Este 15 de enero se cumplen tres años de la muerte del inspector del Cicpc y sus seis compañeros en la denominada masacre de El Junquito, expediente que examina actualmente la Corte Penal Internacional

Este 15 de enero se cumplen tres años de la muerte del inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Óscar Pérez, quien se rebeló contra el gobierno de Nicolás Maduro en 2017 e instó a uniformados de diferentes fuerzas policiales y militares a sumarse al movimiento que lideraba para derrocarlo.

Junto a él fueron asesinados, en la denominada masacre de El Junquito, los funcionarios sublevados de la Guardia Nacional Daniel Soto Torres, Abraham Lugo Ramos y Jairo Lugo Ramos; los efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), también rebelados, Abraham Israel Agostini y José Díaz Pimentel, así como la civil Lisbeth Andreina Ramírez Montilla.

Diputados de la Asamblea Nacional de Juan Guaidó y miembros de diferentes organizaciones que defienden los Derechos Humanos en Venezuela consignaron un expediente sobre estas muertes ante la Corte Penal Internacional (CPI) en diciembre de 2019, que fue avalado por los gobiernos de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Perú y Paraguay.

El documento se encuentra comprimido en el caso Venezuela 1, que recoge pruebas de otros acontecimientos en los que se denuncia la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno de Maduro. Este expediente pasó a una tercera fase de evaluación por parte de la CPI, según lo explicó a El Pitazo el exfiscal del Ministerio Público Zair Mundaray. Es decir, que al culminar la fase evaluativa, y si se llegase a determinar que la CPI será el organismo competente para cumplir con la justicia en Venezuela, se iniciaría un juicio contra los responsables.


Confiamos en que el examen indique que en Venezuela ni se quiere ni se puede realizar un juicio, porque en un crimen como el de Óscar Pérez existe la acción directa de altos miembros del régimen

Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público

¿Quiénes son señalados como responsables de la llamada masacre de El Junquito?

El expediente Venezuela 1, en el que se resalta el asesinato de Óscar Pérez y sus seis compañeros, culminó en diciembre de 2020 la segunda fase, de acuerdo con el informe rendido por la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda. Según lo concluido, existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde al menos abril de 2017 hasta 2019, año en el que se elevó el informe a la instancia internacional.

“Con este pronunciamiento, el expediente Venezuela 1 pasó la segunda fase, al estimarse que en el país se han cometido crímenes competentes de la Corte Penal. Un grupo de fiscales presentó en ese expediente la ampliación del caso de Óscar Pérez con una cantidad de análisis”, explicó Mundaray refiriéndose a las condiciones en las que fueron asesinados Pérez y sus compañeros.

Las especificaciones del caso del asesinato del inspector del Cicpc y sus compañeros, mencionadas por Mundaray, se refieren a la presunta responsabilidad directa del presidente Nicolás Maduro y el almirante Remigio Ceballos Ichaso, jefe del Estado Mayor del Comando Operativo Estratégico de la Fuerza Armada Nacional (Ceofan), precisamente porque el operativo en el que fueron asesinados los rebeldes se efectuó tras la activación del Ceofan. “Si uno revisa la ley de la FAN, para que se pueda activar el CEO se requiere una orden presidencial, de modo que no es posible ni siquiera por órdenes del ministro de la Defensa que el CEO se active. Por esta razón consideraron, precisamente desde la perspectiva de quienes ejercen funciones públicas en Venezuela, que había que actuar como si hubiese un enemigo militar; por eso fue que ordenaron el despliegue desmedido y desproporcionado de fuerza que se produjo en ese caso”, detalló el penalista.


Desde la perspectiva de quienes ejercen funciones públicas en Venezuela, había que actuar como si hubiese un enemigo militar; por eso fue el despliegue desmedido y desproporcionado de fuerza que se produjo en ese caso

Zair Mundaray, exfiscal del Ministerio Público

Las investigaciones emprendidas por un grupo de fiscales determinaron que el 15 de enero de 2018 se activó el CEO en El Junquito, por lo que las unidades que allí actuaron pasaron a control de este ente al momento de efectuar la operación, según lo expuesto ante la CPI. “De acuerdo al cúmulo de información que se colecta, no solo desde el punto de vista de los testimonios y lo que quedó plasmado en redes, sino desde el punto de vista criminalístico, científico, de los hallazgos materiales en el sitio del suceso, los cuales quedaron perfectamente fijados, se hicieron levantamientos planimétricos y una cantidad de trayectorias balísticas, y a través de algunos hallazgos médico-legales se pudo constatar que estas personas se habían rendido al momento en que se les efectuaron los disparos. Los cuerpos presentaron múltiples heridas, no solo por disparos, sino por las explosiones. Se usaron equipos antitanques RPG, que fueron disparados contra la edificación. Esto produjo la demolición, sin darles ninguna oportunidad a estas personas, que se encontraban rendidas y sin poder defenderse”, precisó Mundaray.

En el informe que posee la Corte también son señalados como coparticipes el director de la Policía Nacional Bolivariana, general Elio Ramón Estrada, y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quienes fueron sindicados de aportar toda la logística para que los organismos presentes en El Junquito actuaran.

En la masacre de El Junquito también fueron asesinados tres funcionarios sublevados de la GN, dos de la Dgcim y una mujer | Foto: cortesía

Caso bajo examen de complementariedad

Luego de la estimación de la Corte Penal Internacional sobre el expediente Venezuela 1, se esperan para el primer trimestre de 2021 los resultados del examen de complementariedad, que consiste en determinar si en el país existe alguna posibilidad de que haya un juzgamiento autónomo e independiente sobre el caso de Óscar Pérez, sus compañeros y otros sucesos.

“Obviamente, confiamos en que el examen indique que en Venezuela ni se quiere ni se puede realizar un juicio, porque en un crimen como el de Óscar Pérez existe la acción directa de altos miembros del régimen que se mantiene de facto en el poder. A partir de allí, se iniciaría la investigación formal, en la que esperamos se produzcan medidas importantes contra los autores de estos crímenes de lesa humanidad”, acotó Mundaray.

Los denominados máximos responsables, en términos legales, podrían ser juzgados por la corte; en el caso de la masacre de El Junquito, sería señalada la cadena de mando del CEO. Sin embargo, también están identificados en el informe otros responsables que estuvieron en el lugar de los hechos, por quienes también se hacen las diligencias correspondientes para que sean juzgados.

Tras los sucesos de 2018 en El Junquito, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ordenó que se abriera una investigación penal contra los fallecidos, a quienes les atribuyeron crímenes de traición a la patria, sedición y terrorismo, entre otros. No obstante, no fueron investigadas las circunstancias en las que fueron asesinados.

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