones a derechos humanos que han sufrido sus colegas detenidos desde el 29 de julio.
La persecución contra el gremio periodístico tiene años de censura y clausura a medios de comunicación digitales, escritos y radiales. Después de las elecciones, lo que Cárdenas describió como una “política de Estado” para el gobierno de Maduro, se recrudeció.
Un ejemplo es el caso de Roland Carreño. Estuvo preso tres años en El Helicoide hasta que salió en 2023. Menos de un año después de ser excarcelado volvió a la sede del Sebin en el período postelectoral. Su situación generó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgara medidas cautelares.
Hasta ahora ninguno de los periodistas ha dicho que los hayan golpeado, pero sí han recibido amenazas e insultos permanentes
Edgar Cárdenas, secretario general del CNP de Caracas
De los catorce periodistas detenidos después del 28 de julio, cuatro siguen privados de libertad. Si se añaden los que estaban arrestados antes de las elecciones, hay ocho en total. Al ser impedidos de recurrir a una defensa privada, todos no han podido demostrar la inocencia de los delitos que se les imputan.
“En Venezuela hay una especie de delito comodín que se aplica a los periodistas. Es lo que está previsto en la Ley contra el Odio, la instigación al odio, pero agravado por las imputaciones terrorismo y asociación para delinquir”, declaró Cárdenas.
La estructura represiva del gobierno venezolano, de acuerdo con el secretario, ha cerrado medios, los ha censurado y ha forzado despidos de periodistas a partir de leyes adecuadas para ello. Después de las elecciones, esa legislación fue el medio para apresar a los periodistas.
El 25 de agosto la periodista Carmela Longo sufrió la “política de Estado” del oficialismo. La Policía Nacional Bolivariana (PNB) allanó la casa de la comunicadora y la detuvo junto a su hijo. Cinco días antes había sido despedida del diario Últimas Noticias tras 20 años en el medio.
Un día después de ser privada de libertad, y con su hijo liberado, fue excarcelada, pero con limitaciones: se le prohibió salir del país y declarar sobre su caso. Los delitos que le imputaron fueron los mencionados por Cárdenas: incitación al odio y terrorismo.
Ejercer la profesión periodística en Venezuela representa un gran riesgo
Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Caracas
Para el licenciado en Comunicación Social, uno de los objetivos de la política represiva del gobierno es el detrimento de la pluralidad informativa. Mientras censura medios y periodistas que exponen sus acciones, el oficialismo intenta dirigir a los ciudadanos a sus canales y portales afines para tapar cualquier muestra de descontento de la población.
Yousner Alvarado, un reportero gráfico especializado en coberturas comunitarias y políticas, fue detenido por grabar a un grupo de personas que organizó un cacerolazo en Barinas. Se le imputó terrorismo y el 30 de agosto las fuerzas del Estado lo trasladaron a una sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la GNB. Como parte de las medidas tomadas por el Ministerio Público, salió de la cárcel el 24 de diciembre.
“Consideran a los periodistas y a los medios como un objetivo que tienen que sacar del paso, sacarlos del camino para que no puedan informar lo que acontece”, recalcó el secretario del CNP.
De acuerdo con el Observatorio de Seguimiento y Agresiones a Periodistas y Medios de Caracas, entre enero y agosto de 2024 hubo 204 agresiones a los trabajadores de la prensa. La mitad de las agresiones (102) se produjeron durante el mes siguiente a las elecciones presidenciales.
La represión también afectó la calidad informativa. Cárdenas afirmó que los periodistas han recurrido a la autocensura para evitar represalias contra ellos y sus familias. Además han cambiado sus rutinas, tanto en su labor profesional como en su vida cotidiana.
Uno de los retos que tiene el periodismo es la sensibilidad del oficialismo ante la exposición de su actuación política. “Es difícil cuando cualquier frase puede ser sensible, reportar sobre un simple hueco en una calle puede ser motivo para sufrir una violación a la libertad de expresión”, explicó el secretario.
Casi tres meses después de ser detenida, el caso de la reportera gráfica de El Tequeño Deisy Peña pasó a fase de juicio. Tener fotos de las protestas postelectorales en su teléfono fue la causa de su detención el 2 de agosto. Los delitos imputados sobre ella fueron terrorismo, incitación al odio y obstrucción a la vía pública. El 11 de diciembre las autoridades notificaron su excarcelación.
Otra corresponsal arrestada fue Ana Carolina Guaita. El 2 de agosto agentes de seguridad la detuvieron arbitrariamente cuando hacía una cobertura para La Patilla en Maiquetía, estado Vargas. El 11 de noviembre se le acusó de ser terrorista, incitar al odio y obstruir las vías públicas, la misma fórmula que se aplicó sobre Peña. Tras cuatro meses privada de libertad, salió de la cárcel el 21 de diciembre.
El contexto represivo que enfrenta el periodismo venezolano influye en quienes aspiran a ejercer la profesión. Cárdenas, quien ha sido profesor en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), reveló que ha visto el temor y la incertidumbre en sus estudiantes.
La principal preocupación de los futuros licenciados en Comunicación Social es dónde trabajarán, ya que el gobierno ha perseguido y cerrado medios de comunicación. Esa es una de las causas por las que prefieren optar a otras ramas de la carrera, como el mercadeo o la producción audiovisual.
Precisamente, un tesista de Comunicación Social de la Universidad de Los Andes, Paul León, pasó casi cinco meses tras las rejas. Su “delito” fue hacer una cobertura en Varela, Trujillo. El 10 de noviembre cumplió 27 años mientras estaba recluido en el Centro Penal de Tocuyito, Carabobo. En Navidad las autoridades notificaron su excarcelación.
Estamos en una crisis terrible. Por publicar información y contenidos, la labor periodística se ha terminado criminalizando
Edgar Cárdenas, secretario general del CNP en Caracas
Pese a la adversidad, Cárdenas tiene claro que el periodismo debe “seguir enarbolando la bandera de la libertad de expresión” en Venezuela. Por eso incentivó a buscar información e intentar hacer contenidos periodísticos de forma creativa, evadiendo los criterios represivos de las estructuras de poder.
Incondicionalidad o traición
La persecución gubernamental, aunque ha estado más enfocada a la oposición venezolana, también ha seguido los pasos de los disidentes del chavismo y de quienes están en las esferas internas del mismo.
Durante el período postelectoral, Pedro Tellechea pasó de gestionar dos carteras del Ejecutivo, la de Petróleo y la de Industrias y Producción Nacional, a integrar la lista de los funcionarios detenidos por el mismo gobierno que los elevó a la cúpula del Ejecutivo.
El 18 de octubre Tellechea anunció su salida del gabinete y tres días después el Ministerio Público comunicó su detención tras una “exhaustiva investigación científica”. Esta pesquisa determinó que había entregado un sistema denominado “el cerebro de Pdvsa” a una organización presuntamente controlada por los servicios de Inteligencia de Estados Unidos.
Para el abogado Arnal, esta detención reafirmó “las divisiones inmensas y las luchas de poder que hay dentro del oficialismo”, unas grietas que se han abierto aún más después de lo ocurrido en las elecciones presidenciales.
Según el analista, descarrilarse de la línea marcada por Maduro significa que habrá represalias para quien lo haga. Un día después de la detención de Tellechea, el mandatario dijo que no descansaría en su lucha contra el “burocratismo” y los “traidores”, dejando claro que quien sea su subordinado deberá obedecerlo sin cuestionamientos.
Cuando no se produce esto (la subordinación), hay purgas. Quieren que haya absoluta incondicionalidad en todos los sentidos, sobre todo en el sentido de la lealtad
Óscar Arnal, abogado constitucionalista y magíster en Gerencia Política
Las medidas que está tomando el gobierno no sólo están dirigidas a las altas esferas, sino también a las bases o sobre quienes alguna vez fueron sus partidarios. Una de sus disidentes, la abogada María Alejandra Díaz, fue multada y suspendida temporalmente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 5 de noviembre.
La causa de las sanciones sobre Díaz fue que, junto con el excandidato presidencial Enrique Márquez y un grupo de antiguos miembros del chavismo, interpuso un recurso en el que le exigía al CNE publicar los resultados detallados de los comicios del 28 de julio. El máximo tribunal consideró en su sentencia que el pedido se hizo con “temeridad” y por eso la sancionó.
Arnal señaló que este caso es “irracional”, ya que la solicitud hecha por la abogada, quien presidió la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), está dentro de los derechos amparados por la Constitución.
“Ahora todos los abogados que vayan a ejercer un recurso en los tribunales deberán tener cuidado para no contradecir al Ejecutivo”, advirtió. La búsqueda de reducir la disidencia es, para él, la razón por la que se inhabilitó y multó a Díaz.
El chavista de calle, el de las zonas populares, pese a creer en la ideología y haber votado por la continuidad de Maduro, tampoco escapó de la represión. La abogada Migliorini conoció sobre cuatro casos de jóvenes afectos al oficialismo que fueron detenidos en medio de las manifestaciones postelectorales.
Algunas familias denunciaron directamente sus detenciones, mientras que otras le relataron a la defensora de Foro Penal lo que ocurrió con sus parientes cuando coincidieron en las visitas a Tocorón y Tocuyito. “Estaban en la calle saliendo de su trabajo y yendo a su casa, no estaban metidos en la protesta y los detuvieron”, explicó.
Uno de los casos es el de un joven que, tras el anuncio de los dos boletines electorales, salió a comprar un pollo para el almuerzo que estaba organizando su círculo cercano. La idea era celebrar en familia la proclamación de Maduro, el candidato por el que todos habían votado. El festejo no se dio, ya que el muchacho nunca volvió.
La GNB arrestó al joven que, pese a confiar en las promesas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), terminó siendo uno de los señalados por las mismas autoridades en las que creía. Migliorini aseguró que, además de este tipo de casos, hay otros en los que se vieron involucrados miembros de los consejos comunales que hoy siguen tras las rejas.
Todo esto es para decirle a la gente: ‘si te vas de aquí, mira lo que te espera’. Tiene que ver con lo disuasorio y la implacabilidad de que, vaya quien se vaya (del Gobierno), será sancionado por irse
Óscar Arnal, abogado constitucionalista y magíster en Gerencia Política
Aún hay 1.697 presos políticos. La mayoría lo es por defender su voto y pensar distinto a lo impuesto por el oficialismo, otros porque se vieron involucrados en una protesta de la que no eran partícipes. La persecución política, recrudecida en este período postelectoral, sigue y se consolida como el medio más efectivo de Nicolás Maduro para conservar el poder.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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