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jueves, 13 junio, 2024

Comité de Derechos Humanos de La Guajira: «Aquí se vive una emergencia»

La Guajira pasó de vivir una crisis generalizada a convertirse en un territorio en emergencia agravada por la pandemia del COVID-19. La educación, alimentación y transporte está en total abandono, mientras que el servicio eléctrico y de agua potable es calificado como un lujo por sus habitantes. La violación generalizada de los derechos humanos de los pueblos indígenas atentan contra sus usos y costumbres, espiritualidad y cultura en un ambiente de injusticia y control político

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Mariela Nava

Aridez y desierto. Vientos que levantan polvo y forman remolinos de arena, un sol que quema y que hace que la temperatura llegue a 34 grados a la sombra, es el escenario diario que viven los que habitan en el municipio Guajira en el estado Zulia. Por eso, lo que padecen les desgasta y agota, sobre todo porque deben caminar hasta 40 minutos para buscar agua, y los niños dos horas diarias para ir a la escuela.

Pero no solo falta el agua potable, y el acceso a la educación es precaria, sino que falla la electricidad por espacios de hasta 48 horas, los servicios de salud son deficientes, lo mismo que el transporte.

Y esto que padece todo el municipio lo describe Kewin González, quien vive junto a sus padres, hermanos y sobrinos. Son ocho en total y viven en una casa de la Gran Misión Vivienda Venezuela. No tiene luz, ni agua potable, ni gas doméstico.

Su casa está ubicada en la población de Caño Paijana, ubicada en la parroquia Sinamaica y que es una de las 14 comunidades indígenas con una población de 1660 habitantes que componen este eje foráneo.

“Camino 40 minutos al día para llegar a un pozo artesanal que tenemos a 600 metros de la casa. Me levanto tempranito y preparo al burro que tenemos con dos garrafas. Hago dos viajes para poder traer cien litros de agua que usamos para bañarnos y tomar”, dijo el joven.

Al igual que la familia González, las 15 familias que conforman el caserío repiten la faena. Esta agua, de fuente natural, no es potable ni está tratada.

Esto se le une lo que comentan los habitantes y es que hace un poco más de dos años los camiones cisterna no prestan servicio de distribución de agua continuamente en la comunidad, por lo que cada familia ubica la vena de agua dulce en las tuberías principales que atraviesan la zona y construyen un pozo artesanal.

Y en medio de la falta de agua está la falla del servicio eléctrico. Hace un poco más de dos años, las 265 familias que habitan en los caseríos de Caño Paijana y Cardoncito no tienen servicio eléctrico. Greilis González, hermana de Kerwin, dijo que un día explotó el transformador principal de la comunidad y nunca más lo repararon.

“Cuando hay calor toca aguantar porque no hay nada que hacer. Para poner el transformador pidieron postes y guayas pero no los han traído. Ya estamos acostumbrados a dormir con calor, a vivir a oscuras. Tomar agua fría es un lujo, a veces compramos un pedazo de hielo”, dijo resignada.

Foto: María Alejandra Sánchez

El municipio indígena Guajira está ubicado al norte del estado Zulia. Con una extensión de 2.369 kilómetros y una proyección poblacional de 75.000 habitantes, este territorio es el hogar de la etnia wayuu, la población indígena más numerosa de Venezuela.

En el contexto de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela y las consecuencias de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, las condiciones de vida de la población wayuu se han deteriorado drásticamente. Marcados por las deudas históricas del Estado venezolano para garantizar la satisfacción de las necesidades más básicas en esta subregión, los derechos humanos de los pueblos indígenas son vulnerados.

Caminar para estudiar

Para los pueblos indígenas los niños son sagrados. Su primera escuela es el hogar, donde aprenden principios y valores. El varón aprende de su abuelo y en el caso de las niñas, la abuela materna es la encargada de transferir conocimientos de generación en generación.

Su segundo hogar es la escuela, pero ahí el panorama es estéril. A pesar de que Venezuela ha firmado acuerdos internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, los niños y niñas wayuu están desamparados. Es así que en el eje foráneo de Sinamaica hay siete escuelas de educación básica, todas en condición de abandono.

Greilis González dijo que sus hermanos más pequeños van caminando a la escuela Los Puertecitos que es la más cercana. En otro tiempo funcionaba un servicio de transporte público para la población habitante del eje foráneo. Con la crisis de combustible y la carencia de recursos para sostener un vehículo, ahora no existe ninguna camioneta que preste el servicio.

Foto: María Alejandra Sánchez

“Los niños comenzaron a caminar este año una hora de ida y otra de vuelta para ir a la escuela. Como no hay luz, no hay educación virtual”, contó.

Heberto Ferrer, director responsable de la Unidad Educativa Nacional Los Puertecitos, explicó que la falta de electricidad, agua potable y alimentación deterioran la calidad educativa pese a que los padres y representantes, en conjunto con el personal docente, hacen grandes esfuerzos.

“Aquí no están dadas las condiciones para cumplir con una educación de calidad. No tenemos salas sanitarias, los niños van al aire libre. El agua que tenemos es porque la autogestionamos con la colaboración que dan algunos representantes para la inscripción de los niños y con eso compramos agua”.

El regreso a clases en medio de la pandemia apenas permite que la dirección del plantel pueda comprar una pipa de agua que se destina, con celo, para el aseo de los estudiantes más pequeños.

La matrícula de la Unidad Educativa Nacional Los Puertecitos es de 200 niños: 49 distribuidos en sala de tres, cuatro y cinco años de edad y 151 alumnos de primero a sexto grado. Además, hay 14 docentes y 3 madres cocineras.

La Corporación Nacional de Alimentos (CNAE) es el ente responsable de los comedores escolares en la Guajira, pero en los últimos años la planificación y ejecución de estos programas alimentarios han sido irregulares y poco recurrentes.

En octubre de 2021, la dirección de la escuela de los Puertecitos recibió 10 bolsas de alimentos del Comité Local de Abastecimiento de Producción (Clap) para atender a su población de doscientos niños, niñas y adolescentes. Tres meses después, para la última semana de enero de 2022, la cantidad de alimentos entregados se redujo a dos bolsas Clap.

“Las bolsas solo traen carbohidratos . No traen proteínas”. Ferrer confesó que a veces hacen trueque con las familias de padres que son pescadores y cambian arroz o harina por pescado. “Si no, toca hacer el arroz de la suerte con salchichón o mortadela”, dijo refiriéndose a la poca cantidad del embutido que usan.

La pandemia por COVID-19 empeoró la situación general de las escuelas comunitarias, según comenta Heberto. “Antes el suministro de agua era gratis, los programas de alimentación llegaban cada 15 días y entregaban uniformes al principio del año escolar, pero ahora no hemos recibido nada”.

Conmovido por la realidad de sus alumnos, soltó: “A veces los niños vienen descalzos o con las gomas rotas, esta no es la educación que nosotros impartíamos hace años atrás. Ya el niño no tiene el mismo rendimiento”.

Aunque hay 200 niños inscritos, la asistencia diaria es de apenas 50%. Cuando hay merienda, el porcentaje de asistencia sube a 70% aproximadamente. “Eso pasa porque los niños muchas veces no ven en su casa ninguna de las tres comidas, entonces caminan un kilómetro para llegar a la escuela y poder comer”.

La preparación de los alimentos en esta escuela también es uno de los obstáculos para garantizar la operatividad de los programas alimentarios. Para que las madres cocineras puedan preparar los alimentos, construyeron una cocina artesanal a base de leña porque no cuentan con suministro de gas doméstico por tubería. Tampoco hay acceso a cilindros de gas doméstico debido al alto costo.

“Le pedimos a los niños que a diario traigan un palito de leña, para que podamos cocinar porque no tenemos servicio de gas. Las bombonas son muy costosas. La de 48 kilos cuesta 75 mil pesos o 20 dólares y la de 18 kilos está en 50 mil pesos o 35 dólares”.

Estudiar con el estómago vacío

En el sector Virgen del Carmen, en Paraguaipoa, hay una infraestructura de una base de misiones que fue rescatada por la comunidad hace cuatro años. Allí, hoy funciona el Maternal Centro de Educación Inicial Virgen del Carmen, que atiende a 52 niños de uno a cuatro años.

Isabel Correa, que tiene una niña de cuatro años estudiando ahí, dice que al menos dos veces a la semana su hija falta a clases porque no tiene comida.

“Hay madres que no tenemos para alimentar a nuestros hijos antes de venir a la escuela. La alimentación es lo más importante, por eso queremos que nos ayuden con recursos para poder salir adelante con nuestros hijos”, dijo.

Sin salas sanitarias, agua, ni electricidad, este maternal funciona debido al esfuerzo de docentes y representantes del alumnado. “Cada representante trae un poco de agua para el consumo del niño y buscamos la manera de habilitar un baño con una vecina. El CNAE dijo que en octubre iba a llegar la comida, pero nunca llegó. Luego nos dijeron que en diciembre y nada hasta ahora”, dijo el docente encargado de la administración, Fidel Urdaneta.

Para comer hay que caminar

Los programas de alimentación promovidos por el Estado venezolano para asegurar la alimentación de la población tampoco llegan a las comunidades de este eje foráneo. “Aquí hay Mercal, pero la bolsa viene a veces, no es fijo, es cuando ellos quieren”, dijo Kerwin González.

Después de dos meses, la última semana de enero de 2022, los habitantes de Caño Paijana tuvieron que caminar 12 kilómetros para llegar al pueblo de Sinamaica donde les vendieron la bolsa que les corresponde por familia.

El pago por cada bolsa mercal en la Guajira se hace en pesos colombianos, a pesar de que se trate de territorio venezolano y que debería permitirse la circulación de la moneda nacional. Para hacer la situación más irónica, la recepción de estos pagos y la distribución de este programa alimentario depende de la Alcaldía de la Guajira.

“Aquella vez pagamos 10 mil pesos por la bolsa de Mercal; trajo dos kilos de harina, cinco kilos de arroz, un kilo de pasta, una salsa, una mayonesa y un café. Eso nos rinde cinco días, después tenemos que comprar más comida. Esa bolsa cuesta en efectivo 20,00 bolívares o cinco dólares, pero aquí no se ve el bolívar, todo es en pesos colombianos”, aclaró González.

Foto: María Alejandra Sánchez

Derechos Humanos en violación sistemática

Para José David González, coordinador general del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, la inobservancia y desatención a las necesidades de la población wayuu derivan en una violación sistemática de los derechos fundamentales en el territorio indígena, que atenta contra sus modos de vida, cultura, espiritualidad, usos y costumbres que no son respetadas por los entes gubernamentales. “Los niños y las familias en general que habitan este territorio, están en alto riesgo por la falta de atención de los organismos que tienen la obligación de garantizar su derecho a los servicios básicos. La Guajira está en emergencia”, manifiesta.

“Todos los atropellos que ha sufrido el pueblo wayuu cambian de manera radical nuestra cotidianidad y movilidad”, dijo el defensor de los derechos humanos.

De la Guajira venezolana no se han publicado estudios específicos que den cuenta de la situación de inseguridad alimentaria de la población wayuu que se ve reflejada en la frustración de padres, representantes y docentes con respecto a la educación de las niñas, niños y adolescentes.

“Sabemos que hay muchos casos de desnutrición, siendo los casos más graves en la Laguna de Sinamaica y El Arroyo, son comunidades en alto riesgo debido al hambre. Hay ausencia del gobierno porque no hay atención, nadie habla por nuestro territorio, por nuestros niños, ni por las familias Wayuu y Añú”, dice el defensor de derechos humanos.

Paraguaipoa: salud en tinieblas

Y así como los habitantes de estos caseríos caminan para poder comprar una bolsa de alimentos del Mercal, también deben caminar kilómetros para tener acceso a la salud.

Luego del cambio de gobierno regional en el estado Zulia en noviembre de 2021, el médico Leonardo Fernández Lyon asumió, el 10 de enero de 2022, la dirección del Hospital II Binacional Dr. José Leonardo Fernández de Paraguaipoa de la parroquia Guajira. Es uno de los centros de salud más afectados en el contexto de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela.

Este centro de salud debería tener capacidad para 35 mil personas, pero en un día cualquiera sus pasillos pueden lucir oscuros y desolados debido a las constantes fallas eléctricas. La primera semana de 2022 estuvieron sin electricidad.

“Aquí no tenemos racionamiento, solo sabemos que se va, pero no cuando va a volver”, apunta Abraham Granda, el administrador de la nueva gestión del hospital. Los apagones en esta zona de la Guajira pueden extenderse por dos o tres días, incluso más.

La falta de mantenimiento en los postes y transformadores eléctricos, además de las condiciones climáticas de la zona mantienen en zozobra a sus habitantes porque es lo que desencadena el deterioro de la infraestructura eléctrica. “El problema de aquí es el salitre. Si le hicieran mantenimiento cada 15 días, las fallas serían menos. Los postes se lavan solos en octubre, cuando comienza a llover”, manifiesta Granda.

Ivett Pacheco, gerente de recursos humanos del Hospital, dijo que le preocupa la falta de respuesta que el personal puede brindar ante una emergencia. “Cuando se va la luz no se pueden atender partos, si llega una persona herida en la noche no hay lámparas de emergencia. Nada”.

Aunque el centro asistencial tiene una planta eléctrica con capacidad suficiente para mantener operativa todas sus áreas, hace más de tres meses que no funciona. “Lo que nos dicen es que le hace falta servicio, pero aún no tenemos recursos”, siguió Granda.

En espera de una respuesta gubernamental y de asistencia de las agencias de Naciones Unidas en terreno, la nueva administración del hospital binacional ha hecho el reporte de las carencias presentes en el hospital: de cinco aires acondicionados, solo uno funciona totalmente, dos a media máquina y el resto está dañado; los servicios generales no tienen bolsas, cloro, escobillones, ni guantes para hacer el aseo y la falta de insumos se calcula en un 90%. La medicina clave, de emergencia, no está disponible.

El personal médico solo puede indicarle al paciente los insumos y medicamentos que necesita para atenderlo. En la emergencia no hay alcohol, tapabocas, ni gasas para brindar atención a la persona que llegue.

En el laboratorio no hay reactivos y para el funcionamiento de la unidad de imágenes, hacen falta insumos específicos para garantizar su operatividad. En la actualidad, esta unidad se encuentra en desuso.

Tampoco cuenta con ambulancias para el traslado y remisión de casos. Con el cambio de gestión en la gobernación del estado Zulia, la alcaldía sustrajo las dos ambulancias especializadas que tenía el centro de salud, relataron miembros del personal directivo.

El patio trasero del Hospital sirve como vertedero de desechos, debido a que el servicio de recolección municipal es deficiente. “Hay mucha basura acumulada porque el aseo no llega. En el pueblo tenemos mucho tiempo que no lo vemos, desde antes de la pandemia, por eso la basura se va acumulando y lo que hacemos es quemarla de a poco”, dijo el administrador.

Foto: María Alejandra Sánchez

Por ahora, la nueva gestión logró activar un pozo artesanal para tener agua, pero debido a la inoperatividad las tuberías se han deteriorado. “Por ahora echamos el agua en un tanque de almacenamiento y la sacamos con tobo, las tuberías se tostaron porque tenían muchos años que no se usaban”, dijo Granda.

El nuevo director del Hospital, Leonardo Lyon, aseguró que la transición del gobierno regional los ha obligado a esperar por recursos. “Ya le planteamos a la Gobernación del Zulia todas las necesidades que tenemos, pero como van agarrando y están en lo del presupuesto nacional, estamos esperando la ayuda”, refirió.

Por la supervivencia

El sostenido deterioro de la calidad de vida de la población wayuu es evidente en la cotidianidad de los habitantes del municipio Guajira. Para la socióloga y cultora wayuu, Rubia Luzardo, la protección debida por parte del Estado venezolano a los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas de la Guajira es totalmente nula.

“Lastimosamente no es algo nuevo. Son años de ausencia de una política efectiva en los servicios públicos. No observo el acompañamiento de un organismo que busque tutelar el derecho de las comunidades indígenas. Para tener una pequeña noción de la realidad bastaría sólo transitar y observar”, manifiesta

“Por razones de derivación histórica, que tienen que ver con la discriminación de orden étnico nativas de Venezuela, el estado venezolano tiene un patrón de comportamiento que atenta contra los pueblos indígenas”, manifiesta Jesús Urbina, coordinador del Capítulo Zulia de Transparencia Venezuela.

Para Urbina, la Guajira no vive una crisis, sino una emergencia. Sin planes económicos de ninguna naturaleza que han desencadenado deterioro en el sistema salud, servicios públicos, alimentación y educación, sin contar el acceso nulo a la moneda venezolana.

Explica que según las proyecciones de los últimos años en la Guajira hay aproximadamente 75 mil habitantes, siendo un número muy pequeño en el padrón electoral, pero a pesar de ello “hay un control político férreo que busca garantizar la mayor cantidad de votos del pueblo para quién esté ejerciendo el poder a escala nacional. Controlan el voto con migajas, con dádivas, con esa precaria política social en el ámbito alimentario y de salud, controlan a la gente con la bolsita Clap”, dijo Urbina.

Desde 2010, el expresidente de Venezuela Hugo Chávez, decretó la creación del Distrito Militar N°1 en la Guajira venezolana. Esta decisión fue en contra de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas a sus territorios y se hizo de manera inconsulta con las comunidades wayuu.

El territorio indígena debe gozar de respeto por parte de las Fuerzas Públicas del Estado, pero esto no se cumple, porque se han registrado episodios de represión y abusos de parte de las autoridades militares como los ocurridos en abril de 2020. También, se han reportado casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales que aún esperan por justicia.

Este es el sexto reportaje de Rostros de la Emergencia, un seriado de crónicas promovido por Codhez y presentado en alianza con El Pitazo, para visibilizar historias que merecen ser contadas en el contexto de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela.

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