El impacto de lo que sucedió en la elección presidencial, sus secuelas y la respuesta del oficialismo potencian el conflicto en Venezuela, que tendrá el 10 de enero el desarrollo de una jornada marcada por las expectativas de un cambio político
Transcurridos cinco meses de la elección presidencial en Venezuela, las crisis política, electoral, social y de derechos humanos lejos de disminuir, se potencian en medio de una tensa calma marcada por las expectativas entre los venezolanos de cara al 10 de enero, fecha en la que deberá suceder la juramentación y toma de posesión del presidente electo el 28 de julio.
En ese contexto, el gobernante Nicolás Maduro visualiza desde hace semanas su juramentación ante la Asamblea Nacional que controla y que preside Jorge Rodríguez, quien en octubre le envió la carta de invitación para que acuda al acto de toma de posesión previsto en el Palacio Federal Legislativo, cinco días después de que se instale el Parlamento oficialista.
Lo que ocurrió el 28 de julio fue tan impactante para la población que mientras no haya una transición, la mayoría de la gente no va a querer votar
Alejandro Armas, periodista y magíster en Ciencia Política
«Ese presidente electo, que es amigo mío, ha sido convocado por la única Asamblea Nacional que hay en el país, no la farsa que reconocen los gringos, y el 10 de enero se va a juramentar en paz. Millones de hombres y mujeres estarán en las calles acompañando su juramentación», dijo Maduro en un acto político en Caracas el 18 de diciembre.
Pero cinco meses después de la elección presidencial, más allá de lo que sostiene Maduro, no hay claridad en los resultados oficializados, que no están disponibles de forma detallada y desglosados por mesa y centro de votación en la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE), portal que tampoco está en línea.
Un cambio en la narrativa de Edmundo González inquieta al oficialismo antes del 10 de enero
Frente al anuncio sin sustento de 2 boletines de resultados del CNE que le adjudican la victoria a Maduro con 6.408.844 votos, y una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó las cifras divulgadas por el ente comicial, la oposición mayoritaria, que lideran María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, denunció un fraude electoral sin precedentes.
Desde el 29 de julio, en medio de las primeras protestas que se registraron en gran parte del país tras los resultados anunciados por el presidente del CNE, Elvis Amoroso, Machado y González Urrutia mostraron los resultados de 25.073 actas de escrutinio recolectadas (83.50 %) que reflejan la victoria de González Urrutia, quien obtuvo 7.303.480 votos; mientras que Maduro solo consiguió 3.316.142 votos.
La respuesta del oficialismo a lo que sucedió en el terreno electoral el 28 de julio se resume en lo que organizaciones de defensa de derechos humanos dentro y fuera de Venezuela, así como organismos internacionales, desde el grupo de investigadores de la Misión de la ONU hasta la Corte Penal Internacional, denunciaron como una inédita represión poselectoral con al menos 2.000 detenciones, que el propio Maduro anunció en agosto.
En medio de las manifestaciones espontáneas por el descontento popular que generó el anuncio de Amoroso la madrugada del 29 de julio, el Ministerio Público contabilizó 27 personas asesinadas, muertes que, de acuerdo con el fiscal general, Tarek William Saab, «no son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Estado, versión que contradicen las denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos dentro y fuera de Venezuela.
En el Gobierno están en una crisis de legitimidad y de cómo se proyectan a largo plazo para pasar este momento
Ana Milagros Parra, politóloga
Cinco meses después del 28 de julio, Machado y Gonzalez Urrutia, en la clandestinidad y el exilio, respectivamente, aspiran a hacer valer de cara al 10 de enero lo que reclaman una voluntad popular expresada mediante el sufragio.
Y es esa determinación lo que mantiene las expectativas de casi 60 % de la población que, de acuerdo con un estudio de opinión pública de octubre, cree que la oposición logrará que González Urrutia sea reconocido presidente electo.
El calendario y la agenda para el oficialismo y la oposición señalan no solo el 10 de enero, sino también los desafíos que tienen por delante en las próximas semanas y meses.
Resistir y hacer valer el reclamo
Como Maduro, González Urrutia también visualiza su juramentación el 10 de enero y ha manifestado que no revelará el día ni la forma en la que regresará a Venezuela. «Yo soy el que va a tomar posesión del cargo el 10 de enero», dijo González Urrutia en una entrevista con la agencia española de noticias EFE en noviembre.
El periodista y magíster en Ciencia Política Alejandro Armas resalta que el principal desafío que tiene la dirigencia opositora es hacer valer su reclamo sobre el resultado de la elección presidencial del 28 de julio.
«Hicieron un reclamo y si quieren tener éxito, tienen que hacer que ese reclamo se traduzca en un cambio político importante en el país. Si no lo logran, sobre todo a partir del 10 de enero, lo más probable que ocurra es que la dirigencia opositora pierda apoyo poco a poco», comentó Armas a El Pitazo vía telefónica.
El reclamo de la oposición ha resonado muchísimo entre las democracias del mundo y eso se ha traducido en un endurecimiento de las posturas ante la situación venezolana
Alejandro Armas, periodista y magíster en Ciencia Política
Mantener el sentido de resistencia a partir del 10 de enero, de acuerdo con la politóloga Ana Milagros Parra, será fundamental para la dirigencia opositora que está comprometida con un cambio político.
«Se sabe que algo se está cultivando, una estrategia, pero seguir con la resistencia en las calles, con la convicción de cambio, de quien ganó las elecciones, y canalizar eso en una estrategia fructífera que logre impactar el 10 de enero como un punto de inflexión. Ese es el principal desafío», destacó Parra a El Pitazo vía telefónica.
Más allá de la respuesta del oficialismo al reclamo electoral de la oposición mayoritaria, las secuelas de lo que sucedió en las urnas de votación el 28 de julio no son algo que pueda desaparecer fácilmente como desean en las filas del oficialismo. En eso coinciden Armas y Parra.
«Coordinar a la población suficiente para ganar una elección y demostrarlo es algo que, creo, todavía no hemos internalizado: el trabajo tan grande que se hizo, desde las personas que sabían que tenían que enviar actas, cuidar centros de votación y cuidar testigos. Eso es algo que no se desvanece de un día para otro», añadió Parra.
Cuando hablamos de transición, de quiebres dentro de los regímenes, usualmente los cuadros medios, no los altos, son los que buscan la transición
Ana Milagros Parra, politóloga
Para la politóloga, el capital más grande que tiene la oposición, como quedó demostrado primero en la campaña electoral y luego el propio 28 de julio, es la población. «Más allá de una estrategia opositora, esto es un movimiento democrático que incluye directamente a la población».
Es el respaldo popular que reflejan los resultados que defienden Machado y González Urrutia lo que los compromete junto con los factores políticos de la oposición mayoritaria a generar las condiciones a una transición negociada y marcar una ruta clara para canalizar el respaldo popular.
«Sin ese apoyo, sus probabilidades de tener éxito más adelante van a ser menos aún, porque no van a tener la confianza y respaldo de la gente para movilizarla hacia alguna parte. Con esto no quiero decir que si la oposición no logra hacer valer su reclamo, pues entonces tiene que olvidarse del 28 de julio y hacer como si no pasó nada», agregó Armas.
En un mensaje difundido en sus redes sociales el viernes, la Plataforma Unitaria Democrática enfatizó que «es crucial que cada ciudadano que anhela un cambio político» se sume al respaldo y a la lucha «porque es un esfuerzo de todos».
Panorama del oficialismo
Maduro y la coalición que encabeza apuestan por llegar al 10 de enero con el Parlamento que dominan instalado y listo para continuar una ruta legislativa que en el cierre de 2024 marcó la aprobación de la Ley Libertador Simón Bolívar y la Ley de Fiscalización de las ONG, instrumento jurídico sobre cuya implementación alertaron organizaciones defensoras de derechos humanos dentro y fuera de Venezuela.
Maduro espera que el 10 de enero su juramentación sea una jornada de celebración nacional con epicentro en Caracas, por lo que desde hace semanas las principales figuras de la dirigencia del partido de gobierno anunciaron convocatorias y planes para ese día.
El primer vicepresidente del PSUV y ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien sostiene que no hay manera de que González Urrutia ponga un pie en Venezuela sin ser detenido, ha enfatizado que pese al ambiente festivo que esperan el 10 de enero, no bajarán la guardia frente a «cualquier sorpresa».
El Gobierno pudiera conseguirse con una situación desafiante que manejaría, a menos de que la dirigencia opositora introduzca un nuevo elemento que no sabemos
Alejandro Armas, periodista y magíster en Ciencia Política
«Este pueblo va a estar feliz el 10 de enero (…) Las tareas que tenemos que hacer las hacemos nosotros. Máxima organización popular, estar mosca; las redes de comunicación que funcionen. Ellos van a intentar cualquier sorpresa», dijo Cabello en rueda de prensa del PSUV el 16 de diciembre.
Tras las protestas del 29 y 30 de julio, el oficialismo ha ejecutado detenciones de más de una docena de dirigentes políticos de la oposición mayoritaria en un intento por reducir el margen de actuación de los factores políticos que acompañan a Machado y González Urrutia, y así evitar la reedición de un clima de protestas y manifestaciones en el país a partir del 10 de enero.
«La base opositora está desmovilizada, entonces el Gobierno pudiera conseguirse con una situación desafiante pero que manejaría a menos de que la dirigencia opositora introduzca un nuevo elemento que no sabemos», puntualizó Armas.
En su mensaje de Navidad, divulgado el 24 de diciembre, Machado dijo que muy pronto volvería a las calles, en alusión a lo que luce una preparación para el 10 de enero.
En los últimos meses, Machado ha dirigido mensajes a quienes integran los sectores y grupos que considera son los que sostienen a la coalición gobernante que encabeza Maduro tras el 28 de julio: funcionarios del sistema judicial y miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
En un mensaje difundido el 22 de diciembre, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, fue enfático en su apoyo al referirse a la juramentación de Maduro el 10 de enero. Paradójicamente, también subrayó que los miembros del estamento militar fueron testigos de lo sucedido en la elección presidencial del 28 de julio. «Sabemos y somos conscientes de la gran responsabilidad que significa cuidar los decretos de la soberanía popular», dijo.
«Este tipo de régimen no es estable por naturaleza. Tiene muchos grupos que necesita mantener felices, reprimir adentro y hay un descontento en sus bases, en las filas medias y cuando hablamos de transición, de quiebres dentro de los regímenes, usualmente los cuadros medios, no los altos, son los que buscan la transición», precisó Parra.
Maduro sostiene que su gobierno, «en unión perfecta», es una fusión ya no cívico-militar, sino popular, militar, policial.
«Están en una crisis de legitimidad y de cómo se proyectan a largo plazo para pasar este momento. Hay una debilidad interna lo suficientemente grande como para que haya una transición interna que cambie los mandos y eso significa un momento de debilidad. No los veo suficientemente cohesionados y su estabilidad se basa en la violencia. ¿Hasta qué punto eso es sostenible?», añadió Parra.
Con la Asamblea Nacional como una herramienta adicional, el oficialismo prevé implementar reformas de carácter electoral desde el inicio de 2025. Maduro incluso habla nuevamente como en 2017 de reformar la Constitución. Sin embargo, a partir del 10 de enero las tensiones internas en el oficialismo y la crisis de legitimidad no disminuirán.
«Lo que ocurrió el 28 de julio y sus secuelas fue tan impactante para la población que mientras el statu quo de ahora se mantenga y no haya una transición democrática, la mayoría de la gente no va a querer votar ni participar en elecciones. Si la dirigencia opositora decide irse por ese camino, va a encontrar un muro inmenso de rechazo», añadió Armas.
Fuera de Venezuela
Las posiciones asumidas en el ámbito internacional por diversos Gobiernos democráticos frente a la crisis política en Venezuela también generan expectativas en torno al 10 de enero, sobre todo tras el exilio de González Urrutia.
Medidas en contra de Maduro y funcionarios de su gobierno por parte de Estados Unidos, con la administración saliente de Joe Biden, Canadá y la Unión Europea (UE), son algunas de las acciones recientes como efectos colaterales tras la reacción del oficialismo luego del 28 de julio.
«El reclamo de la oposición ha resonado muchísimo entre las democracias del mundo y eso se ha traducido en un endurecimiento de las posturas de esas democracias ante la situación venezolana y pudieran endurecerse todavía más después del 10 de enero, si esos Gobierno ven –como muy probablemente ocurrirá– que su par venezolano insiste en no querer negociar nada con la oposición», agregó Armas.
Seguir con la resistencia y canalizar eso en una estrategia fructífera que logre impactar el 10 de enero como un punto de inflexión es el principal desafío
Ana Milagros Parra, politóloga
Hay una incógnita vinculada con lo internacional y es lo relacionado con lo que será la política exterior que finalmente adopte el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en su regreso a la Casa Blanca.
La oposición mayoritaria que lideran Machado y González Urrutia se concentra en sostener la legitimidad de su reclamo sobre el 28 de julio dentro y fuera de Venezuela, que busca ampliar los reconocimientos de su triunfo electoral como lo reflejan las actas de escrutinio recolectadas.
El 3 de diciembre el Comité de DD. HH. de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó sobre la apertura de un caso contra el Gobierno de Venezuela por las denuncias de fraude electoral, por lo que exigió al Estado venezolano conservar las actas de escrutinio del 28 de julio, que están en poder del TSJ, según sentencia de agosto, y que el ente comicial no divulgó para sustentar sus dos boletines de resultados.
La denuncia que propició la apertura del caso por parte del Comité de DD. HH. de la ONU subraya la presunción de un fraude electoral masivo el 28 de julio, falta de transparencia, restricción al voto en el exterior; obstrucción al control ciudadano y supresión de acceso a la justicia en Venezuela.
«Seguir canalizando en la comunidad internacional la presión interna de resistencia, de convicción de transición a la democracia, es un trabajo que se está haciendo; mantenerlo es muy importante y subir los costos de apoyo, de reconocimiento de los gobiernos a Maduro, es también un reto», precisó Parra.
Dos semanas antes del 10 de enero, fecha que marcaría el punto de cierre de un ciclo político en Venezuela, la confluencia de elementos como la presión ciudadana, el respaldo internacional, los acuerdos que se generen y la posición que adopte el estamento militar podría allanar la ruta para el inicio de una transición política.
«Es un movimiento que en el mediano y largo plazos tiene que construirse y consolidarse como pasó el 28 de julio; no es de un día para otro», concluyó Parra.
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