Los jubilados de Petróleos de Venezuela dejaban en el fondo un aporte de 3% de su salario y 25% de prestaciones sociales. La empresa aportaba 9%. Fue creado en 1993 para garantizarle calidad de vida al personal después de su retiro de la industria. En el año 2015 recibieron información sobre la última auditoría, y en la actualidad hay al menos 30.000 jubilados que reclaman que no pueden adquirir productos de la canasta básica ni medicamentos

Julio Reyes trabajó en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) durante 33 años, de sus 71, en el estado Zulia. Tiene diabetes, hipertensión y requiere una intervención quirúrgica en uno de sus ojos por glaucoma. El extrabajador exige el pago de los intereses generados por el fondo de pensiones y reclama por el deterioro gradual de su vida, al igual que unos 30.000 jubilados de la industria petrolera.

“Una vejez sin preocupaciones, con solvencia económica y comida en la mesa. Esa era la seguridad que se tenía. Cada jubilado prestó sus años de servicio y después iba mantener su estatus, pero ahora solo estamos sobreviviendo”, afirma Reyes, quien era capitán de gabarra en el muelle de La Salina, en Cabimas, zona petrolera de la Costa Oriental del Lago, estado Zulia.

En noviembre del año 1993 se constituyó el fondo de pensiones, que administraba la Asociación Civil de los Jubilados de Petróleos de Venezuela y sus filiales (APJ-PDV), con el objetivo, según sus estatutos, de permitir mantener la calidad de vida del personal petrolero después de su retiro. El aporte representaba 3% de su salario, 25% de sus prestaciones sociales y 9% aportado por la empresa.

“Proveer a sus jubilados de un plan orientado a compensar en el tiempo la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones de jubilación”, establece el artículo 2 de los mencionados estatutos. Entre las responsabilidades de la junta directiva del fondo de pensiones está el hacer inversiones seguras que generen ganancias, que deben ser reportadas a sus miembros de forma periódica.

La vida no fue la misma. Con el pasar de los años, la rutina de Julio cambió, y lo que le gustaba hacer, como celebrar cumpleaños y días especiales con reuniones familiares, comida y música, eran lujos que no podía pagar. Ya no ayuda a sus sobrinos ni ahijados, sino que la historia es al revés. Le envían dinero para comprar sus medicinas y comida. “Esto no es lo que yo quería para mi vejez: vivir como un mendigo. Pidiendo a Pdvsa lo que es mío, lo que trabajé: mi legado, todo lo que hice durante 33 años. No es justo para mí ni para nadie”, cuenta Reyes, quien ha participado en asambleas de jubilados en Zulia.

Desde el año 2016 se han registrado al menos 60 protestas y asambleas de jubilados en los estados Zulia, Falcón, Carabobo, Monagas, Anzoátegui, en Caracas y otras zonas del país. Los extrabajadores le exigen a Pdvsa el pago de los intereses generados por el fondo de pensiones y entrega de los informes con el detalle de las inversiones y gananciales.

Modificación de los estatutos

Según los estatutos del fondo de pensiones, la junta administradora designada, APJ-PDV, se encargaba de realizar las inversiones, adquisición de propiedades y administrar los fondos. Luego entregaba, en un plazo determinado, los informes de gestión del dinero y les depositaba los intereses a los jubilados en sus cuentas. 

Durante los bastonazos, como denominan los jubilados a sus protestas en la sede de Pdvsa La Campiña, en Caracas, han reclamado la modificación de los estatutos, con énfasis en el artículo 33 del fondo, que establecía que los haberes pertenecen a los jubilados. Sin embargo, después del cambio de los estatutos, formalizado en el año 2014, Pdvsa se atribuyó la propiedad de los haberes de los beneficiarios que conforman el fondo.

Óscar Barboza, jubilado desde hace 21 años de Pdvsa y directivo de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera, Petroquímica y Carbonífera (Ajip) en Tía Juana, municipio Simón Bolívar, señala que se incumple con lo establecido en los estatutos por los retrasos con los pagos. “Comenzaron a pagar como ellos querían, cada cuatro meses, cada seis, y así fue pasando el tiempo y los pagos se han vuelto problemáticos”, afirma.

La decisión del cambio se dio durante una asamblea extraordinaria con participación de la directiva de Pdvsa, en ese momento a cargo de Rafael Ramírez, en el año 2013. “En total silencio, la junta modificó los estatutos y asignó esa propiedad del fondo a la empresa, aun cuando de ese fondo sale incluso nuestra pensión. No somos una carga para el Estado y están violando nuestros derechos”, puntualiza Barboza.

Los jubilados de Pdvsa no han recibido los informes de las auditorías pendientes, que deben ser entregados en el primer trimestre de cada año, según lo establecido en los estatutos, en los que se reflejan los intereses generados. En ese momento comenzaron los retrasos en los pagos, en la información con soportes sobre los intereses y en el acceso a las actas de asambleas.

En el año 2015, cuando cerró el año contable, recibieron la última auditoría. En ese informe se refleja una deuda de 2.347 millones de dólares, que reportan intereses a una tasa de 9,5% cada año. Los gananciales deben ser distribuidos entre los jubilados. Esta auditoría fue efectuada por la consultora externa Kpmg.

La modificación de los estatutos fue verificada por el Grupo de Jubilados de Caracas después de que se realizó una revisión en el registro público en el año 2016. Por tal razón, desde 2017 se iniciaron acciones, y representantes de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera, Petroquímica y Carbonífera (Ajip) han acudido a la Defensoría del Pueblo y tomado acciones de protesta para reclamar.

Ante la Defensoría del Pueblo se han presentado peticiones con firmas de beneficiarios para exigir la revisión del manejo del fondo y la reversión de los cambio de los estatutos, lo cual ha afectado el pago de la pensión de los jubilados. Esta —insisten los extrabajadores— no está a cargo de las finanzas públicas. Son sus ahorros los que permanecen en el fondo de pensiones y no saben de cuánto dinero disponen, afirmaron.

Fraude de Francisco Illaramendi 

En el mes de noviembre de 2010, el ejecutivo de finanzas Francisco Illaramendi, un venezolano con nacionalidad estadounidense y asesor, fue acusado por la Securities and Exchange Comission (SEC), agente regulador del mercado de Estados Unidos, de un fraude cometido en el manejo de fondos de inversión y desvío de 53 millones de dólares por medio de la pirámide de Ponzi. Los fondos estaban identificados con los nombres de MK Venezuela y Short Term Liquidity Fund.

El esquema de Ponzi, definido por la Comisión de Valores de Estados Unidos, es un fraude de inversión que paga a inversores existentes con fondos recaudados de nuevos inversores. “Los organizadores de esquemas Ponzi a menudo prometen invertir su dinero y generar altos rendimientos con poco o ningún riesgo”, señala la institución para advertir a inversores. 

Según Poderopedia, página de periodismo de datos, Illaramendi es un experto en finanzas que fue acusado por Estados Unidos de haber cometido fraude con cerca de 500 millones de dólares de los fondos de jubilados y trabajadores de Pdvsa, los cuales se usaron en un esquema fraudulento que generó pérdidas. En 2015 una corte de Connecticut lo condenó a 13 años de cárcel por fraude, fraude electrónico, conspiración para obstruir la justicia y estafa.  

El fondo de pensiones de Pdvsa fue entregado a Illaramendi en 2006 por la tesorería de la empresa, según la investigación que realizó en ese momento el SEC. Por medio de la corporación Michael Kenwood Group, constituida en 2006, Illaramendi prometió a sus inversionistas altos rendimientos del dinero, por lo que la junta decidió invertir en ese fondo. El dinero de los trabajadores de Pdvsa se utilizó para comprar acciones en empresas privadas, establecen datos a los que han tenido acceso miembros de Ajip.

En marzo del año 2011, Julio Montoya e Ismael García, diputados a la Asamblea Nacional en ese momento, solicitaron una investigación en contra de Illaramendi. Lo propio hizo Andrés Velásquez, quien pidió que se creara una comisión para investigar el uso que hizo Illaramendi de los recursos del fondo de pensiones y jubilación de Pdvsa. En ese mismo año de 2011, representantes de Ajip publicaron una carta, dirigida a Eudomario Carruyo, quien en esa fecha era presidente de la junta administradora del fondo de pensiones y director de Finanzas de Pdvsa. En la misiva, los miembros de Ajip rechazaban la propuesta que hizo Carruyo: cubrir el dinero extraído por Illaramendi con las ganancias del año 2010.

Falta de seguro médico

Trabajadores de Pdvsa, tanto activos como jubilados, han denunciado la falta de seguro médico, a cargo del Sistema Contributivo para la Protección de la Salud (Sicoprosa), en clínicas privadas, el cual se mantiene suspendido por falta de pago, según denuncias del año 2019.

“El personal de Pdvsa y su familia está a la buena de Dios porque no tenemos seguro médico”, refiere José González, miembro de Ajip en la Costa Oriental del Lago, quien señaló que las clínicas de Pdvsa también reportan falta de suministros para atender emergencias y consultas con especialistas. Tampoco disponen de medicamentos para realizar la entrega de los tratamientos.

El deterioro de las clínicas que pertenecen a la red de la industria petrolera comenzó en el 2003, cuando Hugo Chávez decidió, durante una emisión de su programa televisivo Aló Presidente, que las clínicas estarían dispuestas para atender a todas las personas y dejarían de ser de uso exclusivo para el personal de Pdvsa y sus familiares.

González menciona que la calidad de los servicios prestados ha disminuido debido a la falta de suministros y al deterioro de la instalaciones que enfrentan las clínicas pertenecientes a Pdvsa, razón por la que el personal ha sido remitido a hospitales públicos o deben costear sus gastos médicos. La situación viola una cláusula de su convención colectiva en la que se establece que el servicio médico deber ser eficiente e inmediato. Al menos 70% de los jubilados de Pdvsa tienen alguna patología crónica que requiere tratamiento, señala González.

En el año 2020, un trabajador activo de Pdvsa en Lagunillas, Costa Oriental del Lago, denunció que sufrió una colitis aguda y debió ser remitido a tres clínicas debido a la falta de suministros en la clínica Lagunillas Sur, de Pdvsa. Mientras, Ajip reportó la muerte de al menos 30 jubilados durante el mismo 2020, quienes fallecieron sin recibir sus beneficios del fondo de pensiones.

Pago en petros

Por medio de una minuta emitida por la directiva de Ajip, en diciembre del año 2020, se informó que durante una reunión en Pdvsa La Campiña, en Caracas, entre la directiva de la asociación, el vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, Oswaldo Pérez, y Milagros Madriz, gerente del fondo de pensiones, se informó sobre la aprobación de parte del pago que correspondía a una parte de los pagarés del año 2018.

En esa reunión se indicó que se realizaría un depósito de 15 dólares en la cuenta nómina durante seis meses, valorado a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV); además se pagarían cuatro petros por medio del monedero patria, que deben ser subastados, por el mismo período de tiempo (6 meses).

La propuesta planteada por la directiva de Pdvsa fue aceptada por representantes de jubilados, quienes participaron en la mesa de negociación, aunque estaban en desacuerdo con el método de pago de petros, fue la única propuesta que recibieron sobre el pago de los intereses, señalaron.  En el mes de enero recibieron un pago de ocho petros, cuatro de ellos correspondientes al mes de diciembre y cuatro al mes de enero.

Óscar Barboza, representante de Ajip, explica que el pago en petros, propuesto por la industria, complica la situación de los jubilados, quienes son vulnerables debido a su edad. “Hay jubilados que no se manejan bien con la tecnología y no pueden realizar el canje de cada petro. Este método no es viable para nosotros y debe ser depositado en nuestra cuenta. El hecho de subastar los petros complica más nuestra vida”, aclara.

Los representantes de la asociación de jubilados tienen programadas reuniones con directivos de Pdvsa sobre los pagos de intereses que, hasta ahora, reciben a cuenta gotas. “Nuestra lucha va a cesar cuando recibamos el dinero de nuestros fondo de pensiones, no son dádivas, es toda una vida de ahorros”, afirman los extrabajadores.

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