En 2019 en la Universidad de Los Andes se registraron no menos de 80 hurtos, sin embargo, la dependencia más afectada fue el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Iiap) donde se cometieron más de 60 ataques. El personal del centro asegura que no ha tenido respuestas oportunas por parte de las autoridades, mientras que el rector destaca que la ULA atraviesa una crisis presupuestaria para atender el problema

La mayoría de los laboratorios que están ubicados en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Iiap) de la Universidad de Los Andes (ULA) han sido cerrados por no contar con las condiciones mínimas. Uno de ellos es la sala de Agronomía General, que luego de ser robada en varias oportunidades fue clausurada (con ventanas y puertas soldadas). El hampa dejó al centro de investigaciones sin la posibilidad de diagnosticar la calidad de semillas y la introducción del cultivo en la zona andina y su evaluación en el campo. Esa es la realidad que vive en la institución.

José Suniaga, director del Iiap-ULA, recuerda que el laboratorio de Agronomía General estuvo totalmente equipado al igual que el invernadero. “Ahora solo conservamos un caparazón que, obviamente, no funciona”, dijo refiriéndose a una nevera especial para conservar el material de estudio, a la que individuos ajenos a la universidad le quitaron el motor. También comentó que las paredes de este centro fueron derribadas por delincuentes para llevarse todos equipos que se encontraban resguardados en cuartos especiales.

Sin soluciones por parte de las autoridades 

En la Universidad de los Andes se registraron decenas de robos en 2019. El Iiap, además, fue blanco de múltiples ataques y quienes trabajan allí esperan por la acción de las autoridades. “Sé que es un tema delicado, pero no hemos tenido una respuesta efectiva por parte de las autoridades universitarias. Se alega que no hay recursos, que no hay presupuesto para el mantenimiento. La vigilancia en este lugar no es permanente. De noche no hay nadie, los fines de semana tampoco, eso ha permitido que personas apenas a la institución ingresen libremente”, explicó Suniaga.

Los trabajadores del Iiap han denunciado esta situación ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Sin embargo, no se han tomado acciones contundentes, según aseguró el director del instituto.

Anacelmira Urbina, supervisora del laboratorio de la línea de producción animal, donde se encargaban de diagnosticar enfermedades para grandes y pequeños animales, comentó que los maleantes dejaron inoperativos hasta los baños. Al igual que en los demás laboratorios, hurtaron tuberías, sistemas eléctricos y motores de las neveras.

La dirección del Iiap ha hecho todas las gestiones en el consejo de facultad y universitario, que son las autoridades máximas de la universidad. De hecho, han solicitado la permanencia de, al menos,  tres vigilantes, pero no ha habido soluciones.


EL HAMPA DEJÓ AL CENTRO DE INVESTIGACIONES SIN LA POSIBILIDAD DE DIAGNOSTICAR LA CALIDAD DE SEMILLAS


Sin recursos

El rector de la ULA, Mario Bonucci, aseguró que la universidad tiene una severa crisis presupuestaria que incide también en la vigilancia porque cada vez hay menos personal debido a los bajos sueldos. Indica además que también les ha afectado el éxodo de trabajadores, que prefieren marcharse del país en busca de mejores oportunidades. 

“La comunidad de la ULA, no solo del Iiap, debe entender que hay una realidad país distinta y que nos toca actuar de una manera diferente”, destacó Bonucci. Puntualizó que estar en la universidad es una opción moral y que los universitarios deben buscar la forma de permanecer la mayor parte del tiempo en cada una de las instalaciones, para preservar los espacios. Además, sugiere que se deben buscar vías de financiamiento para poder sostener la institución.

“Para 2020, la universidad cuenta con un presupuesto de 0,00 bolívares. En octubre 2019, nos dieron el 2,54 por ciento de lo que requeríamos, pero con la inflación que padecemos actualmente ya no tenemos recursos”, indicó Bonucci.

La máxima autoridad de la universidad andina indica que tienen poco margen para la operatividad. “Nos hemos convertido en una institución pagadora de nómina porque este gobierno nos ha cerrado todas las puertas. Incluso no nos envía el dinero necesario para que la autoridad rectoral pueda asistir al Consejo Nacional de Universidades a denunciar la injusticia. No hay viáticos”, denunció Bonucci.

“El único plan que hemos discutido, incluso en los consejos, es que cada quien se transforme en custodio de sus propios bienes”. 

Vigilar y castigar

Leonardo Sánchez, director de Servicios de Prevención y Seguridad de la Universidad de Los Andes, explicó que lo que ocurre en el Iiap es un reflejo de lo que sucede en todo el país. “Cuando el Estado se retira y no ejerce sus funciones, el ciudadano de a pie, aunque tenga un uniforme de vigilante, muy poco puede hacer porque queda vulnerable y expuesto ante el hampa”, dijo.

Sánchez destaca que la ULA tiene suficientes vigilantes para atender la situación; sin embargo, ese mismo trabajador queda desprotegido, ya que si denuncia, los hampones lo identificarán.


EL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE LABORA EN EL IIAP ESTÁ TOTALMENTE INCOMUNICADO


“Podría decirse -aclara Sánchez- que esta debilidad genera complicidad por parte del vigilante, quien para resguardar su integridad personal tiene que hacer la vista gorda porque se siente vulnerable ante los que llegan con tan malas intenciones, pues lo superan en número y están armados”.

Recordó que en reiteradas ocasiones le han pedido apoyo a la policía preventiva, pero nunca obtienen respuesta. Aseguró que también han requerido a los organismos de investigación criminal, una vez que los delitos se han cometido para que se logre identificar a los agresores, pero  tampoco reciben respuestas oportunas. No cuentan con el Cicpc ni con ningún otro ente gubernamental.

Contradiciendo las declaraciones del rector, Sánchez explicó que los vigilantes no están renunciando en masa. “En 2019, solo se registraron 48 renuncias y otros se han jubilado”.

“Nosotros hemos detectado algunas irregularidades dentro del cuerpo de vigilancia. Son unos 100 empleados que están en proceso de ser destituidos, pero debido al retraso en las decisiones de la Inspectoría del Trabajo, la separación de los cargos no termina de ocurrir y lógicamente nos impide nuevas contrataciones”.

Aislados e incomunicados

Según explica Sánchez, el personal de seguridad que labora en el Iiap está totalmente incomunicado. “Hacer una simple llamada es toda una proeza, porque por la misma geografía del terreno la telefonía celular no funciona. Muy cerca del Iiap estaba una estación de Movilnet, que también fue desmantelada”, resaltó.

Tiempo atrás la ULA contaba con un sistema interno de radio, sin embargo, cuando Conatel decomisó los equipos de ULA-TV en junio de 2017, se llevaron el transmisor que servía de apoyo para las telecomunicaciones. “Es decir, también nos desmontaron nuestra red de comunicaciones”, narró.

Presente complicado, futuro incierto

En la actualidad un profesor universitarios devenga cerca del millón de bolívares y este sueldo variará según la prima de antigüedad. Hasta el mes de agosto, un vigilante, una vez hechos los descuentos de ley, terminaba ganando 15.000 bolívares mensuales. Los estudiantes tienen asignadas becas de 75.000 bolívares y no cuentan con el servicio de comedor ni de transporte y nadie les garantiza la seguridad dentro de las facultades.

Sin embargo, como dice el rector de la ULA: “Estar en la universidad no es una opción laboral sino moral”. Entonces tendrán que apelar a toda esa reserva de valores, al sentido de pertenencia, a la creatividad y al compromiso, para sortear estos y otros obstáculos que se presenten a diario en el camino en la Universidad de Los Andes.

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