Desde Zulia opera el contrabando de palma aceitera hacia Colombia

El 50 % de la producción del municipio Jesús María Semprum es procesado por empresas manufactureras del vecino país, donde lo convierten en biocombustible. El ELN y la guerrilla no solo controlan el paso, sino que comenzaron a cultivar el rubro. Trabajadores de la estatal Palmeras Diana del Lago denunciaron hechos de corrupción

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La extracción hacia Colombia de cientos de corozos, como se conoce a la fruta de la palma aceitera africana que se cultiva en el estado Zulia, se convirtió en un negocio lucrativo para las mafias que ejercen el control del contrabando en la frontera con la nación vecina.

Del aproximado de 37.000 hectáreas cultivadas en el limítrofe municipio Jesús María Semprum, la mitad de la cosecha termina en plantas extractoras y refinerías en Colombia.

Así lo aseguró a El Pitazo Luibin Corredor Galban, concejal por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), quien aseveró que el 40 % restante de la producción va destinado a la extracción en plantas ubicadas en el municipio Colón, en la zona Sur del Lago de Maracaibo. Solo un 10 % del fruto del palmífero aceitero es procesado en el mismo municipio Semprum.

Corredor, quien antes de obtener la curul al Concejo Municipal en las elecciones del 9 de diciembre, supervisaba y era vocero de las empresas de grasas en la subregión zuliana, aseveró que la mitad de la cosecha es transportada por caminos verdes o trochas hacia Colombia, país al que miles de venezolanos emigran a diario a raíz de la crisis social más drástica de Venezuela.

Explicó Corredor que en suelo colombiano diversas empresas desarrollan el biodiesel con la grasa extraída de los corozos. “Los empresarios pagan cada tonelada en pesos colombianos, lo que es más rentable. Y como existe una práctica de tasar las mercancías nuestras en moneda extranjera, esto ha desatado un comercio ilegal de ganancias incalculables”, expresó. La práctica lleva décadas ejerciéndose de ese modo.

Él no se atrevió a señalar quiénes son los responsables de que el fruto llegue al vecino país; mucho menos a apuntar cómo lo transportan olas rutas del contrabando, aunque aseveró que es mediante los pasos no formales entre las parroquias Barí y Jesús María Semprum de ese municipio por donde los conductores llevan los camiones hasta el departamento Norte de Santander, que le es aledaño.

Una vez en suelo neogranadino, la fruta madura es extirpada y las manufactureras colombianas no la convierten en aceite o grasas comestibles como ocurre en Venezuela, sino que la transforman en biocombustibles.

“De él se obtiene un aceite diesel que sirve para aceitar la maquinaria pesada y unidades del sector automotor”, señaló el edil, al precisar que el aceite tiene múltiples beneficios y es transformado en varios productos, entre ellos jabones, productos estéticos y comestibles, de cuales sirve de base. “Nos gustaría que en nuestro país se procese más esta materia para obtener grasa para preparar pan o que el aceite comestible sea más económico”, apuntó.

Los pasos por donde sale

Otra informante, que pidió mantener su identidad en reserva por temor a generar un conflicto, le contó a El Pitazo que la guerrilla, como el Ejército de Liberación Nacional, y bandas paramilitares, ejercen el cobro de un peaje o impuesto por el transporte de la materia prima por los caminos verdes. Estos se autodenominan líderes.

“Por lo general, el productor no participa en el contrabando, pero sí conoce a quienes lo hacen. Este negocio se hace de manera silenciosa, sobre todo por las noches. A los palmicultores los visitan compradores y les pagan las toneladas cosechadas en pesos colombianos. Luego, se dedican a que los camiones se fuguen”.

Aseguró que organismos oficiales de seguridad y distintas instancias hacen suerte de alcabalas y cobran un impuesto no ilegal, o una tajada de la ganancia del cargamento, hasta que los camioneros pasen hacia el otro lado de la frontera. Hasta hace un año el camino más recurrente era desde el sector Caño Negro hasta la comunidad nortesantanderiana de Campo Dos.

Luego de que entre abril y julio de 2018 recrudecieran los enfrentamientos entre la guerrilla, miembros del Ejército de Liberación Nacional, la Fuerza Armada Nacional y los paramilitares, que cobraron unas 12 víctimas entre civiles, militares y miembros de las bandas en disputa por el control de los pasos clandestinos de combustible, droga, materias y alimentos, la ruta de la extracción cambió de rumbo.

El informante dijo que desde el municipio Jesús María Semprum la actividad agroproductiva prosiguió, aunque el corozo comenzó a ser transportado por las trochas que limitan con Colombia desde el municipio Catatumbo. Es por Caño El Medio, Caño 14 y en las cercanías de Caño Motilón por donde también comenzaron a fugar los cargamentos.

Son precisamente los pasos de esa zona los que están minados con explosivos antipersonas y celosamente vigilados por irregulares, sobre todo campaneros o informantes que alertan sobre la presencia de militares o civiles que transitan por la zona.

En dicho tramo han explotado dos minas antipersonas, presuntamente sembradas por fuerzas irregulares. En agosto de 2018, el sargento segundo del Ejército Brayan Alexánder Acosta falleció por desangramiento en el hospital militar de San Cristóbal. Sus extremidades inferiores debieron ser amputadas. Dos de sus compañeros vivieron para contarlo.

En febrero de este año otros tres militares resultaron heridos en los mismos pasos por donde fugan los cargamentos de la palma aceitera. Uno de ellos sufrió amputación. Según las autoridades se trataba de ejercicios militares. Conocedores del área desestiman que allí se librasen los ejercicios Angostura 2019 que anunció Nicolás Maduro ese mes. “Simplemente no hay equipos que detecten minas y ellos pisaron los explosivos cuando cumplían patrullaje de rutina”, confirmó el informante.

Las autoridades de la zona, comandadas por el general de brigada Leopoldo Lapadula Sira, designado como jefe de la operación Centinela, que hace frente a los “paracos”, mantienen un hermetismo ante las detenciones de presuntos colaboradores de estas bandas que operan al margen de la ley.

Nelson Urdaneta, presidente de la Asociación de productores de El Guayabo, el municipio Catatumbo, dijo que uno de los detenidos fue el líder del sector ganadero Gustavo Guaiteros. Según su abogado defensor, Gustavo Meléndez, el productor recibió medida de casa por cárcel. El jurista denuncia que a pesar de que los tribunales civiles no hallaron evidencias de su presunta colaboración con fuerzas guerrilleras o del paramilitarismo, fue detenido y juzgado.

Urdaneta le contó a El Pitazo que en la zona del conflicto seis productores dedicados a la producción de palma aceitera abandonaron la zona. Varios de ellos salieron del país para hacer vida en nuevos territorios. La presencia de estos grupos generó pánico y no querían cultivar ni criar más ganado, advierte. Unas 400 hectáreas dejaron de producir corozo en ese eje del conflicto, en el municipio Catatumbo. Fedenaga sin embargo dijo que la tensión afectó a 40 agricultores.

De acuerdo con fuentes de El Pitazo, los irregulares se pelean no solo el dominio de la plaza por el control del paso de los cargamentos, sino que quieren tener control de algunas zonas productivas.

Un lugareño advirtió que incluso el ELN tiene algunas hectáreas que comenzó a cultivar en Jesús María Semprum. “Ellos están sembrando palma. Están incursionando en la producción para adentrarse en la cadena de comercialización, aunque son pocas hectáreas, controlan el cultivo de estas, por lo que es probable que quieran ejercer un monopolio en los próximos años”, refirieron a El Pitazo.

En la frontera sur del Lago de Maracaibo existen seis campamentos de filas del grupo subversivo colombiano, que se alojó en territorio venezolano huyendo del conflicto en Colombia. En Venezuela buscan la manera de apropiarse de las filas de grupos como Los Pelusos y de las mafias o paramilitares que existían en la región, así como en los estados fronterizos. “Los persiguen y masacran, sobre todo a informantes y a quienes se dedican a la extracción”, apuntan fuentes policiales a El Pitazo.

De acuerdo con el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia Julio Montoya, quien en febrero de 2019 visitó la subregión para promover la ruta que intenta el cese de la usurpación del gobierno de Nicolás Maduro, declaró que en los últimos años “el país fue entregado a las mafias que controlan el paso de mercancías, alimentos, gasolina, droga y demás bienes y servicios”.

“La frontera es un desastre que ni en el Táchira, ni en Apure, Zulia, mucho menos Amazonas, se puede controlar, porque estos grupos comandan y delinquen a sus anchas con la venia del usurpador”, dijo. Insistió en que debe haber una depuración exhaustiva, con un gobierno de transición que frene estas acciones.