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miércoles, 29 junio, 2022

Francisco González: un empresario con expedientes por estafa en cinco países y libre en Venezuela

La impunidad juega a favor de Francisco Javier González, un presunto estafador de grandes ligas que no ha llegado a ser condenado en 44 años por ninguna de las causas que se le han comprobado. La justicia en Estados Unidos, España, Puerto Rico y Aruba aguarda por el Gobierno de Venezuela, que pareciera protegerlo negando en dos oportunidades su extradición

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Por: Yoleida Salazar y Johanna Osorio

Yo soy Francisco González, —dice con voz hostil a través del intercomunicador de su quinta en el Alto Hatillo—. ¿Quién es usted y cómo llegó a mi casa?

Tras una breve explicación, González deja de contestar sin avisar. Menos de cinco minutos después, su sombra se asoma por la rendija de uno de los dos amplios portones verdes que dan acceso al lugar. Dos o tres centímetros separan el muro de la puerta. Cabello canoso y una camisa por dentro del pantalón es lo único que se ve del hombre que está del otro lado.

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—¿No tienen ustedes asuntos más importantes sobre los cuales escribir? —increpa—. Estoy seguro que es otro reportaje pagado para desprestigiarme a mí y a mi familia, —acusa. Yo tengo pruebas de mi inocencia —afirma.

A sus 68 años, Francisco González aguarda en su casa la audiencia de su última aprehensión, que se realizará la segunda semana de julio, tras ser diferida el 21 de junio. Estuvo, hasta mayo, detenido en PoliHatillo, donde llegó procedente de la subdelegación del Cicpc de Valle-Coche, tras ser denunciado por estafa agravada, junto a su esposa Miriam Márquez Rojas (65). La venta, en agosto de 2016, de una camioneta Mercedes Benz a dos compradores distintos le valió el allanamiento de su casa, la retención del vehículo y ser apresado desde el 24 de febrero, fecha cuando el cuerpo policial anunció su captura a través de Twitter.

En el transcurso de más de cuatro décadas ha sido detenido en cinco ocasiones por las autoridades venezolanas por presuntas estafas, pero al poco tiempo ha sido liberado y sus casos dormitan en alguna gaveta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sin que, hasta la fecha, se le haya castigado por alguno de los delitos.

Desde 1974, cuando según registros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) inicia su prontuario, hasta este año, no ha sido sentenciado por ninguna de las causas que se le imputan. Y aunque González se encuentra solicitado por los gobiernos de España y Estados Unidos, donde habría timado cerca de 30 millones de dólares en ventas de productos petroleros que jamás cumplió, y que le valieron demandas por 200 millones de dólares, las peticiones de extradición a esos dos países fueron negadas por el TSJ, órgano en el que sus causas parecen entrar en una dimensión desconocida.

Pero no solo en España, su país de nacimiento; y Venezuela, su patria de adopción; González tiene expedientes por estafa. Por la misma causa también lo buscan en Aruba, Puerto Rico y EEUU. En la isla perteneciente al Reino de los Países Bajos lo acusan de engañar a un grupo de trabajadores de una aerolínea que, junto a su familia,  trató de operar con un solo avión alquilado, pero que nunca voló. En Puerto Rico, estado libre asociado estadounidense, estafó a una empresa constructora al venderle asfalto que jamás entregó. En Nueva York lo demandaron unos nigerianos por un cargamento de petróleo venezolano que vendió y jamás llegó a su destino. Con su habilidad, logró que reporteros de la agencia de noticias EFE en Madrid cayeran en una de sus tramas.

Con esos expedientes en contra, ¿cómo consigue González seguir en libertad? ¿Cómo evade la justicia? ¿Alguien lo protege?

Hasta el cierre de esta publicación, González ni su abogado habían concretado la entrevista con El Pitazo

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Indetenible

AFrancisco Javier González no lo han parado las demandas ni el hecho de haber estar detenido cinco veces, de acuerdo con los registros policiales. Dentro o fuera de la cárcel, el empresario hispano-venezolano ha continuado con sus negocios.

Arevenca en Venezuela, Arevenca SL en España, Arevenca Aruba Holding, Arevenca AKTM Refinery Complex y Arevenca Bank en Aruba son algunas de las firmas registradas de González en esos tres países, en las que él figura como presidente y sus hijos Andreina, Mónica, Ana María y Ricardo González, ocupan cargos directivos.

Gracias a una reputación forjada en Internet, González logró moverse en varios círculos del negocio petrolero en Venezuela, España y Estados Unidos, donde habría estafado al menos 30 millones de dólares, según consta en las demandas en tribunales de las tres naciones y que le valieron ser incluido en la lista de personas buscadas por la Interpol.

A través del portal web de Arevenca, que a la fecha de redacción de este reportaje estaba inactivo, la familia se promovía como propietaria de un complejo refinador que opera “mundialmente con refinerías propias y en asociaciones estratégicas”, con actividades centradas en África.

Según consta en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 24 de octubre de 2016, en la que se declaró improcedente la extradición de González a España, la División de Información Policial del Cicpc envió a la Sala de Casación Penal los registros en los cuales se da cuenta de los antecedentes de González. Según este récord, su carrera delictiva inició en 1974, cuando fue detenido el 10 de abril por emitir cheques sin fondos. Cuatro años después, en junio de 1978, ingresó nuevamente a los calabozos por estafa. El 21 de octubre de 2010 fue aprehendido por la Dirección de Investigaciones de Vehículos por apropiación indebida. El 16 de mayo de 2016, la División de Investigación en Caracas de la Interpol aprehendió a Francisco Javier González en virtud de las alertas rojas internacionales emitidas por el Reino de España y por los Estados Unidos. Finalmente, tras ser liberado bajo fianza en 2017, cayó nuevamente tras las rejas, junto a su esposa, en febrero de este año.

¿Cómo llegó González a realizar negocios internacionales de esa magnitud? Todo comenzó con una arenera en la zona oeste del estado Anzoátegui. En 1997, el empresario español, nacido en las Islas Canarias, pero criado en Venezuela, adquiere junto a su entonces socio, Ricardo González Mayónica, una antigua arenera denominada Arevenca, inscrita en la oficina de Registro Mercantil de Barcelona, el 11 de agosto de 1994, bajo el N° 3, Tomo A-56, con la cual incursiona en el negocio de la construcción. En el año 2001, la compañía es demandada por una constructora con la que había firmado un contrato para la construcción de un puerto de aguas profundas en la zona donde hoy está asentado el Complejo Criogénico de Jose, en Anzoátegui.

En 2006, un tribunal absuelve a Arevenca de la demanda por incumplimiento de contrato y González, como dueño único de la firma, ya con González Mayónica fuera de la ecuación, decide olvidarse de la construcción y pescar profundo en el jugoso y productivo mercado petrolero.

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Nigerianos estafados

A mediados de 2006, representantes de la empresa Skanga Energy & Marine, con sede en  Nigeria, interesados en hacer negocios con Venezuela, se reunieron con Enrique Arrundell, entonces cónsul comercial de Venezuela en Nigeria y posteriormente embajador en ese país, según consta en documentos del juicio que se siguió en Nueva York dos años después.

En octubre de 2006, en una reunión en un hotel en Caracas a la que fue invitado Cristiano Imoukhuede, representante de Skanga Energy, Arrundell habría introducido a Arevenca como un agente de Pdvsa, con quien, en lo sucesivo, debían negociar. De allí en adelante, Francisco González tomó las riendas de la negociación que culminó con la transferencia por parte de Skanga de $11.2 millones a las cuentas de Arevenca, a cambio de un combustible que nunca llegó a puerto nigeriano.

En 2008, el conglomerado africano decidió demandar, tanto a Arevenca como a Pdvsa, por 100 millones de dólares en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York por el ofrecimiento fraudulento de productos petroleros. En los documentos probatorios que presentó Skanga a la instancia judicial figuran comunicaciones dirigidas a Asdrúbal Chávez (entonces gerente de Comercio y Suministro de Pdvsa) y hasta un Bill of Lading (guía de carga) con el logo de Pdvsa, en el que consta el despacho del combustible. En 2015, por decisión de la juez Denise Cote, Pdvsa quedó absuelta de responsabilidades, pues nunca se pudo comprobar la relación de la estatal petrolera con Arevenca. La demanda aún continúa en pie, pero sólo incluye a la empresa de González.

Con los casi 12 millones de dólares en el bolsillo, González y su familia tuvieron capital suficiente para llevar sus negocios a otras fronteras. En 2010 enfiló hacia Aruba, donde fundó una línea aérea, FlyAruba, cuyo único avión –un Airbus alquilado– y todo su personal siempre se mantuvieron en tierra, pues nunca despegó. En la isla caribeña, a donde le gustaba pasar largas temporadas en un resort, le abrieron un juicio por estafa laboral.

Mientras Francisco González y su familia llevaban una vida de lujos entre Aruba, España y Venezuela, los negocios de Arevenca no cesaban. Necesitaban multiplicar el dinero que se iban a manos llenas entre hoteles de lujos, Rolls Royce, viajes, compras en tiendas de marca y quintas en Caracas, Venezuela, según consta en documentos bancarios revisados por el equipo de El Pitazo. Los González necesitaban mejorar su perfil público, de modo que en 2011 montaron en Madrid la firma de una supuesta negociación multimillonaria con una empresa de aviación de China, AvicXac, para suministrar productos petroleros e invertir en actividades de extracción, refinación y distribución de crudo. El acuerdo, firmado en un hotel de la capital española y que tuvo la cobertura de la agencia de noticias EFE, fue por $200.000 millones de dólares anuales a 10 años..

En ese momento, el periodista Steven Bodzin, experto en el área petrolera, llamó la atención sobre el acuerdo al que catalogó de inviable, pues semejante cifra, 200.000 millones de dólares, equivale a los ingresos anuales de una corporación multinacional como Chevron. “Estas personas estuvieron implicadas en el mayor contrato petrolero de la historia. Merecen ser reconocidos”, escribió irónicamente Bodzin en su análisis sobre el convenio entre Arevenca y Avic XAC.

La agencia de noticias española difundió la noticia en todos sus portales, sin verificar quiénes eran los presentes y si era viable este “histórico” proyecto.

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De las páginas de EFE a las de la Interpol

Con el reportaje en la página web y el canal de Youtube de EFE añadido a su reputación on line, González se fue tras la caza de otro pez gordo. Es así que en ese año 2011 inicia negociaciones con la empresa constructora puertorriqueña Betteroads Asphalt Corp. para venderles un cargamento de asfalto. Los tratos se hacían a través de un intermediario, Madasi Oil, propiedad de Marcos Da Silva y Miguel Lausell. El trato fue el siguiente: Arevenca vendería 100.000 barriles de asfalto y Betteroads pagaría $7.8 millones que transferiría a una cuenta personal de González en Suiza. Los puertorriqueños cumplieron su parte, pero el asfalto nunca llegó a tierras boricuas.

Al año siguiente, en 2012, Betteroads inició una demanda en los Estados Unidos y Puerto Rico por 35 millones de dólares contra Arevenca, Madasi Oil y sus socios. La empresa puertorriqueña y sus abogados llevaron a pulso la demanda contra el empresario venezolano y en 2015 lograron que la querella fuera admitida también en los tribunales de España, debido a que las empresas de González estaban también registradas allá. Ambos procesos derivan en la emisión de sendas órdenes de captura de la Interpol en EEUU y España. Francisco González se convirtió en un prófugo internacional.
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Estados Unidos solicitó la extradición de González por presunta estafa, pero le fue negada por el Estado venezolano

De vuelta a Venezuela

Luego de las órdenes de captura emitidas en España y Estados Unidos, González decidió concentrar sus operaciones en Venezuela, donde se movía a sus anchas en helicóptero entre Caracas y la isla de Margarita, siempre rodeado de guardaespaldas, pues tras la estafa a los nigerianos, temía por su vida, según reveló un investigador privado quien seguía los pasos de González y los suyos.

Los González se concentraron en hacer dinero con la venta de divisas norteamericanas en un mercado ávido de dólares. Para ello se valían de intermediarios, a quienes ofrecían una tasa atractiva para que estos pudieran obtener una buena ganancia. Estos negociantes se encargaban de buscar clientes necesitados de divisas, empresarios en especial, a cambio de una comisión flat (fija, sin importar la cantidad de dólares) por la venta.

El comprador final pagaba con cheque de gerencia a nombre de Cooperativa Grupo Epsilon R.L, la firma en Venezuela de González y sus hijos, destinada a captar los bolívares. La cooperativa fue registrada en el Registro Subalterno del Municipio Libertador, en el Número 18, Tomo 11, Folio 11 en febrero de 2004, y en su directiva figuran, además de González, su esposa, Miriam Márquez Rojas, su hijo Javier González Rojas, su cuñado Antonio Faustino Márquez Rojas y su socio también en Arevenca, Octavio Alicandro..

“Francisco González es un estafador muy hábil. Sabe envolver a la gente. Conmigo lo hizo. Me robó y, además, me provocó un problema gravísimo”, relata a El Pitazo una víctima del empresario, quien prefiere reservar su nombre. “Yo actué como intermediario de una empresa de cerámicas. Ellos necesitaban 100.000 dólares. Yo conversé con González, gestioné la compra y le di al comprador los datos bancarios para el depósito del dinero. Ellos pagaron, pero González nunca me dio las divisas. Comenzó a evadirme y, finalmente, me robó. Tuve que asumir la deuda. Nadie me pagó a mí ese dinero”, afirma la fuente.
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En Venezuela, González se dedicaba a la venta de divisas, a través de una empresa local, señalan afectados

El arte de vender un carro dos veces

El 16 de mayo de 2016, la División de Investigación en Caracas de la Interpol aprehendió a Francisco Javier González en virtud de la alerta roja internacional emitida por el Reino de España. La detención de González se produjo casi tres años después  de que la firma Betteroads Asphalt Corp. emprendiera acciones legales en esa isla.

Apropiación indebida y estafa fueron los delitos por los que se le buscaba y, tras su captura, fue detenido preventivamente en los calabozos del Cicpc en El Rosal, a la espera de los trámites judiciales para su deportación, según solicitudes de la justicia en España y Estados Unidos. El largo proceso que llevó a su detención fue llevado a pulso por la familia Díaz, propietaria de Betteroads, cuyo fin último era ver tras las rejas a González, su familia y sus socios.

El 24 de octubre de 2016, con ponencia del entonces magistrado de la Sala de Casación Penal, Maikel Moreno, hoy presidente del TSJ, se declaró improcedente la solicitud de extradición del gobierno español y el tribunal se comprometió a iniciar una investigación por los delitos que se le atribuyen. Se acordó que González seguiría detenido. Diez días después, el 4 de noviembre, la misma instancia judicial en una nueva sentencia notifica que otorga un plazo de dos meses a los Estados Unidos para presentar una solicitud formal de extradición, así como toda la documentación necesaria, según lo establece el Tratado de Extradición entre ambos países. De cumplirse el lapso sin que se reciba lo solicitado, se ordenará la libertad sin restricciones de González Álvarez.

Según un especialista en Derecho Penal,  la Constitución Bolivariana de Venezuela prohíbe la extradición de sus ciudadanos y  prevé el enjuiciamiento en suelo patrio, cuando haya jurisdicción para ello.

“Cuando lo detuvieron en mayo de 2016, Francisco González comenzó a vender sus bienes para costear una estadía cómoda en la cárcel; luego, para pagar exámenes que le permitieran ser trasladado a un centro médico. Primero, vendió un sedán, con un pacto retracto que no cumplió. Luego, dos camionetas blindadas descompuestas. Por último, vendió la camioneta Mercedes Benz”, relata una persona cercana al presunto estafador.

“La Mercedes Benz fue negociada por 30.000 dólares en agosto de 2016, cuando ya tenía cuatro o cinco meses libre. El primer comprador acordó un adelanto de 10.000 dólares. Cuando terminó de pagar y cerraron el contrato en la notaría ubicada en el Centro Financiero Latino, el comprador fue a buscar el vehículo. Estaba descompuesto y no pudo retirarlo de la casa de González. Entonces, el nuevo dueño le exigió que lo reparara. Este accedió”, explica la fuente, quien prefiere reservar su nombre.

“Ante la tardía entrega de la camioneta, el comprador acudió al Instituto Nacional de Transporte Terrestre para documentar el traspaso del carro, que sólo estaba registrado en notaría. La sorpresa se la llevó cuando en el organismo le dijeron que no podía concretar el procedimiento, porque el contrato de compra-venta había sido anulado. ¿Cómo lo hizo? Francisco González fue al lntt y pidió un duplicado de su título de propiedad, previo a la venta de la camioneta. Este proceso, automáticamente, anuló el contrato posterior. Entonces, con su título en mano, nuevamente vendió la camioneta a otra persona. Cuando allanaron su casa, tenía tres días de haber vendido la camioneta por un monto de $3.500 más un cambio por otra camioneta Vitara. Este hombre es muy hábil, conoce la ley. Es un estafador profesional”, asegura la fuente que conoce al empresario.

La denuncia, manejada por la Fiscalía 56, según indica la fuente, involucró también a la esposa de González, por ser esta la encargada de gestionar las ventas a través de un poder notariado. Su liberación fue rápida. Sin embargo, Francisco González se mantuvo en la cárcel durante aproximadamente tres meses. “El pago de la fianza es un proceso rápido y sencillo. Él solamente debía encontrar dos personas que devengarán un salario de más de 180 Unidades Tributarias. Las tenía. Pero se rumora que le estaba siendo negada por estar involucrado también en una estafa a una jueza”, asevera la fuente anónima.

En mayo de 2018, finalmente, Francisco González consiguió salir en libertad bajo fianza y se le otorgó medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad.

Su quinta aprehensión se concretó en febrero de 2018, cuando fue demandado por vender un mismo vehículo dos veces

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Caso paralizado en España

Tras la decisión del tribunal penal, el proceso contra González se paralizó, pese a las acciones de los demandantes y de los gobiernos de España y Estados Unidos. El Pitazo contactó al abogado de Betteroads, José Nolla-Mayoral, quien ofreció detalles de la historia tras la captura en 2016.
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Después de recibida la negación de extradición de Francisco González solicitada por España ¿Cuál fue el siguiente paso tomado por los demandantes?

—El español Francisco Javier González Álvarez hizo una representación formal ante el TSJ de que iba a restituir 8 millones de dólares a Betteroads.  Se ha dado seguimiento al asunto en Venezuela, pero el pago no se materializó a pesar de múltiples falsas representaciones de éste de que se encontraba gestionando la transferencia y que incluso la había hecho. 

Nolla-Mayoral se refiere a una supuesta transferencia por $8.500.000 que habría hecho Francisco González desde el Banco Atlas de Paraguay a la cuenta de Betteroads. El documento, como todas las promesas de pagos anteriores, resultó falso.

¿Ha habido alguna novedad en cuanto a los bienes de González como propiedades y cuentas bancarias? ¿Fueron congelados esos fondos?

—Hay órdenes de embargo contra sus bienes y cuentas emitidas en Aruba, Puerto Rico y España.  Hubo un helicóptero Bell 206 B3 Jet Ranger III, serial 4548, embargado y vendido en pública subasta por razón de ejecución de sentencia por el Tribunal en Aruba. Este ha ofrecido en garantía propiedades que están a nombre de terceros, pero tampoco se ha materializado. La investigación internacional en cuanto a sus bienes continúa. 

De acuerdo con un documento obtenido por El Pitazo del Juzgado Central de Instrucción de Madrid, se insta al gobierno y al TSJ venezolano a actuar en relación con el encausamiento de Francisco Javier González. Se reclama que desde julio de 2017 no han recibido respuesta sobre los trámites de enjuiciamiento, pese a que el Ministerio de Justicia de España entregó todos los documentos solicitados por el máximo tribunal venezolano. Según Nolla-Mayoral, la justicia española sólo ha recibido silencio de parte del Gobierno de Venezuela.

“Sea como fuere, el caso en España no está cerrado sino pendiente a que Venezuela cumpla con el compromiso asumido de encausar a Francisco Javier González por los delitos señalados en la jurisprudencia de ese país, conforme determinó el TSJ en el procedimiento de extradición. Las autoridades españolas han dado seguimiento en Venezuela, pero no han recibido respuesta, por lo que es de esperarse que continúen los procedimientos penales en su contra, incluyendo la querella ampliada, la cual acumula a todos los integrantes de la empresa familiar y sus asociados, aún en ausencia.  A tal efecto, los socios y representantes del Grupo Arevenca en Puerto Rico y EEUU han hecho el compromiso de cooperar con las autoridades en todos los foros pertinentes. Paralelamente, se espera por la extradición de este a Puerto Rico, la cual, debido a la situación política, se tramita a través de EEUU”.

Pese a que las acciones legales internacionales incluyen a Francisco Javier González, su esposa y sus hijos, él ha sido el único apresado y enjuiciado hasta la fecha. Por alguna razón, su familia ha permanecido al margen de la justicia y muy probablemente tratando de mantener el negocio familiar a flote, explica el abogado José Nolla-Mayoral, quien además asegura que entran y salen del país a su antojo.

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¿A la fecha ha habido alguna acción de las autoridades de cualquier país hacia los hijos o la esposa de González?

—La querella penal en España contra Francisco Javier González está paralizada y ello ha interrumpido, a su vez, el trámite de la ampliación de la querella penal de febrero de 2017 contra sus hijos Andreína González Escobar, Mónica González Hurtado, Ana María González Márquez y sus socios Ricardo González Mayónica, Octavio Rafael Alicandro Briceño, Francisco Gallante, Paúl Bursak y Roger Laurent.

El Departamento de Justicia de Puerto Rico, específicamente la fiscal Brenda Rosado y otras autoridades de los EEUU, investigan los hechos en los que están involucrados sus descendientes y sus socios para la posible ampliación de las acusaciones en Puerto Rico. También pediremos a España que reabra el procedimiento contra todos.
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Sus hijos forman parte de las juntas directivas de sus empresas en el exterior

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Las pruebas que nunca presentó

El equipo reporteril de El Pitazo revisó más de una veintena de correos electrónicos entre Francisco González y sus víctimas —las de Venezuela y las de Puerto Rico—. En todos asegura que pagará lo que debe y que es inocente de lo que se le acusa. Jura tener pruebas de que sus negocios son legítimos, pero al poco tiempo desaparece.

Para contrastar la información aquí difundida, El Pitazo se dirigió a PoliHatillo el 2 de mayo de 2018, con el objetivo de conversar con el presunto estafador, pero la visita fue negada por funcionarios del cuerpo policial quienes indicaron que González estaba preso por hurto. El 3 de junio, en la misma institución, se informó al equipo periodístico que González había sido liberado y se encontraba en su casa en El Hatillo.

El 15 de junio, el equipo de El Pitazo se dirigió a la residencia de González. Después de la breve conversación mediante el intercomunicador, el empresario accedió a dialogar a través de una rendija del portón de su casa. Luego de 30 minutos, aceptó ser entrevistado en los días siguientes, con la presencia de su abogado.

El 16 de junio, Francisco González contactó a El Pitazo desde el correo electrónico de Arevenca para confirmar la preparación de documentos con los que sustentaría la entrevista ofrecida. Ese mismo día, vía Telegram, notificó sobre el envío del correo. El 20 de junio, por la misma aplicación, fue contactado por el medio para conocer el estatus de la solicitud. “Quiero demostrar con documentos que lo que han publicado son mentiras pagadas”, respondió, e indicó que la entrevista sería concedida en el transcurso de la semana.

El 23 de junio, vía Telegram, González notificó a El Pitazo que había recibido los documentos en cuestión y que estaba preparando la entrevista. El 28 de junio, ante la constante postergación del encuentro, El Pitazo informó a Francisco González que procedería con la difusión de este reportaje. Al cierre de la publicación, González ni sus abogados se habían comunicado de nuevo con El Pitazo para dar respuesta a la solicitud.

La historia de Francisco González, su familia y sus empresas está lejos de acabar. Con una audiencia en los tribunales venezolanos en puertas y conflictos legales no resueltos en España, EEUU y Venezuela, el empresario continúa en su casa en Caracas el juego del gato y el ratón, ocultándose, tras los imponentes portones verdes, de las acusaciones en su contra.

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