El mes de enero no llegaba a la mitad y ya se registraban 14 femicidios. Entre las víctimas, una niña y una adolescente. Investigadoras y activistas aseguran que la ausencia del Estado venezolano incide directamente en el aumento de la violencia contra las mujeres, siendo el asesinato el final de un ciclo que puede comenzar sin dejar marcas físicas

Para la primera quincena del 2020, activistas denunciaron 14 femicidios en Venezuela, igual cantidad que se registró durante todo el mes de enero en 2019, según el Monitor de Femicidios. Una mujer asesinada cada día en un país cuyo partido en el poder insiste en llamarse feminista.

El 25 de noviembre del año pasado, a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aseguró: «La mujer es mayoría en todas las instancias de poder. (…) Pero no es suficiente. Debemos declarar que es suficiente cuando no haya violencia contra la mujer (…) cuando Venezuela sea territorio libre de machismo”.

Pero la ausencia del Estado y la falta de políticas públicas para prevenir, investigar, corregir y condenar inciden en el aumento de los asesinatos de mujeres, adolescentes y niñas, por razón de su género, en un contexto de normalización de la violencia que permite la invisibilización de los crímenes.

En diciembre de 2019, feministas afectas al chavismo replicaron el performance «Un violador en tu camino», iniciado en Chile para rechazar la violencia de género | Ronald Peña

La violencia generalizada se ha constituido como una forma de relacionarse para la sociedad venezolana y el femicidio es una de sus manifestaciones más graves, explica Yolima Arellano, abogada y coordinadora del núcleo andino del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres.

Hay cifras que respaldan la afirmación: de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en 2019 se registró una tasa de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que ubica a Venezuela como el país más violento de la región, por encima de Honduras y El Salvador.

Hasta el 21 de enero, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó 19 femicidios en los estados Aragua, Zulia, Falcón, Miranda, Lara, Carabobo, Mérida, Delta Amacuro, Trujillo y Vargas. Entre las víctimas se cuentan a una niña de 9 años y una adolescente de 16.


HASTA EL 21 DE ENERO, EL CENTRO DE JUSTICIA Y PAZ (CEPAZ) DOCUMENTÓ 19 CASOS DE FEMINICIDIOS EN VENEZUELA


Aunque en 2014 se tipificó el femicidio como un delito mediante el artículo 57 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Ministerio Público solo ofreció datos en 2015, cuando estimó 121 víctimas por razones de género. La tarea de registrar y denunciar la tomaron Organizaciones No Gubernamentales.

Organismos gubernamentales indiferentes

Arellano refiere que la violencia contra las mujeres en Venezuela es sistemática y responde a la omisión, negligencia y tolerancia del Estado con los agresores y femicidas. “La impunidad favorece la reincidencia y repetición de los delitos”, dice.

El 3 de septiembre de 2018, Mayell Hernández (29) fue asesinada por su expareja en su casa en el estado Miranda. El 26 de septiembre, en la emisión 224 de Con el mazo dando, Diosdado Cabello habló sobre el caso y la violencia de género en Venezuela e insistió: “Hermana, se lo digo, si a usted su pareja la amenaza, denúncielo. Hágalo antes de que sea tarde. Si su pareja la golpea una vez, déjelo, porque va a hacerlo la segunda vez. Vaya a las autoridades, protéjase usted también”.

Pero las autoridades no hacen nada. De las 167 víctimas que se documentaron en el Monitor de Femicidios 2019, por lo menos cinco habían denunciado violencia ante organismos del Estado, según testimonios de los familiares.

El Monitor de Femicidios 2019 registró 167 femicidios; por lo menos cinco de las víctimas había denunciado violencia ante las autoridades | Barbara Rodríguez

Una de ellas fue Melissa Arcila (38), asesinada el 20 de mayo por su expareja, José Gregorio Pérez, a quien había demandado, un año antes, por golpes que le causaron fractura en la nariz dos veces. El Pitazo reseñó que sus familiares denunciaron que en la fiscalía le decían que el expediente se había perdido o que no tenían material para trabajar y el proceso nunca avanzó.

Fernando Aranguren, investigador de la Red Naranja, expone que la mayoría de las veces la víctima debe tener marcas físicas para que su testimonio sea considerado por los funcionarios del Ministerio Público. Como en el caso de Arcila. Su madre declaró a la prensa que, si no veían sangre, no podían atenderla.

De 212 femicidas documentados en el Monitor de Femicidios 2019, solo 90 están presos, lo que representa 42%.

Aunque algunos casos son llevados a tribunales, no avanzan. Por ejemplo, en octubre de 2019, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a ocho hombres en el estado Mérida, presuntamente implicados en el femicidio de Yusleidy Sulimar (17), quien fue asesinada el 28 de agosto de 2016. El 18 de enero de este año, luego de cinco meses, dos de los involucrados fueron liberados.


EN EL INFORME MUJERES AL LÍMITE, DE 2019, SE DETERMINÓ QUE EN 58,6% DE LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONSULTADOS, LOS VICTIMARIOS FUERON SUS PAREJAS ACTUALES


La audiencia no fue notificada ni a los familiares ni a los abogados querellantes de la víctima. Venus Faddoul, directora de la organización feminista 100% Estrógeno, denuncia que el fallo viola el debido proceso.

Cosas de pareja, problemas sociales

Aranguren también explica que para muchos fiscales la violencia intrafamiliar es un “asunto de pareja”, por lo que desestiman las denuncias. Aimee Zambrano, antropóloga e investigadoras del Monitor de Femicidios 2019, refiere que el femicidio es un problema social al que hay que hacer frente, pero desde la base, derribando la estructura de la violencia de género.

“El femicidio no es algo nuevo, históricamente siempre ha ocurrido porque una de las características de este sistema patriarcal y capitalista es ver a las mujeres como objetos pertenecientes a uno o varios hombres, lo que implica que ellos tienen el derecho de maltratarnos”, expone Zambrano. 

Además, es un problema sistemático. Luisa Kislinger, investigadora y activista, apunta: “Responde al lugar que socialmente tenemos las mujeres en el mundo, que es subordinado al hombre. (…) Hemos sido programados y educados para subvalorar lo femenino”. Rechaza afirmaciones como “tú tienes que conseguir un hombre que te represente, que te mantenga”, porque refuerzan los roles de género que imponen relaciones de poder de unos sobre otros. 

El 14 de enero, activistas por los derechos de las mujeres denunciaron 11 femicidios en lo que iba de año y exigieron al Estado asumir las responsabilidades en los casos de violencia de género | Barbara Rodríguez

En el informe Mujeres al Límite, de 2019, las organizaciones Mujeres en Línea, Avesa, Cepaz y el Centro Hispanoamericano de la Mujer Freya determinaron que en 58,6% de los casos de violencia de género consultados, los victimarios fueron sus parejas actuales y en 18,7% fueron familiares directos (padres, tíos, abuelos, primos). 

Arellano insiste en que, en un país sin Estado de Derecho, las instituciones no cumplen con sus competencias, lo que genera, además de impunidad, desconfianza entre las víctimas y sus familiares cuando pretenden hacer uso de la justicia.

El caso de Sheyla Tovar Salinas (43) lo demuestra. Fue asesinada por su pareja, Juan Carlos Piña, el 21 de enero, en el municipio Libertador del Distrito Capital. De acuerdo con el testimonio de la hija mayor de la víctima, Andrea Dorta, su padrastro la golpeaba constantemente.

Un mes antes del femicidio, Piña agredió no solo a Sheyla, también a Andrea, lo que le generó lesiones en el tabique y en la cervical. El Pitazo reseñó que cuando fue a denunciarlo ante la Unidad de Atención a la Víctima, le tomaron la declaración, pero no impusieron ni una orden de arresto ni de alejamiento, la excusa: estaban en período vacacional.

La ausencia del Estado y la falta de acceso a derechos humanos como salud, alimentación, seguridad y educación fracturan las relaciones de pareja y la convivencia familiar. Kislinger precisa: “Las extremas condiciones materiales en las que están las familias pone una presión adicional que puede generar violencia”.

Si usted es víctima de violencia de género o conoce a una niña, adolescente o mujer que lo sea, puede buscar ayuda en la Red Naranja, una alianza de organizaciones que trabaja por los derechos de las mujeres, que cuenta con un equipo de asistencia legal en todo el país y, además, ofrece una guía de primeros auxilios para víctimas de agresión sexual, violencia doméstica y violación.

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