Los productores agropecuarios son los más afectados por esta situación. No pueden negarse a la decisión de los carteles. Si no permiten el accionar delictivo, los matan. Esto ha convertido al Zulia y a otros estados fronterizos en puentes para transportar la droga a países del Caribe

En Zulia, los ganaderos y productores, dueños de fincas por generaciones, han tenido que ceder sus tierras arrastrados por el miedo y la amenaza de las cuales son víctimas desde que el narcotráfico comenzó a ganar espacio en las zonas y municipios del Sur del Lago, Machiques y Rosario de Perijá.

De este tema nadie habla, prefieren el silencio cuando se les consulta. Porque incluso hay funcionarios involucrados con los carteles que son capaces de revelar los nombres de quienes denuncian.

Hay amenazas directas: “Sea como sea voy a aterrizar la avioneta y voy a hacer la pista. Te guste o no”. Ante esto, unos se han ido y han dejado sus herencias y producciones, otros terminan conviviendo con el enemigo.

A inicios de septiembre de 2019, el diputado a la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, hoy primer vicepresidente del parlamento, ventiló un tema del que pocos quieren hablar. Aseguró que en el occidente de Venezuela hay 400 pistas clandestinas que son usadas como punto de carga de droga que se comercializa en países ubicados en la zona del Mar Caribe.

Desde los estados Táchira y Zulia, precisó Guanipa, sale droga que transportan los carteles del narcotráfico hacia otras naciones. Responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro de permitir la consumación de estos hechos delictivos. Aseguró que la práctica data desde hace unos 15 años.

“Productores de la zona ya han pasado por esta situación”, afirma un productor que prefirió el anonimato. “Denunciamos y resulta que nos meten presos, o simplemente tenemos que dejar la finca botada por las amenazas”.

Existe un peligro paralelo porque indican que las autoridades también los «extorsionan y amenazan con meterlos presos, si no les pagan a ellos por haber permitido que hagan las pistas”. Están prácticamente entrampados.

Por eso, las tierras del Sur del Lago y de Perijá se han convertido en “aeropuertos” clandestinos que el narcotráfico utiliza para su negocio de cargar droga desde Colombia, sacarla de Zulia y llevarla hacia las islas del Caribe y otros destinos que incluyen a Nicaragua.


LAS TIERRAS DEL SUR DEL LAGO Y DE PERIJÁ SE HAN CONVERTIDO EN “AEROPUERTOS” CLANDESTINOS PAR EL NARCOTRÁFICO


Guanipa asegura que cuenta con información sobre la ubicación de pistas y de los afectados por la amenaza de irregulares, pero no tiene autorización de los productores para revelar sitios, nombre y otros datos. “Hay gente que correría peligro. No queremos eso. Hay mafias y no sería prudente”.

El también parlamentario y suplente por el circuito del Sur del Lago en el estado Zulia, Gilmar Márquez, coincide con Guanipa y reconoció la existencia de estas pistas que forman parte de rutas aéreas empleadas para el transporte de alcaloides.

Márquez dijo que, tanto en la plenaria del parlamento como en la Comisión de Defensa y Seguridad, se han elevado las denuncias sin que las autoridades actúen con la urgencia que la situación amerita.

A su juicio, Venezuela es gobernada desde hace dos décadas por una ideología que la convirtió en un «narcoestado» porque los espacios, personal, logística y combustible son facilitados «con la venia de funcionarios de los organismos de seguridad».

Se refirió a los componentes de la Fuerza Armada como los principales actores del negocio -que supone una ganancia multimillonaria- por permitir que la droga, procedente de los carteles colombianos, pase por Venezuela como puente y llegue a distintas naciones en aviones de carga de narcóticos.

«Existe una preocupación entre los productores del Zulia, de Táchira, de Apure. Incluso esta práctica se ha acrecentado y es visible en Cumaná, al oriente del país, por la cada vez más recurrente práctica», expone Márquez.

Apuntó que los municipios zulianos Jesús María Semprún, así como Machiques y Rosario de Perijá son donde mayormente se han construido las pistas de la clandestinidad, sin dejar de mencionar los municipios limítrofes de Táchira con Colombia.

Lapudula: ¿enemigo o colaborador?

El general de brigada Aquiles Leopoldo Lapadula asumió la Zona de Defensa Integral (Zodi) y estuvo en el cargo hasta septiembre de 2019. A su llegada inutilizó espacios que eran utilizados como pistas y le declaró una guerra interna a los que tenían el negocio de la droga. Esto lo declaró una fuente que no quiso ser nombrada.

De las pistas destruidas por Lapadula, según hay información que publicó la misma Guardia Nacional en sus redes, se encuentran las que estaban ubicadas en los poblados rurales Arenales, Madre Vieja, Puerto Paloma, El Cruce, y todas las zonas cercanas al río Catatumbo.

Pero esta situación duró poco, porque ahora el general Lapadula tiene una acusación del Ministerio Público que lo señala de adulterar evidencias que lo involucrarían con carteles del narcotráfico en el estado Zulia. Pasó de ser un enemigo de la guerrilla, a ser señalado como colaborador del narcotráfico.


EL GENERAL DE BRIGADA AQUILES LEOPOLDO LAPADULA PASÓ DE SER UN ENEMIGO DE LA GUERRILLA, A SER SEÑALADO COMO COLABORADOR DEL NARCOTRÁFICO


Esta acusación es posible leerla en la sentencia N° 221 de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia redactada por la magistrada Yanina Karabin.

Una nota publicada por el periodista Eligio Rojas refiere que siendo jefe de la Zodi-Zulia, Lapadula «autorizó el pasado 7 de septiembre el desplazamiento entre Machiques y Mérida de un contenedor que transportaba 33.440 litros de ácido sulfúrico, una sustancia química empleada en la elaboración de cocaína”.

También refiere que, en abril de 2018, cuando era comandante de la 12 Brigada Caribe del Ejército, «autorizó una operación de escudriñamiento en Ganadería Los Samanes, Hacienda La Gloria ubicada en Rosario de Perijá (Zulia). Allí localizaron caletas de combustible para avión, teléfonos satelitales, equipos de navegación satelital y una aeronave donde se disponían a embarcar 500 panelas de cocaína”.

La sentencia de su caso precisa que, al día siguiente de ese operativo, es decir, el 28 de abril de 2018, cuando los fiscales del Ministerio Público llegaron al sitio para iniciar las investigaciones, encontraron que la aeronave había sido incinerada por órdenes del general.

Sobre detenidos, abusos y miedo

En las poblaciones entre Casigua El Cubo y El Cruce, en el fronterizo municipio Jesús María Semprúm, es donde refieren los parlamentarios se han construido pistas de aterrizaje.

En febrero de 2017 las autoridades venezolanas detectaron una avioneta Cesna en la finca La Violeta, en el poblado de El Cruce, procedente de Guatemala con dos hombres a bordo. Ambos tripulantes, entre ellos un guatemalteco y un colombiano, fueron detenidos junto a 12 personas que se encontraban en la unidad de producción.

A los hombres los torturaron para que declararan, refirió en esa ocasión Isaid Salazar, hermano de Isael, uno de los detenidos que demostró su inocencia porque sólo se acercó a cobrar el dinero de unas reses. Al final todos fueron liberados.

Pero hay más, aseguran productores agropecuarios que no quieren hablar con nombre y apellido. Coinciden en que el miedo a que los maten supera el deseo de informar todo lo que saben.

Cuentan que las áreas tienen la particularidad de ser zonas inhóspitas, lejos de los asentamientos campesinos y donde se accede al atravesar áreas boscosas o de abundante vegetación.

Carteles del narcotráfico procedentes de México también forman parte de la operación, dicen las fuentes. De hecho, para el año 2018, un militar reveló la detención de un piloto mexicano que permaneció en Fuerte Motilón en Casigua El Cubo y de allí fue enviado a una cárcel en el interior del país.


CARTELES DEL NARCOTRÁFICO PROCEDENTES DE MÉXICO TAMBIÉN FORMAN PARTE DE LA OPERACIÓN, DICEN LAS FUENTES


«Este negocio compromete a muchos funcionarios militares porque se trata de un negocio que genera millones de dólares», advierte el miembro de la Fuerza Armada consultado para esta nota.

La versión de los lugareños coincide con la de los diputados de la Asamblea Nacional, en la que señalan a funcionarios vinculados con la recepción y carga de drogas hacia las Islas del Caribe y naciones vecinas.

El primer hecho que llama la atención es sobre la tenencia de combustible para aviones. Este tipo de líquido motor sólo está bajo el resguardo de componentes militares y lo depositan en los aeropuertos.

Es por ello que el principal indicio de que funcionarios y militares participan del negocio ilícito es por el acceso a este hidrocarburo que es transportado por tierra hasta el occidente del país para tenerlo listo para las aeronaves, expone la fuente.

La fuente del sector militar indica: «Cuando la tripulación de los aviones pisa suelo venezolano, en la pista debe estar el cargamento y la gasolina. Estos deben viajar a poca altura y con el menor peso posible. De hecho, las coordenadas que emplean para no ser detectados por autoridades aeronáuticas civil son facilitados por otros funcionarios; de manera que hay una cooperación desde diversas instituciones».

Perijá en la boca del lobo

Los pobladores de Perijá están conscientes de que hablar sobre este tema es “muy peligroso”. Afirman: “Ya en estos sectores, el que menos te imaginas trabaja o es colaborador con estos grupos de narcotráfico”.

En este municipio fronterizo con Colombia, vecinos aseguran que la zona donde opera y han ganado terreno los grupos de narcotráfico son: la parroquia San José de Perijá y Bartolomé de las Casas, localidades que están en el olvido por las autoridades gubernamentales. Se nota en sus calles, en los negocios cerrados, en los ambulatorios que no funcionan.

En la zona afirman que avionetas en el día o por la noche cruzan el cielo de la región. Choferes que permanecen en colas en las estaciones de servicio ubicadas en la carretera Machiques-Colón aseguran que han sido testigos del sobrevuelo de avionetas en territorio perijanero.

En Machiques, todos saben sobre el tema, pero nadie habla. De manera discreta habitantes de la zona revelan que las autoridades conocen el número exacto de pistas en la subregión, incluso la Troncal 6 es usada como una más. Los cuerpos de seguridad detienen el tráfico a cada extremo para que la avioneta aterrice. “Además, ellos protegen las pistas y por eso asedian a los productores para que abandonen las fincas”.

Refieren que si un ganadero denuncia, su identidad es revelada a los narcotraficantes. Solo con sembrarles parte de una avioneta en la finca o combustible de avión, los detienen y les hacen expediente, con la tesis de que están vinculados al narcotráfico, cuando en realidad no son más que víctimas de eso.


EN LA ZONA AFIRMAN QUE AVIONETAS CRUZAN EL CIELO DE LA REGIÓN tanto en la noche como en el día


Las estadísticas de las autoridades

En agosto de 2019, el Gobierno informó que la Fuerza Armada y la ONA realizaron la Operación Boquete, con la que destruyeron 14 pistas clandestinas solo en el municipio Jesús María Semprún del Sur del Lago del estado Zulia.

Mientras que el 27 de septiembre, la Guardia Nacional informó de la destrucción de una pista de 2.100 metros y de 15 de ancho que estaba ubicada en San José de Perijá y el 17 de septiembre hicieron lo mismo en la población de La Villa del Rosario. Esta medía 2.400 metros.

El 14 de octubre la Guardia Nacional inhabilitó una pista en Perijá, que tenía específicamente una longitud de 2.200 metros y 15 metros de ancho, aproximadamente.

Sin embargo, en el Sur del Lago, de acuerdo con las versiones de los productores agropecuarios, pese a la acción militar en la destrucción de pistas, a los hombres y mujeres del campo el miedo se les mete en los huesos al recibir amenazas de muerte. Les dicen que los van a matar a ellos y a sus familias si no los dejan construir pistas en sus terrenos.


CHOFERES QUE PERMANECEN EN LAS COLAS EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO UBICADAS EN LA CARRETERA MACHIQUES-COLÓN ASEGURAN QUE HAN SIDO TESTIGOS DEL SOBREVUELO DE AVIONETAS EN TERRITORIO PERIJANO


4.57/5 (7)

¿Qué tan útil fue esta publicación?