Carlos Brandt Tortolero (1875-1964) fue predecesor de vegetarianismo en Venezuela, mucho antes de que se instalaran movimientos espirituales como el Hare Krisna o de que mediciones académicas extraoficiales como la encuesta Encovi revelaran que, en 2017, el pollo (34%), la carne (39%) y el pescado (39%) sólo estuvieron en la mesa de una minoría de familias en el país. Por sus publicaciones en la prensa en contra del continuismo de un mismo hombre en el poder, también formó parte de la nómina de presos políticos de Juan Vicente Gómez, hasta ahora el dictador de estadía más prolongada en nuestra historia.
En su libro La época del terror en el país de Gómez (1947), Brandt detalló el más común entre el catálogo de métodos de tortura infligidos en el Castillo Libertador de Puerto Cabello durante la dictadura de Gómez: el “grillo”, una especie de cepo que, con o sin una bola de peso extra, aprisionaba los pies del detenido: “Los grillos son, en primer término, un instrumento de tortura física. El contacto de esos hierros con el cuerpo humano produce escoriaciones que terminan en úlceras e hinchazones. Dificultan conciliar el sueño y causan mortificación en cada movimiento. También la idea de estar remachados a un pedazo de hierro nos deprime, nos derrota el espíritu pues es en extremo dolorosa la impresión moral que se experimenta al pensar que uno está encadenado y arrastrando un lingote de hierro”.
El libro Memorias de un venezolano de la decadencia, el escritor y periodista José Rafael Pocaterra, probablemente es el más célebre de los testimonios sobre la dictadura de Gómez. A partir de 1919, el creador de Pachito Mandefuá (arquetipo del niño en situación de calle) pasó tres años en un calabozo de La Rotunda, la cárcel caraqueña conocida irónicamente como la “última morada”, el lugar en el que conoció de primera mano las atrocidades de Nereo Pacheco, un preso común que era usado como elemento de intimidación por los custodios. Pocaterra cuenta el caso de José María García, un menor de edad acusado de estar implicado en la presunta explosión de una bomba en el centro de Caracas. “Le pusieron grillos y, durante el día, Pacheco le obliga a hacer los trabajos más penosos y sucios. Por la noche se cansa de zumbarle puñetazos. Son la voluntad del testarudo valeroso y el agotamiento del verdugo los que eventualmente detienen del tormento”.
“Apenas entraban a la cárcel se les colocaban los grillos: había tres tipos, los livianos que eran como de 30 kg, otros de 50 kg y los más pesados de 70 kg, estos últimos llamados los ‘gomeros’. Pero también eran comunes los castigos de hambre y la sed en los calabozos, así como las pelas: azotes con látigos o varas; los colgamientos por los brazos con los grillos en los pies; las quemaduras con cigarrillos en los pies; los tortoles, un aparato que consiste en un mecate cuyos cabos están unidos a un mango de madera y se usa para apretar la cabeza, el tórax, las extremidades y los testículos o las glándulas mamarias quizás el método más cruel y temido”, agrega Jimeno Hernández, abogado y columnista de prensa que ha efectuado numerosas investigaciones sobre el tema.
La Rotunda, llamada así por su forma de panóptico (círculo) que permitía mantener bajo vigilancia a los prisioneros todo el tiempo, fue demolida en 1936 por el sucesor de Gómez, el general Eleazar López Contreras. No pasarían más de dos décadas antes de que la tortura se volviera a convertir en hábito.
La declaración de las Naciones Unidas de 1975 contra los Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes define la tortura como “todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras”.
El caso reciente del diputado Juan Requesens, acusado de homicidio intencional en grado de frustración por el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, debido a su presunta implicación en el intento de atentado contra Nicolás Maduro, hizo recordar cómo, en ciertos períodos de nuestra historia, la tortura se ha convertido en una práctica institucionalizada y, en ocasiones, sistemática. El 9 de agosto, el ministro Jorge Rodríguez difundió el video de una declaración que, según Joel García, abogado del parlamentario de Primero Justicia, Requesens no recordó haber grabado. Otro video le mostró con su ropa interior sucia de excrementos.
Seguridad Nacional: la maquinaria de terror de Pérez Jiménez
Los bordes lijados de un rin laceran los pies del adversario una y otra vez. Y, mientras la sangre corre, quien está encima intenta que los filos no alcancen más profundidad. Es imposible. Ahora, el objeto corta otras áreas y lastima más las que ya no resisten. El resto del cuerpo recibe golpes; el rostro, escupitajos. La escena se repite, una y otra vez, con distintas víctimas y victimarios en alguna celda de la sede de la Dirección de Seguridad Nacional, durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, como lo recreó una telenovela de RCTV en 1979: Estefanía.
El general, quien gobernó el país entre 1953 y 1958, infundió el terror entre sus adversarios con torturas, encarcelamientos y desapariciones. A la par, el desarrollo de grandes obras de ingeniería en Venezuela, impulsado por un crecimiento económico favorecido por la bonanza petrolera, buscaba solapar el terror.
“Muchas veces le repetí que se debían soportar 48 horas para darles tiempo a los demás de cambiar de concha (escondite) y ponerse lejos de la Seguridad Nacional. (Gerónimo) Boza así lo hizo: después de las 48 horas, no pudiendo resistir más, empezó a dar los nombres de las personas a quienes iban dirigidos los mensajes, las direcciones. Fue simplemente un hombre que llegó al límite de su resistencia. Para mí fue más bien un héroe por haber soportado esas 48 horas”. Así relata Renée Hartmann de Betancourt, en su libro Rómulo y yo (1984), la tortura de la que fue víctima uno de sus compañeros de resistencia, encargado de transportar mensajes entre los opositores al régimen.
Múltiples métodos de tortura fueron, entonces, usados para callar a quienes se oponían al dictador, o para hacer hablar a aquellos que ocultaban información relevante para el control que ejercía el militar. Pedro Estrada (inmortalizado en Estefanía con apellido cambiado a Escobar, por el fallecido actor Gustavo Rodríguez) y la Dirección de Seguridad Nacional, que presidía, fueron piezas fundamentales de la represión.
“Yo caigo preso porque flaqueó nuestro compañero. Era un muchacho y flaqueó”, relata Américo Martín, dirigente de Acción Democrática, en el documental Tiempos de Dictadura, de Carlos Oteyza (2012). “Me sorprendió, allá en mi casa, la Seguridad Nacional. Me llevaron preso en un carro, y en el propio carro donde me llevaban me empezaron a golpear. Llego allí y me llevan a los sótanos de la Seguridad Nacional. Me encerraron en un tigrito hermético; yo solo aprendí a distinguir qué hora era cuando se paralizaban las máquinas de escribir de un local vecino. Me esposaron, me desnudaron, me pusieron en una silla de metal, regaron agua en el suelo, y luego me pusieron unas pilas eléctricas en el estómago y, con un generador, les transmitían corriente. Era una cosa muy dura. Luego venían las patadas, los planazos, los golpes”.
La descargas eléctricas no eran la única forma de tortura. Pompeyo Márquez, dirigente de izquierda durante la dictadura perezjimenista y fundador de Movimiento al Socialismo, señala, en el mismo documental, que aquellos quienes contrariaban al presidente eran sometidos a vejaciones diversas, siendo las más populares El Rin, que consistía en subir al torturado, descalzo y desnudo, a un rin de automóvil con los bordes lijados, y mantenerlo encima hasta que el metal del objeto cortara la planta de los pies; y La Poceta, método en el que ahogaban al adversario en un sanitario con orina, para persuadirlo de confesar. Latigazos, descargas eléctricas en los genitales, golpes y quemadas con cigarrillos alargan la lista de tratos crueles.
La censura de medios era férrea, y limitaba la difusión de los hechos.
El constante atropello a los derechos humanos provocó, a finales de 1957, protestas que desencadenaron en la huida de Pérez Jiménez, en enero de 1958.
“A mí no me ofende que me llamen dictador, porque en la historia de la humanidad no se ha visto un dictador majadero”, diría en 1998, en una entrevista con Oscar Yánez, en su casa La Moraleja, en Madrid, España, donde vivió exiliado hasta su muerte. “En la dictadura se podían hacer obras para el beneficio de la nación”. Con menos visibilidad que autopistas, avenidas, complejos vacacionales y ciudades universitarias, en las celdas de la Seguridad Nacional se dejaba otra naturaleza de legado.
Rodríguez y Lovera, casos emblemáticos
“La tortura siempre ha estado presente en la política venezolana. También en el período comprendido entre 1958 y 1998”, reflexiona el ex guerrillero Gabriel Puerta Aponte, dirigente de Bandera Roja detenido en 1973 y 1982. Los gobiernos democráticos en los que se alternaron los partidos AD, Copei y postreramente la alianza Convergencia también muestran un expediente de tratos crueles contra prisioneros, que se engrosa especialmente en la combatividad de las fuerzas del Estado contra movimientos guerrilleros de izquierda. Probablemente los casos más emblemáticos son los de Alberto Lovera, dirigente del Partido Comunista de Venezuela, y Jorge Antonio Rodríguez, secretario general de la Liga Socialista y padre del actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
El cadáver de Lovera fue encontrado en la costa del estado Anzoátegui en 1965, con signos visibles de brutales agresiones físicas después de haber sido aprehendido días atrás por funcionarios de la Dirección General de Policía, Digepol, cuerpo de inteligencia política posteriormente conocido como Disip. Su caso fue investigado por el Congreso Nacional (órgano legislativo para la época), aunque la causa quedó abierta en los tribunales. En cuanto a Jorge Rodríguez (padre), murió víctima de un infarto mientras era interrogado en julio de 1976 cuando se le investigaba por el secuestro del empresario William Niehous. La autopsia reveló siete costillas rotas, hundimiento del tórax y desprendimiento del hígado, además de marcas de quemaduras. Pero es falso que su caso quedó impune, como suelen afirmar sus hijos. El director de la Disip, Arístides Lander, puso su cargo a la orden. Cuatro funcionarios del cuerpo policial cumplieron condena por el caso. El ministro del Interior de Carlos Andrés Pérez, Octavio Lepage, presentó un informe en el que se admitieron los maltratos.
“En lo personal nunca fui torturado para que se me arrancara una confesión, pero sí fui golpeado por funcionarios en la sede de la Digepol. Recibí patadas y agresiones físicas de todo tipo, también con armas. Muchos de los que cayeron conmigo fueron brutalmente torturados, y está el caso emblemático de Rodríguez. La tortura es inmoral ayer, hoy y siempre, humanamente no puede ser admitida. En el gobierno de Maduro se ha vuelto una práctica sistemática. El caso de Requesens es escandaloso. Hay una intención de degradar a la persona, disminuirla, humillarla, aplastarla. Sobrepasa los niveles de otras épocas”, comenta Puerta Aponte.
Torturas sistemáticas del siglo XXI
“Me llevaron encapuchada a una habitación, me enrollaron tobillos y muñecas con periódico y teipe, me esposaron, me envolvieron en colchoneta y me golpearon. Luego me acostaron boca abajo en otra colchoneta. Tenía a alguien sobre mi espalda, alguien al lado izquierdo grabando todo y otra persona del lado derecho que metía mi cabeza en una bolsa. Alternaban la asfixia con presión en mis brazos, y la persona que tenía sobre mi espalda casi me disloca los hombros en esas maniobras. Me pasaban cosas puntiagudas por la planta de los pies. En una oportunidad escuche el sonido de un taladro y me dijeron que me picarían en pedacitos junto con mi novio, y nos lanzarían al río Guaire. Me amenazaron con violarme. También me arrancaron parte del cuero cabelludo con una técnica llamada El Helicóptero: te toman del cabello, te hacen girar y te lanzan contra las paredes”.
Así recuerda Araminta González la primera tortura a la que fue sometida en 2014.
La químico, de 35 años, trabajaba en un laboratorio farmacéutico, participaba en protestas contra el Estado y ayudaba con medicamentos y alimentos a los estudiantes que manifestaban. Dos de ellos se hospedaron en su casa: José Pérez Venta y Carlos Trejo, quienes semanas después, tras el asesinato de Liana Hergueta, serían identificados como patriotas cooperantes. Durante su estadía en casa de González, ambos hombres hurtaron sus pertenencias. Cuando ella decidió denunciarlos, ellos amenazaron con delatarla ante el Sebin. El 24 de julio fue detenida y trasladada a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) de la avenida Urdaneta.
Fueron cinco horas de torturas, por parte de los funcionarios del organismo. Luego fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), donde los tratos crueles continuaron. “Recuerdo a las dos primeras funcionarias que me recibieron en el Inof: una me dijo que la llamaban La Muerte, y la otra me dijo que era comunista. Decían que no entendían porque nos resistíamos, que su función era doblegarnos. Algunas internas me contaron que les divertía torturar, y las mismas funcionarias me lo confesaron después. En el Inof, sin tocarte, también te imparten tratos crueles, inhumanos y degradantes. Desnudarte, burlarse de tus genitales, mantenerte desnuda en posiciones incómodas hasta que les da la gana, encerrarte sin luz y sin comida, obligarte a decir frases pro régimen. Fotografiarte, espiarte, romper y botar todas tus pertenencias”, relata González.
Durante los traslados a tribunales, las torturas continuaban. “Los guardias nacionales me engatillaban las pistolas en la cara y amenazaban con dispararme si me movía. Muchas veces me dejaban sola en el vehículo con las puertas abiertas y me decían que esperaban el día que saliera corriendo para dispararme en la espalda. Ciertamente, no todos los funcionarios fueron una completa bazofia conmigo, pero se me tatuaron en el alma las bestialidades de los otros”.
Tras más de dos años presa, Araminta González fue trasladada a un hospital psiquiátrico, donde permaneció durante seis meses, antes de ser liberada. “Un día en el psiquiátrico, mientra me bañaba, las funcionarias, que se supone debían cuidarme, estaban abusando de otro de los pacientes. Todos estábamos fuertemente tratados con químicos y este chico en especial estaba muy malito, hacía todo lo que le dijeran, desde bailar hasta meterse los dedos por el ano, que fue lo que le mandaron a hacer las funcionarias. Luego me lo contaron cómo si fuera una gran hazaña”. En este caso, González las denunció, y fueron destituidas. “Los funcionarios del CICPC que me torturaron también están denunciados ante el Ministerio Público, pero esos sí están libres. Con las funcionarias del Inof mis abogados no pudieron hacer mucho; con cada intento solo lograba que me impidieran ver a mis abogados, y más malos tratos”.
Las torturas provocaron secuelas que Araminta, hoy residenciada en España, aún procura superar. “Intenté suicidarme tantas veces que ni las recuerdo. Me hice insoportable. Tenían que vigilarme día y noche, porque cuando me dejaban sola buscaba cómo matarme. Entre las funcionarias y las compañeras de celda me mantuvieron con vida”. Ahora, en libertad, el respaldo médico ayuda a González a continuar con su vida. “Psicotrópicos, psicólogos, psiquiatra. Acá tengo dos expertos en víctimas de tortura que han dado con un tratamiento químico que no anula mi personalidad. Mi vida por ahora es la de cualquier inmigrante en espera de papeles. Mis abogados de Venezuela hicieron el milagro de liberarme cuando ya yo me daba por muerta. Salir del país fue lo que más me ayudó a superar todo. Aquí me siento a salvo y con la libertad de decir todo lo que me pasó sin temer por mi vida”.
No todos los presos políticos han resistido
Rodolfo González se suicidó en la madrugada del 13 de marzo de 2015 en una de las celdas del Sebin, en El Helicoide. Tenía 11 meses preso. Fue detenido la noche del 26 de abril de 2014. En cadena nacional fue identificado como “El Aviador”, el articulador logístico en las protestas de 2014, y acusado de asociación para delinquir, tenencia de explosivos y tráfico de armas de fuego.
Josefa Álvarez de González, viuda de Rodolfo, comenta que su esposo era un activista y lo que hacía era colaborar con los jóvenes que permanecían en el campamento instalado al este de Caracas como modo de protesta en 2014, igual que Araminta.
Josefa dice que a ella no le consta la causa de muerte de su esposo y también desconoce si en su permanencia en El Helicoide fue torturado físicamente. Josefa recuerda que Rodolfo, que tenía 63 años, llegó a El Helicoide en la noche del 26 de abril con la tensión alta. Los funcionarios dijeron que no lo torturarían porque podía morir.
Sin embargo, Josefa asegura que su esposo reiteradamente era torturado psicológicamente. “Le decían todo el tiempo que lo iban a mandar a Yare y a mí a la cárcel de mujeres. No me consta, pero sí se quitó la vida, fue por eso”. A Josefa la detuvieron en abril de 2014 al igual que su esposo. A diferencia de Rodolfo ella quedó bajo régimen de presentación durante un año.
A Rosmit Mantilla, diputado a la Asamblea Nacional y quien estuvo preso en El Helicoide al mismo tiempo que Rodolfo, tampoco le consta que él haya sido torturado físicamente. Pero aseguró que Rodolfo y él fueron amenazados durante tres días continuos de ser transferidos a una cárcel común. “Rodolfo no aguantó y se ahorcó. Pero cuando los funcionarios lo encontraron todavía estaba vivo. Los chamos de la hilera de enfrente les gritaban que estaba vivo. Pero los funcionarios le pusieron una sábana y lo dejaron morir”.
Otro ex preso de El Helicoide, que prefiere reservar su nombre, relata que el trato cruel dentro del recinto es usado también como tortura psicológica para aquellos detenidos que los funcionarios no pueden maltratar. “Había un funcionario que no sé cuántas veces lo vi torturando. Hacerlo le subía la adrenalina, y luego, cuando terminaba, ponía música para relajarse. Otro violó a una muchacha. Ella cayó presa por matar a su expareja, que era funcionario del Sebin. La capturaron y entre todos la torturaron mucho, mucho. Luego, los demás custodios salieron de la brigada, y sólo quedó uno. Le dijo: ‘voltéate, que te toca’. Lo siguiente que escuchamos fueron su quejidos mientras la violaba”, recuerda.
“Una noche muy tarde, como a la una de la mañana, escuché en el pasillo a alguien desesperado, pidiéndole a Dios, lloraba desconsolado. Saqué un espejito por la reja; así vigilábamos los pasilllos. Era un hombre, que estaba sentado en el piso, con las piernas recogidas. Tenía como una cadena que lo amarraba a la reja, pegado de los barrotes. Ese día se lo llevaron a torturarlo a La Tumba”, cuenta. “Una vez llegó también una señora de más de 50 años, después de una OLP. La acusaban de traficar drogas, sin pruebas. La lanzaron a la celda a las 3 de la mañana. Ese día iban a entrenar a los nuevos integrantes del Sebin, y se llevaron a la señora”. Los hicieron golpearla “hasta que perdieran el miedo de pegarle a los presos”. Cuando regresó a la celda, no podía ni sentarse”.
La tortura a detenidos por razones políticas tiene un objetivo, explican los especialistas. Los tratos crueles tienen la meta de conseguir afirmaciones o declaraciones que impliquen en un hecho al detenido o vinculen a demás personas en lo ocurrido.
Jackeline Sandoval, directora de la Fundación para el Debido Proceso —una organización dedicada a la defensa de los DDHH y presos políticos—, y José Vicente Haro, abogado constitucionalista dedicado desde 2014 a la defensa a presos políticos, explican que la tortura a presos es un hecho de vieja data. “Siempre ha sido así”, señala Sandoval, que además tiene 33 años de experiencia en el área penal.
Sin embargo, los especialistas coinciden en que en el periodo del chavismo las torturas a presos políticos se han radicalizado.
Tamara Suju, abogada penalista y defensora de los DDHH, entregó a la Corte Penal Internacional un expediente de torturas a presos políticos, en el cual demuestra que las torturas durante los períodos presidenciales del chavismo se han convertido en sistemáticas.
“Casos de torturas para amedrentar, castigar e intimidar a la víctima. Para conseguir testimonios que impliquen a otras personas: compañeros, disidentes, militares, politicos, lideres juveniles. Torturas perpetradas por todos los organismos de seguridad del Estado de forma sistemática, con un mismo patrón y un mismo guión”, explicó en una conferencia en el Instituto Interamericano para la Democracia en abril de 2017.
En la misma conferencia Suju comenta que el expediente cuenta con 600 casos de torturas sistemáticas antes de 2010 y 200 casos después de 2014.
Suju ha podido establecer y cuantificar los patrones de la tortura a traves del analisis de los casos. “El 70% de las personas torturadas han recibido torturas sexuales: desnudamiento, amenazas de violación, tocamientos o actos lascivos y violación”.
Asimismo, explica que el análisis de los casos evidencia que las primeras torturas eran individuales y para causar daño directo a militares y civiles que protestaban abiertamente. Después de 2013, comenta, las torturas han sido ejecutadas contra cualquiera: menores de edad, personas de tercera edad, con discapacidad física o mental.
Además, agrega que después de 2013 las torturas también han sido perpetradas de forma colectiva. “Han agarrado a 30 o 40 manifestantes y dentro del organismo de seguridad los han torturado a todos. También, los han puesto a presenciar cómo los demás son torturados. Madres han sido torturadas mientras obligan a las hijas a ver cómo las torturan”.
Haro, por su parte, explica que en tiempo anteriores la tortura respondía a hechos aislados. “La diferencia ahora es que la tortura se ha vuelto una política de Estado. En el pasado se encontraba evidencia de tortura, pero no era un método usual ni sistemático”.
El especialista comenta que, con Miguel Rodríguez Torres al frente de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) y la creación del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, se inicia la institucionalización de la tortura. Sin embargo, aclara que la tortura como política de Estado, su sistematización, se establece con Gustavo González López en la dirección del Sebin.
Para Sandoval la radicalización de las torturas obedece a que el número de presos políticos se ha multiplicado. Aunque advierte que los presos comunes son también sometidos a torturas.
Además, la especialista señala que la impunidad es otro de los factores por los que se han radicalizado las torturas en los últimos años: “Al no existir el temor a la apertura y condena de estas violaciones de DDHH, no se inhiben en la realización de las mismas. Además se hacen cómplices el Ministerio Público y los jueces al ser permisivos de esas violaciones ya sistemáticas y reiteradas”.
Sandoval, también esposa del preso político Rolando Guevara, advierte que el primer hecho de tortura registrado en el periodo del chavismo ocurrió con los hermanos Otoniel y Rolando y su primo Juan Guevara, acusados por el asesinato del fiscal Danilo Anderson. “Este año cumplen 14 años presos y 14 años de haber sido torturados durante tres días antes de llevarlos a tribunales. La Fiscalía archivó su caso alegando que no pudo investigar. Sin embargo, la CIDH apreció que fueron torturados, y eso aunado a la desaparición forzada. A ellos fueron los primeros ques le sembraron evidencia, han sido víctimas de montaje judicial, uso de testigos falsos y violaciones al debido proceso en forma reiterada y sistemática”.
Mantilla asegura ser el único preso político que en tiempos actuales no ha sido torturado físicamente. Pero, advierte, fue sometido a tortura psicológica durante su permanencia en el Helicoide.
“Un funcionario entraba a mi celda a leerme la Biblia. El Apocalipsis. Me amenazaba con que me iban a enviar a una cárcel común y que me iban a violar porque soy homosexual. Nos pasaban frente a un baño solitario y con ratas y nos decían que nos iban a meter allí y nos iban dejar días hasta que nos comieran las ratas. Además, yo tenía que ir a hacer mis necesidades y bañarme mientras los funcionarios me miraban”.
Los especialistas explican que las tortura a presos políticos son practicadas generalmente por División Antiterrorismo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la policía política Sebin.
Haro explica que, a través de sus defendidos y testimonios de otros presos políticos, ha tipificado distintos métodos de torturas practicados por estos cuerpos policiales.
Entre ellos, Haro menciona la crucifixión, el simulador de ahorcamiento, asfixia controlada con bolsas plásticas e insecticida, sumergimiento de la cabeza en agua, masaje del Cicpc, golpes con bates o palos de madera, descargas eléctricas en genitales y violaciones sexuales.
Además, el abogado especialista en derechos humanos explica que las técnicas de torturas van acompañadas de insultos y afirmaciones que el torturador pretende convertir en declaraciones. Aunado a que la mayor parte de las veces las muñecas y las zonas a maltratar son protegidas con adhesivos para no dejar rastro de la tortura.
Sin embargo, Sandoval aclara que los métodos y las herramientas para su ejecución varían dependiendo de las circunstancia y el sadismo del torturador. Aclara que no existe un método único. Aunque coincide con Haro en que los nombrados anteriormente son los más comunes.
Además, recuerda que en el año 2004 el abuso del torturador le quitó la vida a Juan Carlos Sánchez, también acusado en el asesinato de Danilo Anderson, en la sede de la Disip en Caracas. Cuenta que, a pesar de que el cuerpo fue trasladado hasta un hotel en el estado Lara para la simulación de un enfrentamiento, existen fotos que muestran que fue torturado con asfixia mecánica: provocada al cubrir el rostro del torturado con teipe industrial dejando solo la boca libre para que pueda hablar.
“Varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, y muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas. No hay indicios de que esa actuación vaya a cesar”, indicó el comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, en un comunicado emitido en agosto de 2017. Como en el pasado, la investigación y la documentación quedan como herramientas para que generaciones futuras conozcan y prevengan la degradación de la dignidad por motivos políticos.