Uno tiene cupo para estudiar Fisioterapia y otro Ingeniería Civil. Hay un adolescente de 14 años que no ha podido comenzar el tercer año de bachillerato y dos que tienen que trabajar para ayudar a sus padres. Todos se preguntan cuándo podrán salir porque no hay pruebas que los vinculen con los delitos que les imputan
Samuel Aarón Rodríguez tiene 17 años, es basquetbolista y tenía su cupo asegurado en la Universidad Nacional Experimental de Lara Martin Luther King, para estudiar Fisioterapia. Pero desde el 29 de julio, cuando lo detuvieron después de la elección presidencial –justamente cuando las protestas sacudían al país después de que el CNE anunció los resultados que dieron ganador a Nicolás Maduro–, sus días se reducen a la monotonía de usar un uniforme gris y la desesperación de no saber cuándo podrá retomar su vida porque permanece detenido, junto con otros cinco jóvenes en el Centro Socioeducativo Pablo Herrera Campins, conocido como retén El Manzano.
Su madre, Glisbelys Vásquez, relata la angustia de ver cómo su hijo deportista, con dos años en una escuela de baloncesto y una licencia de atleta, perdió la oportunidad de inscribirse en la universidad el 9 de octubre. “Cada vez que lo visito, me pregunta: ¿cuándo voy a salir de aquí?”, cuenta su madre a El Pitazo.
Como le gusta tanto el deporte y tenía ya dos años en el club escuela Esbalir, donde jugaba baloncesto, escogió la carrera de Fisioterapia, para ir de la mano con el deporte. “Es echador de bromas, vivía su juventud. De lunes a viernes tenía entrenamiento de baloncesto y los fines de semana, competencias. Recientemente, viajó a Trujillo para un partido que organizaron”, cuenta su mamá, quien lo visita todos los sábados y le lleva sopas, panes, caraotas, arroz; y agua entre lunes y miércoles.


Cada vez que lo visito, me pregunta: ¿cuándo voy a salir de aquí?
Glisbelys Vásquez, madre de Samuel Aarón Rodríguez
El día que detuvieron a Samuel, no estaba solo, ni manifestando. El joven caminaba junto a sus amigos Luis Delgado Díaz y Ánderson Castillo, también de 17 años. El papá de Ánderson, Orlando Castillo, recuerda que caminaban en el sector Prados de Occidente, que queda al oeste de Barquisimeto.
Los señalan de actos vandálicos que incluyen la quema de un autobús de Transbarca y el saqueo de un supermercado al oeste de Barquisimeto. Ninguno tiene responsabilidad, comentan sus familiares.
“A las 9:30 p.m., me llamaron para decirme que lo habían detenido”, recuerda el padre de Ánderson, quien denuncia que los policías los “ruletearon por (el restaurante) El Pescao durante horas”, y que los sometieron a golpes antes de entregarlos al Destacamento 121 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Lo habían inscrito para que estudiara quinto año de bachillerato en el liceo Jacobo Mármol Montesinos. Ánderson trabajaba para ayudar a su padre, de 70 años, y a su madre, de 69. Ahora ellos no tienen ingresos porque su hijo era quien los apoyaba.
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“Estoy viendo de dónde saco el pasaje para visitarlo mañana”, comenta desesperado el padre, quien además busca medicamentos para su esposa, a quien deben hacerle diálisis.
“Papá, yo estoy orando, le estoy pidiendo a Dios que me saque de aquí. Yo sé que Él me va a sacar de aquí”, fueron las palabras que Ánderson les dijo a sus familiares en su última visita. Sus padres solo lo pueden visitar una vez a la semana, los sábados, y con mucho sacrificio.
Luis Delgado Díaz, el otro joven de 17 años que detuvieron y es amigo de Samuel y de Ánderson, trabajaba como mecánico con su abuelo desde hace un año. Cursó estudios hasta quinto grado y esperaba continuar para apoyar a su familia. También vendía panes junto a su madre y padrastro.


La defensa está de acompañante porque no los defiende. Hasta les dijeron en la audiencia preliminar que asumieran los cargos
Orlando Castillo, padre de Ánderson Castillo
“Es alegre, pero ahora está asustado y sufre de ansiedad. Llora porque piensa que le van a dar muchos años”, dice su madre, Willmary Díaz, a quien le cuesta conciliar el sueño cada día: “De verdad deseo tomarme algo para poder dormir; ya he bajado tres kilos con esta situación”. Solo puede visitar a su hijo los sábados porque no tiene ingresos suficientes para pagar por los traslados.
Según relatan los familiares, a los jóvenes se les sembró evidencia incriminatoria: neumáticos quemados, piedras y otros objetos, para acusarlos de participar en los actos vandálicos. La audiencia de presentación se realizó 4 días después de su detención, el 2 de agosto, y la preliminar tardó más de un mes, el 3 de octubre; un periodo que excede lo establecido en el artículo 557 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna).
Además, al ser detenidos, el Ministerio Público tiene 10 días para exponer el acto conclusivo, en el que se presentan las pruebas incriminatorias y se da paso a la audiencia preliminar, aclara el abogado Alexis Ramos de la organización Movimiento Vinotinto. Lapsos que no se han respetado en el caso de los detenidos de Lara.

Sin universidad y sin bachillerato
Entre el 29 de julio y el 3 de agosto de 2024, 13 adolescentes fueron detenidos en el estado Lara, 10 de ellos por presuntamente estar vinculados con la quema de un autobús de Transbarca y el saqueo de un supermercado al oeste de Barquisimeto. De esos jóvenes, 7 han sido liberados, pero 6, entre los que se cuentan Samuel, Ánderson y Luis, permanecen tras las rejas en el retén El Manzano. La pregunta que atormenta a sus familias es: ¿por qué solo liberaron a algunos si los 10 fueron detenidos por el mismo delito?
Entre los seis también está Carlos Jiménez, de 17 años, quien también ve truncado su futuro académico. Tiene un cupo en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) para estudiar Ingeniería Civil y fue detenido el 3 de agosto mientras regresaba de su trabajo. Se le acusó de tener videos en su celular que lo relacionaban con las protestas, un señalamiento que su familia considera infundado. Su hermana, Neirianny Camacho, aún tiene esperanzas de que el proceso sea más transparente y busca alternativas para que Carlos cuente con una defensa privada.
El menor de los 6 detenidos es José David Crespo y solo tiene 14 años. Con el tercer año de bachillerato en juego, el adolescente fue arrestado junto a su padre en Carora el 30 de julio. Cuenta su madre, Marbelis Camacaro, que realiza agotadores viajes desde Carora hasta Barquisimeto con cuatro meses de embarazo y que su niño, como lo llama, fue acusado injustamente de estar involucrado en actos vandálicos en la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). “Él solo estaba en la zona, donde el papá buscaba un dinero para hacer unos bloques”, lamenta.
José David aún se pregunta cuándo podrá retomar sus estudios, mientras su madre se enfrenta a la realidad de criar a otros tres hijos en medio de la pobreza y la incertidumbre. Pues a su esposo, quien era la cabeza familiar, también lo detuvieron ese 30 de julio y desde el 29 de agosto, cuando fue trasladado al Centro Penitenciario de Aragua, Tocorón, no ha podido verlo.
El sexto detenido es de Sarare, municipio Simón Planas, pero El Pitazo no ha podido establecer comunicación con sus familiares.
Sin defensa y derechos vulnerados
El proceso judicial ha sido igual de sombrío para todos, según coinciden los familiares. A Samuel, Ánderson y Luis les fue impuesta una defensa pública desde Caracas y los padres denuncian que la defensa de apoyo en Lara no se presentó en la audiencia preliminar y en su lugar envió a un abogado suplente que ni siquiera reveló su nombre.
El abogado les recomendó a los adolescentes que asumieran los cargos, pero los tres se negaron, confirman los padres, a quienes no les permitieron estar en el acto legal.
De acuerdo con el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, de los 70 menores detenidos después de la elección presidencial del 28 de julio, las edades están entre los 14 y 17 años. Justo las de los 6 detenidos en Lara.


A pesar de la obligación del Estado de asegurar una defensa justa, los jóvenes siguen en un limbo legal, enfrentan cargos de terrorismo, instigación al odio y daño a la Nación, sin acceso al expediente judicial.
Mientras viven esta pesadilla, como la llaman, no solo los jóvenes detenidos, sino también sus familiares, los padres informan que en el retén reciben buen trato, les dejan pasar comida, les permiten hablar con sus hijos y a estos practicar deportes. Hasta ahora, los seis adolescentes están aislados de la población penal del retén. Sus padres luchan para que los liberen y puedan cumplir con las metas que tienen y apoyar a sus familias.
